Desde este martes, un juzgado de Marbella trata de aclarar un presunto caso de enchufismo en los servicios de limpieza. Investiga si una decena de familiares directos de los miembros de un tribunal de selección lograron un trabajo en el Ayuntamiento gracias a la creación de una bolsa de trabajo ad hoc.
Hasta el próximo 3 de febrero, deberán pasar por el juzgado de instrucción 5 varios testigos clave, como el jefe de servicio, miembros suplentes del tribunal que realizó la selección de los trabajadores o las personas supuestamente beneficiadas. Los cuatro miembros titulares del tribunal (dos de los cuales actuaron por delegación verbal) ya declararon como investigados a finales de octubre.
El asunto tiene su origen en la apertura de una bolsa urgente de contratación temporal de operarios de limpieza viaria, conductores y capataces en abril de 2018, constituida a partir de un concurso de méritos. Varios de los candidatos seleccionados guardan relación familiar directa con miembros del tribunal encargado de valorar sus méritos, con el concejal de limpieza o con otros altos cargos municipales.
Por ejemplo, fueron seleccionados un hermano del coordinador de limpieza; un hijo, una cuñada y un sobrino del coordinador de administración; una hija del técnico de la delegación de limpieza; un hermano del concejal; y el primo del encargado de Recursos Humanos.
La bolsa fue creada de forma extraordinaria y urgente en abril de 2018, siete meses después de que el PP recuperara la alcaldía tras una moción de censura. Aunque existían dos bolsas anteriores sin cerrar, el equipo de gobierno de Ángeles Muñoz decidió constituirla para contratar 74 operarios, 46 conductores y seis capataces para la limpieza viaria y de las playas.
El Sindicato de Empleados Públicos de Málaga (SEPMA) y la asociación Desempleados por un Empleo Digno presentaron una denuncia ante Fiscalía en mayo de 2019 bajo la dirección del abogado Santiago Orosa, y el fiscal llevó la denuncia al juzgado al entender que había indicios de prevaricación y fraude .
Los cuatro miembros del tribunal, investigados
Los cuatro miembros del tribunal que realizó la selección fueron llamados a declarar como investigados el pasado mes de octubre. Los tres miembros que tienen familiares seleccionados en el proceso explicaron al juez que se salieron de la sala de evaluación cuando el entrevistado era un familiar.
Todos aseguraron que no recibieron indicaciones de ningún superior y que su función se limitó a realizar las entrevistas del resto de candidatos (entre 1.2000 y 2000, según han declarado), dado que la valoración de los méritos se encargó a dos auxiliares administrativos.
Contratos convertidos en indefinidos pese a la advertencia del interventor
Aunque inicialmente los seleccionados lograron un contrato temporal de seis meses, muchos acudieron a los tribunales al vencer su contrato y han sido readmitidos como trabajadores indefinidos no fijos.
Esto es debido a que los juzgados de lo social están condenando sistemáticamente al Ayuntamiento de Marbella a readmitir o indemnizar a los trabajadores temporales (a elección del trabajador) al entender que, en realidad, habían sido contratados para realizar tareas estructurales y no puntuales. Esto ha provocado una avalancha de demandas judiciales de trabajadores temporales del consistorio marbellí, tal y como desveló eldiario.es/Andalucía.
Cuando se creó la bolsa, en Marbella ya era vox populi que los tribunales estaban convirtiendo decenas contratos temporales en indefinidos. De hecho, el interventor advirtió de que las contrataciones de la nueva bolsa no debían destinarse a cubrir necesidades permanentes o estructurales, porque esa práctica ya había provocado “numerosas sentencias condenatorias”, obligando a incorporar personal laboral no fijo “sin un adecuado proceso selectivo donde se garanticen los principios constitucionales de mérito, capacidad y libre concurrencia”.
Por eso, el juez está indagando si los aspirantes seleccionados tenían desde el principio la intención de demandar al ayuntamiento para lograr así un puesto indefinido. Los miembros del tribunal de selección aseguraron que desconocían que sus familiares tuviesen esa intención e incluso han declarado al juez que les parece “surrealista” que el ayuntamiento de Marbella reconozca al trabajador la posibilidad entre ser readmitido o indemnizado, en contra del criterio genérico del Estatuto de los Trabajadores.
El Ayuntamiento de Marbella se remite a la contestación que dio a este medio en junio, antes de que un juez decidiera investigar. Es decir, que los miembros del tribunal salieron de la sala cuando debían entrevistar a sus familiares en primer o segundo grado de consanguinidad. La ley 30/92 y la vigente (50/2015) disponen que los miembros de un tribunal deben abstenerse de participar en el proceso si hay parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado “con cualquiera de los interesados”.
El interventor advirtió de “incumplimientos de la legalidad”
El Consistorio también alega el procedimiento contó con “todos los avales de los técnicos municipales”. Sin embargo, este medio ha podido consultar dos informes fechados el 8 y el 20 de junio de 2018, en los que el interventor dejó constancia (en letra negrita) del riesgo de recibir sentencias de condena si los trabajadores se dedicaban a tareas permanentes o estructurales.
En un escrito dirigido al juez, el interventor asegura que formuló observaciones que “deben ser tenidas en cuenta” porque la bolsa tenía “una serie de deficiencias” que suponían “incumplimientos de la legalidad”. Además, advirtió de las posibles responsabilidades a los titulares de los órganos municipales si la realización de “prácticas irregulares” daban lugar a la conversión de contratos temporales en indefinidos. El interventor ha aportado los informes al juez.
Pese a la advertencia, el ayuntamiento siguió adelante argumentando que la nueva bolsa era necesaria por el “crecimiento paulatino del volumen de suciedad”, la acumulación de tareas sobrevenidas, las “carencias de la plantilla” y que se trataba de un “servicio prioritario que afecta al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”.
En un informe remitido al juez, el jefe de recursos humanos aduce que se creó una nueva bolsa porque las existentes no servían tanto para la limpieza viaria, el baldeo y las playas, o estaban agotadas o no disponibles.
Finalmente, y tal y como advirtió el interventor, muchos de los seleccionados demandaron al ayuntamiento y lograron convertir su contrato de seis meses en indefinido.