El 17 de junio de 2008, agentes de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional irrumpieron en el ayuntamiento de Estepona y se llevaron detenido a Antonio Barrientos, entonces alcalde (PSOE), y otros concejales, cargos y técnicos del consistorio. Estallaba así el llamado Caso Astapa, recurrentemente citado como el hermano pequeño del Caso Malaya marbellí. Si es así, el hermano pequeño ha acabado superando al mayor en complejidad, atendiendo al tiempo que ha llevado concluir la instrucción y abrir juicio oral a los presuntos responsables. Ha habido también una notoria falta de recursos para tramitarlo.
La Policía había recibido la primera denuncia el 16 de noviembre de 2006 y la semana pasada, casi diecisiete años después, ha comenzado en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio oral contra Barrientos y otros 50 acusados, a los que la Fiscalía considera responsables de delitos de malversación, cohecho, prevaricación, falsedad, fraude y tráfico de influencias que habrían cometido aprovechando el control del urbanismo esteponero.
De la complejidad del Caso Astapa dan cuenta algunas cifras: hay en el sumario 351.114 folios, distribuidos en 774 tomos, de los cuales 128 tomos principales y 646 son piezas documentales. Para ayudar a desenredar la madeja, está previsto que por la Ciudad de la Justicia de Málaga desfilen 284 testigos y 48 peritos. De nuevo, eso llevará tiempo.
La investigación llegó al juzgado el 17 de marzo de 2007 y no concluyó hasta diez años después. Vivir en la incertidumbre durante 15 años ha afectado psicológicamente a investigados y acusados. Varios han fallecido en este tiempo. El retraso podría dar al traste con algunas acusaciones por prescripción.
Aunque el juicio comenzó el pasado lunes, no será hasta marzo cuando se abra la fase de pruebas y se tomen las primeras declaraciones. Antes, hay que resolver las cuestiones previas. Y hay defensas que van a plantear la nulidad del caso por las supuestas irregularidades cometidas en la investigación y la supuesta participación providencial del excomisario José Manuel Villarejo, a quien Barrientos señala como principal beneficiario de su caída. Algunas defensas ya han esgrimido que todo se trata de una “construcción artificial” urdida por una UDEF manipulada por el expolicía. El fiscal Valentín Bueno ha avalado que se pueda desentrañar el origen del caso, pero no cree que la eventual participación del expolicía sea para tanto.
El escrito de acusación de la Fiscalía da cuenta de un sistema engrasado para eludir los controles al gasto público y, de paso, lucrar personalmente a algunos de los implicados y financiar sus campañas electorales.
Barrientos y su equipo llegaron al poder en 2003 gracias a un acuerdo con el Partido Estepona (PES), al que luego se sumaría el Partido Andalucista. Se encontraron entonces con una situación económica “desastrosa”, en palabras del fiscal, pero en lugar de por la austeridad, mantuvieron e incluso aumentaron el gasto.
Habrían recurrido entonces a un modus operandi “ya empleado en otros municipios de la Costa del Sol”: una caja B que se nutriría de aportaciones económicas de promotores y empresarios. “Tales contribuciones se tradujeron en donaciones directas al Ayuntamiento, en patrocinios de actividades deportivas y culturales, y también en la asunción como gastos propios de las empresas de determinadas deudas que las concejalías o sociedades municipales mantenían con sus proveedores”. Conciertos, gastos extraordinarios y actividades de todo tipo se sufragaban con aportaciones excepcionales de las empresas. Para disimular, se manipulaban las facturas.
La otra pata del sistema era el beneficio que obtenían a cambio los empresarios. En virtud del acuerdo, el PSOE y el PES se habían repartido los cargos relevantes en materia de contratación y gasto público y en Urbanismo, que iba aparte, instauraron “una modalidad de gestión compartida”, según relata la Fiscalía en su escrito de acusación. Para cualquier actuación urbanística era necesario pasar por estos cargos, a cuya cabeza se situaba el alcalde, que era además concejal de Urbanismo.
Aquello fue cuajando. En palabras del fiscal: “Se normalizó una práctica irregular que supeditaba cualquier iniciativa o medida relevante en materia urbanística, tanto de naturaleza discrecional como de carácter reglado, a una previa negociación y acuerdo con la cúpula de uno u otro partido gobernantes”. Aprobar o no las normas de desarrollo del suelo urbanizable, los convenios de planeamiento para transformar suelo rústico en urbanizable, la alteración de parámetros urbanísticos, la enajenación de suelo público…
El grueso eran los convenios urbanísticos (se desgranan hasta 35), pero todo se negociaba o se vendía. “Incluso la tramitación y concesión de ciertas licencias de obra o de primera ocupación”, dice el Ministerio Público, que concluye que la actividad urbanística pasó a depender de la voluntad de los principales acusados. Esas prácticas se extendieron a otras áreas, en las que las adjudicaciones podían reportar réditos: la adjudicación de obras, por supuesto, pero también de los chiringuitos o de las vallas publicitarias.
Con ese flujo de dinero hacia una caja B, el fiscal cree que los principales acusados aprovecharon para financiar campañas electorales y gastos de sus partidos (PSOE y PES) y obtener un lucro personal. De la caja B salió una caja C. En el caso de Barrientos, el fiscal cree que recibió múltiples regalos, prebendas e invitaciones de lujo a cargo de empresarios beneficiados. En el de José Flores, le acusa de “aprovechar cualquier ocasión propicia” para recabar los fondos que nutrían la “Caja B” del Ayuntamiento. Para el exalcalde, que siempre ha proclamado su inocencia, y José Flores (al frente de su gabinete) el fiscal pide diez años y nueve meses de prisión.
Para Pedro López, gerente de la empresa pública de Urbanismo, y Francisco Zamorano, edil de Economía y Hacienda, solicita una condena de once años de prisión. Entre febrero y abril de 2005 y junio y julio de 2006, López o sus familiares llegaron a ingresar en cuentas bancarias de Andorra 10.385.455,24 euros, según Fiscalía. En una ocasión, uno de los acusados extrajo en metálico 8.708.517,88 euros de una de esas cuentas, según el auto que abrió el juicio oral.
El fiscal también pide que los seis acusados principales indemnicen solidariamente al ayuntamiento con más de 28 millones de euros.
Hasta aquí, la acusación del fiscal, que se basa en una investigación que arrancó en 2006 con una denuncia de los concejales socialistas David Valadez (que asumió la alcaldía tras la detención de Barrientos en 2008) y Cristina Alarcón ante la UDEF en Madrid, y concluyó en 2017. Durante la instrucción, el juez tomó declaración a 113 testigos. También se recabaron “gran cantidad de informes policiales” (según el auto que dio por finalizada la instrucción, que cita 26 de ellos) y periciales.
Sin embargo, sobre el caso se ha ido extendiendo poco a poco la sospecha de un pecado original. En la última década ha trascendido la figura del excomisario José Manuel Villarejo, un asiduo de Estepona, donde su hermano Pedro era el cura local. Allí tiene el expolicía un lujoso ático y otros inmuebles, ahora embargados.
En los últimos años, algunas informaciones sitúan a Villarejo como urdidor de un plan en el que se habría servido de Valadez. Tras llegar a la alcaldía, este no tardó en nombrar nuevo gerente de Urbanismo a Diego de Lucas, hoy administrador de la sociedad Sensible Code, propiedad del excomisario. Valadez le concedió a De Lucas un contrato de alta dirección con un sueldo de más de 59.000 euros, según consta en un documento en poder de elDiario.es Andalucía.
Barrientos sostiene que Villarejo tejió y destejió a su antojo en la investigación de Astapa, instrumentalizándola para después influir en el Urbanismo local, donde tenía múltiples intereses. En el escrito de acusación del fiscal podría haber un leve rastro de esto: justo tras llegar Valadez a la alcaldía, Juan Carlos Escribano, socio del excomisario, obtuvo una licencia de ocupación para una promoción de pisos de lujo que el anterior equipo de gobierno (liderado por Barrientos) le había denegado reiteradamente. El escrito de acusación de Fiscalía recoge este caso así: “Se desconoce cuál fue la solución que finalmente permitió al Ayuntamiento conceder la licencia de ocupación en octubre de 2008”.
El exalcalde sigue sosteniendo su inocencia y lleva su proclama con la cabeza erguida. No rehúye los focos, sino que los busca, y en abril de 2021 dio una rueda de prensa para denunciar su “linchamiento” y vaticinar que al final se sabrá que siempre fue un alcalde “limpio, honesto y decente”.
Se verá cuando concluya el juicio, algo que queda lejos. De momento, Barrientos y otros acusados ya han logrado que en su primera sesión la Fiscalía solicitara al tribunal que abra un nuevo bloque temático para arrojar luz sobre el origen del caso Astapa, el hermano pequeño que, 17 años después, enfila su juicio camino de la mayoría de edad bajo la alargada sombra de un comisario jubilado.
Este artículo ha sido corregido el 19 de enero de 2023. En una primera versión de este artículo se indicaba por error que el fiscal acusaba al exconcejal José Flores de haber ingresado cantidades millonarias de origen ilícito en cuentas bancarias de Andorra. Esa acusación se formula contra Pedro López, gerente de la empresa pública de Urbanismo, y algunos de sus familiares.
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