Condenan al exedil del caso Malaya huido 20 años a una multa de 4.000 euros y a indemnizar al Ayuntamiento de Marbella

El exedil marbellí Carlos Fernández, que se entregó la semana pasada en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tras casi 20 años huido, ha sido condenado a una multa de 4.095 euros en el caso Saqueo II al Ayuntamiento de Marbella (Málaga) tras haber alcanzado un pacto con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos.

En la vista celebrada este miércoles ante la sección tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Marbella le ha reclamado además el pago de 258.678,31 euros en concepto de responsabilidad civil, petición con la que también se ha conformado.

Tras leer la secretaria del tribunal las peticiones de las dos acusaciones en este procedimiento, el presidente de la Sala ha preguntado al acusado si se consideraba autor de los hechos, calificados por la Fiscalía como delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental continuada.

Carlos Fernández ha respondido con un escueto “sí”, tras lo que el presidente del tribunal le ha preguntado si aceptaba las penas que habían pedido las acusaciones, a lo que el exedil ha señalado: “Las acepto”.

Acuerdo con la Fiscalía

Acto seguido, las partes han renunciado a la necesidad de celebrar el juicio y, tras asegurarse que la sentencia no sería recurrida por ninguna de ellas, el presidente ha anunciado al acusado que en consecuencia se le condenaba a las penas solicitadas.

De este modo, el exconcejal marbellí ha ratificado el acuerdo alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción, que en principio pedía para él un año y medio de cárcel por el delito de malversación y tres meses de prisión por el de falsedad continuada en documento mercantil.

Penas que ha rebajado a una multa de tres años con una cuota diaria de tres euros para el primer delito, y sendas multas de seis meses y tres meses con una cuota diaria cada una de tres euros diarios, que suman en total 4.050.

El caso Saqueo II abarca las irregularidades en la gestión municipal de Marbella entre 1991 y 1999 y, en concreto, el desvío de unos 70 millones de euros del consistorio a través de empresas públicas y privadas con dádivas a los concejales, así como un fraude a la Seguridad Social de 91 millones.

En un limbo jurídico en Argentina

Por el caso Saqueo II, la Audiencia Nacional condenó en 2013 a seis años de prisión al exalcalde de Marbella Julián Muñoz, ya fallecido, y al exasesor urbanístico del ayuntamiento Juan Antonio Roca por malversación de caudales.

Tras casi 20 años huido, Carlos Fernández acordó su entrega pactada con la Fiscalía en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde llegó el pasado 29 de octubre procedente de Argentina, país en el que ha residido en los últimos años.

En el auto en el que le dejó en libertad, la Sala recordaba que pidió su extradición a Argentina tras su detención en ese país en 2017, que, sin embargo, fue denegada por la Corte Suprema argentina en 2022.

Esta decisión dejó a Carlos Fernández en un limbo jurídico en Argentina, donde no tenía documentación que justificara su estancia, por lo que finalmente decidió pactar su entrega a cambio de no ir a prisión, según explicaron a EFE fuentes jurídicas.

Fugado desde 2006

Llevaba fugado desde 2006, cuando escapó al iniciarse la segunda fase de la Operación Malaya, después de asegurar por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago, pero que regresaba de inmediato si era requerido por la Justicia, aunque esa fue su última llamada y su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

Fue concejal de Deportes por el Grupo Independiente Liberal con Jesús Gil de alcalde; después se pasó al Partido Andalucista (PA) y en 2003 suscribió la moción de censura que desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz.

Luego formó parte del Gobierno de Marisol Yagüe, como teniente de alcalde y concejal de Turismo, pero fue expulsado por la alcaldesa junto a otro edil tras denuncias sobre la gestión económica de las áreas a su cargo. Dimitió de la Secretaría Local del PA al conocer su condena a dos años de prisión por malversación.