Julián Muñoz (El Arenal, 1947 – Marbella, 2024) solo fue alcalde de Marbella durante 15 meses. Fue ungido en mayo de 2003 por Jesús Gil y descabalgado por orden de su mentor en agosto de 2004, tras ganar las municipales celebradas tres meses antes con más del 50% de los votos. Es el tiempo en que firmaba convenios urbanísticos a lo loco, como un autómata. “Hasta en el capó de los coches”, dijo años más tarde.
Son esos convenios y licencias, expedidos pese a ilegalidades manifiestas y tantas veces con dinero bajo cuerda, los que aún purga la ciudad en forma de edificios en el limbo, litigios y deuda, además de una imagen grabada a fuego en el imaginario colectivo. Unos 500 millones de euros tiene reconocidos el Ayuntamiento a su favor en sentencias firmes por corrupción, según aseguró en abril la concejala de Asesoría Jurídica, Francisca Caracuel. En 15 años apenas ha podido recuperar un 10% y hace apenas unos meses convocó un concurso público abierto a abogados y detectives que pudieran seguir el rastro del dinero.
La sombra de Muñoz sobre la ciudad rebasa con mucho el año y pico que fue alcalde. Hacia atrás, porque su desempeño en los gobiernos de Gil desde 1991, primero como concejal raso y luego como teniente de alcalde, extienden su papel hasta la década de los noventa. Muñoz fue la “mano derecha” de Gil, así lo calificó el magnate, hasta que quiso volar solo.
Hacia el futuro, su influencia se proyecta porque aquello lastrará a la ciudad durante décadas. También, porque la imagen de Marbella sigue penando el bochorno de aquellos años: el dinero en bolsas de basura, el apartamento de Isabel Pantoja, las acusaciones cruzadas de golferío.
Hoy, muchos siguen asociando Marbella a corrupción. Ayudan el tren de vida y los sucesivos escándalos de la familia de la actual alcaldesa, Ángeles Muñoz, cuyo marido e hijastro fueron procesados por la Audiencia Nacional por un caso de presunto narcotráfico internacional y blanqueo de capitales. También, que bajo su mandato en dos etapas (2007-2015 y 2017-2019) se haya seguido arrastrando la pesada losa que dejaron Jesús Gil y sus discípulos: Julián Muñoz y Marisol Yagüe.
En Marbella, más de un millar de edificios están fuera de la legalidad. La casuística es variada: pequeñas viviendas unifamiliares, grandes edificios capaces de tapar el sol, gasolineras o la mansión que compró Antonio Banderas se construyeron al margen de la ley, violentada de las más diversas formas: algunos edificios eran demasiado grandes, otros se construían sobre suelos de uso público, otros en terreno no urbanizable, algunos a pie de playa.
En aquel tiempo aquello no parecía importar demasiado. A menudo las licencias y convenios los firmaba Julián Muñoz, que en el juicio del Caso Goldfinger (la recalificación a cambio de 2,7 millones de euros de la parcela donde tenía su casa Sean Connery) aseguró que firmaba sin tener ni idea de nada, sólo porque lo decía el que mandaba, Gil, o el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
Así fue posible el edificio Belmonsa, un mamotreto de 12 alturas que puso a la sombra la casa de Carmen Suárez. Con el tiempo, los tribunales dieron la razón a la mujer: no sólo declararon la nulidad de la licencia de obras, sino que Julián Muñoz, entre otros, fue condenado a un año de cárcel por prevaricación urbanística en la concesión. Pero el edificio, contra el que Suárez lleva media vida luchando, sigue ahí y probablemente nunca desaparezca. Alguno de sus pisos se vende por medio millón de euros, si bien los traspasos suelen dejarse sin escriturar para que, llegado el caso, el comprador pueda alegar que compró de buena fe, a pesar de que todo el mundo conozca el Caso Belmonsa y que el edificio es ilegal.
Distinta suerte ha corrido La Gaviota, la casa frente al mar que Antonio Banderas compró a la locutora Encarna Sánchez en 1997. La vivienda fue construida parcialmente sobre dominio público gracias a una licencia ilegal concedida en 1995. El actor batalló contra los vecinos en los tribunales, que confirmaron la ilegalidad, y acabó derribando la casa el pasado verano.
En estos años del post-gilismo, la actuación del Ayuntamiento liderado por Ángeles Muñoz ha oscilado entre el intento de regularizar los desmanes y la deliberada voluntad de ignorarlos. En 2010, la alcaldesa aprobó un nuevo Plan General que, en la práctica, hacía tabla rasa. Cuantificaba 1009 licencias concedidas entre 1991 y 2006 “no ajustadas a planeamiento”, la mayoría anuladas a partir de 2004 tras la impugnación de la Junta de Andalucía, y proponía una amnistía a la carta basada en un sistema compensatorio para el municipio. Duró cinco años: en 2015 el Tribunal Supremo concluyó que un PGOU no es el mecanismo para sanar ilegalidades pasadas, y devolvió la situación a la casilla de salida.
Desde entonces, el Consistorio ha arrastrado los pies para no afrontar las consecuencias de aquel urbanismo a la carta. Con la mayoría de las edificaciones no tiene problema en hacer la vista gorda, porque nadie exige que se restituya la legalidad. Pero hay otro puñado de ellas, más de una decena, cuyos vecinos sí piden algo, la demolición o una compensación, y los tribunales están obligados a dárselo.
El supuesto que ha llegado más lejos es el de una vivienda en Artola, que este medio contó el pasado abril: en ese caso, los magistrados del Tribunal Superior de Andalucía se cansaron de las argucias legales del Consistorio para demorar el cumplimiento de una orden de demolición, pusieron una multa de 1.000 euros a la alcaldesa y pidieron a la Fiscalía que la investigase por desobediencia, como desveló este medio.
Tras un año de idas y venidas desde el Tribunal Supremo (por ser aforada la alcaldesa), el fiscal de Marbella dio carpetazo al asunto corrigiendo su criterio inicial y contrariando a los magistrados, que llegaron a escribir en un auto: “Realmente, el Ayuntamiento no parece comprender que tiene ordenada una demolición para hacer efectiva la sentencia y que esta Sala tiene la obligación de ejecutar lo juzgado”.
El Ayuntamiento suele oponer un argumento: el volumen y la importancia de las edificaciones en el limbo es tal que, de cumplir solamente con la decena que tienen sentencia en contra del TSJA, tendría que hacer un desembolso de 246 millones de euros en indemnizaciones. Sería la bancarrota de Marbella, la vuelta a la gestora, el desastre.
“Supone un impacto, en términos presupuestarios y de liquidez, de imposible estructuración a efectos de cumplimiento”, subrayaba el área de Hacienda en un informe de finales de 2021, al sumar a esa cifra el importante volumen de deuda que se arrastra desde Malaya, cifrada en 284 millones de euros al empezar el año. Así que lo que hace el Ayuntamiento es comunicar a los jueces que, simplemente, no puede pagar.
Mientras, busca recursos en otros sitios. El más fácil es reactivar la construcción, pero hay un problema: Marbella es una ciudad con el suelo urbanizable ya colmatado. La solución: incorporar al suelo rústico a la ecuación, aprovechando la vía abierta por la nueva ley de suelo andaluza (LISTA) que permite construir en suelo rústico hoteles y alojamientos turísticos, así como equipamientos industriales, de ocio o comerciales. 32 millones de suelo rústico común que se añadirán a los 54 de suelo urbano. Será el primer municipio de Andalucía que se agarre a esta posibilidad.
La otra vía es buscar el dinero saqueado. En abril recibió una buena noticia del Tribunal Supremo, que le dio la razón en el litigio que mantenía con Hacienda. La Agencia Tributaria pretendía que 12 millones de euros procedentes de la venta de bienes de Juan Antonio Roca se destinaran a minorar la deuda fiscal del municipio, que se abona en unos pagos fraccionados que se extenderán hasta 2052.
En estos años se han recuperado para el municipio 55,7 millones de euros (unos seis millones, en concepto de multas, todavía están pendientes de convenio para transferir a las arcas municipales) y bienes valorados en cerca de 8,5 millones de euros, según fuentes municipales. Pero queda mucho más escondido.
De ahí que cada poco reflote la web de venta de bienes incautados. O que el Ayuntamiento licitara la pasada primavera la contratación de un equipo de abogados y detectives que rastreen la pista del dinero de la corrupción. “La Asesoría Jurídica ha intentado impulsar de diversas maneras la ejecución de estas sentencias; pero lo conseguido hasta ahora ha sido más bien exiguo”, se lee en la memoria justificativa del contrato.
El Ayuntamiento estaba dispuesto a pagar 450.000 euros a quien buscara el dinero robado durante cinco años, hasta 2029, pero nadie quiso asumir la tarea. Borrar la sombra de la corrupción en Marbella es tarea demasiado difícil. El propio Julián Muñoz murió debiendo 46 millones y con el dinero de sus últimas apariciones televisivas embargado.
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