Mercedes Ylenia Cárdenas es una malagueña que lleva más de un mes intentando abandonar un país, Emiratos Árabes, del que las autoridades de inmigración le dicen que puede salir, pero en el que sistemáticamente la rechazan cuando trata de tomar un avión o cruzar una frontera. Cárdenas está atrapada en un laberinto administrativo en el que, curiosamente, no hay más paredes que las propias del país: no está detenida y puede moverse por su territorio, hasta que llega a una frontera.
José Luis Sánchez, su pareja, ha denunciado públicamente su situación 32 días después de que comenzase su pesadilla. Tanto él como Cárdenas cancelaron sus contratos laborales apenas un mes después de empezar a trabajar como capitán y marinera de un barco en Dubái, alegando las condiciones de inseguridad en las que prestaban servicio y el estado muy defectuoso del buque.
Para él, la única explicación de la situación de su pareja es el capricho arbitrario de las autoridades de “una dictadura acostumbrada a tratar a las personas como mercancías”. “No hay ningún delito, ni hay nada. Es solo la chulería de un niño de la familia real”. Asegura que el conflicto laboral que mantienen con una empresa ha activado los resortes más profundos del poder, ya que sus dueños tienen vinculación con la familia real.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores explica que su caso “requiere exclusivamente de la cancelación del visado” que le concedió la empresa para la que trabajaba, y que su “situación jurídica deriva de la obligación de abonar una cantidad por el supuesto incumplimiento de un contrato privado de trabajo”. Es decir, para marcharse, Cárdenas tendría que pagar. Desde el primer momento aconsejó a Cárdenas que buscara un abogado. En las últimas horas, la Embajada ha gestionado la inclusión de la mujer en el programa “Victims Support” de la Policía de Dubái, lo que podría acelerar su regreso a España, según les han trasladado.
Aunque no tiene competencias, la secretaría general de Acción Exterior de la Junta de Andalucía ha explicado que “el propio departamento de inmigración [de Emiratos Árabes] asegura que no existe ningún impedimento legal para que pueda salir”. “Resulta muy irregular que se la mantenga retenida en aquel país”, señala Acción Exterior, que ha solicitado al ministerio que un funcionario de la diplomacia española en Dubái acompañe a la mujer al aeropuerto para garantizar que pueda embarcar.
Denuncia de las condiciones del barco
Esta historia comienza en un barco. Sánchez y Cárdenas eran capitán y marinera de aquel buque, con puerto base en Dubái y fletado por la empresa Vikings Charters para realizar trayectos tipo charter para unas 50 personas. Es, básicamente, un yate de fiesta. Ambos empezaron a trabajar en Dubái (capital de uno de los siete emiratos) en octubre, pero pronto comprobaron que aquello no era como habían imaginado.
El buque era un desastre y estaba en condiciones pésimas, según aseguran: no tenía radar, plotter, profundímetro, medidor de combustible o medidas contra incendios, y no funcionaba el timón o una de las hélices de proa, entre otras muchas carencias. “Navegamos solo usando los motores alternando para girar en un sentido u otro”, se lee en la denuncia de la pareja. Incluso habrían recibido instrucciones para ocultar los chalecos salvavidas para evitar asustar a los pasajeros. Para ellos, ese barco era además su alojamiento, pero no podían almacenar comida fresca porque no había despensas herméticas, y tampoco tenían aire acondicionado o ventilación natural.
A estas condiciones se sumaban jornadas de 12 a 17 horas diarias y el trato del propietario, que según la pareja fue siempre “vejatorio, denigrante, prepotente, incoherente, negligente en cuanto a la operativa esencial y de desprecio absoluto a las mínimas condiciones de higiene laboral, seguridad, integridad personal, contractual y de calidad humana”.
Así las cosas, Sánchez decidió parar el 19 de noviembre, un mes después de haber empezado a trabajar. “Había problemas serios para la seguridad del pasaje, con unas 50 personas de media, y el personal. Podíamos salir ardiendo”, cuenta. Sin embargo, la familia propietaria no entendió su decisión: “Se enojan y dicen que debo seguir, pero yo soy el capitán, la máxima autoridad del barco y tenía que parar”.
Periodo de prueba de seis meses
Comienza entonces un conflicto en el que Sánchez llama a varias puertas: a la Embajada española para denunciar los problemas laborales; a la autoridad marítima para denunciar el estado del barco; a la Policía emiratí [con una denuncia interpuesta el 19 de noviembre, según ha podido comprobar este medio] y, por último, al Ministerio de Trabajo de Emiratos Árabes para comunicar la rescisión de su contrato. Para esto último, esgrime una cláusula en la que se lee, en inglés: “La oferta de empleo está sujeta a un periodo de prueba de seis meses, durante el cual puede ser terminado por ambas partes”.
Sin embargo, otra cláusula del contrato de Cárdenas señala si renunciara “antes del transcurso de un año, se le requerirá el reembolso de los gastos de contratación en que incurrió la empresa, lo que incluye el coste del billete de avión y los gastos del procedimiento para obtener el visado”. Y más adelante se lee: “Estará obligado a devolver el coste de los cursos de capacitación, estimados en 30.000 dirhams [al cambio, unos 7.200 euros] si da por finalizado su contrato de trabajo por su libre voluntad antes del transcurso de seis meses desde su fecha de inicio”.
El 21 de noviembre, un inspector documenta el estado del barco, y al día siguiente, el dueño se presenta acompañado de dos abogados y una patrulla policial, instando a Sánchez, Cárdenas y el otro tripulante a abandonar el buque. “No teníamos nada en un país donde un desayuno para dos personas son 40 euros, coger un taxi 25 euros o comprar un mango 12 euros”. La decisión estaba clara: tomar el primer avión de vuelta a España, programado para el 25 de noviembre a las 7 de la mañana.
Falta la cancelación del visado
Desde aquella mañana, Sánchez no ha vuelto a ver a su pareja. Él pasó el control de seguridad sin problemas, mientras ella iba al baño. Nunca pudo llegar al avión. “La tuvieron 14 horas sentada en una silla de madera, con una intimidación misógina y asquerosa de veinte policías. Y al día siguiente le dicen que no puede salir, y no le dicen por qué”, relata Sánchez, que todavía no ha recibido una explicación por escrito.
La explicación, según el Ministerio de Exteriores, está en la falta de cancelación del visado de trabajo que expidió el país asiático, “derivada de la obligación de abonar una cantidad por incumplimiento de un contrato privado”. Y para que esa cancelación se produzca, es necesario el consentimiento de la empresa, denunciada públicamente por las mismas personas que están pidiendo que les dejen marchar.
En esta interpretación, la posibilidad prevista de cancelar el contrato en los primeros seis meses no sería incompatible con la obligación de indemnizar al empleador. En las monarquías del Golfo Pérsico no son inusuales los casos de trabajadores extranjeros sometidos a contratos leoninos y cláusulas que les impiden de facto romper la relación laboral. Pero Sánchez, muy crítico con la actuación de la embajada, lo ve de otro modo: “En los seis primeros meses no hay indemnización”. Y, en todo caso, cree que esa posible discrepancia no debería impedirles salir del país. “La cancelación del visado laboral no es condición sine qua non para que yo pueda irme”, protesta.
El hombre niega que haya denuncia de la empresa, y asegura que está tranquilo porque cuenta con el informe que documentó el estado del buque tras su denuncia. “No hay nada contra ella, porque tras 14 horas en el aeropuerto, la Policía no le entrega nada. Y en el último mes, ha ido a los juzgados de lo laboral, a los juzgados de lo penal, a la Policía y a Inmigración a preguntar los motivos, la última vez el miércoles. Si tuviera alguna denuncia ya se la habrían entregado y le habrían requisado el pasaporte”. Añade, como muestra de la arbitrariedad de la situación, que él sí pudo salir de Dubái. “La prueba soy yo. El mismo trabajo, con la misma empresa, el mismo visado laboral de dos años. ¿Cómo puedo pasar yo un control y ella no?”.
Sánchez cree que solo la concepción orgullosa y soberbia del poder en un país “hermético y misógino” explica el caso. “No hay ninguna otra razón: no la ha conseguido el Gobierno, ni la Junta, ni nadie”. “En Migración le dicen que no le pueden dar un papel que diga que no tiene impedimento para salir, porque no tiene impedimento. ¿Me pueden decir entonces cómo puede salir del país?”.