“La proximidad del mar, las vistas, la montaña… Hay todo aquí para hacer un campo fantástico (…) No conozco ningún otro campo en la Costa del Sol que tenga esta espectacularidad de sitio que tenemos aquí en Maro”. Cabell Robinson, diseñador de campos de golf, desgrana sus planes en un vídeo: un campo de golf “al borde del acantilado y cruzando los barrancos” de Maro (Nerja). Su visión forma parte de un proyecto que el ayuntamiento y el propietario de los terrenos, Sociedad Azucarera Larios Patrimonio S.L., han reactivado en plena pandemia: incluye campo de golf, un hotel de lujo y 680 viviendas. Para los opositores al proyecto, un “pelotazo”. Para el ayuntamiento y la promotora, un proyecto que posicionará Nerja en un sector turístico muy lucrativo.
El pasado 23 de marzo, nueve días después de declararse el estado de alarma, el Boletín Oficial de la Provincia publicó el convenio para el “desarrollo urbanístico de Maro”, pendiente de firma por el consistorio y Larios. La publicación abre el plazo para alegaciones públicas al convenio, si bien ese plazo está suspendido por el estado de alarma.
Cuando se firme, el convenio abrirá la vía a recalificar al menos 1,5 millones de metros cuadrados de terrenos no urbanizables a cambio de saldar las deudas del ayuntamiento con Larios. En los años 2004 y especialmente 2008 y 2009, Larios cedió al ayuntamiento 71.628 metros cuadrados para equipamientos públicos (Parque de Bomberos, Centro de Salud, cuartel de la Guardia Civil), algunos de los cuales todavía no se han ejecutado. Cuando se realizaron esas cesiones de terreno el alcalde era José Alberto Armijo, PP, que volvió al poder en 2019.
Para Rafael Yus, portavoz de GENA-Ecologistas en Acción, el convenio que salda deudas por la recalificación de Maro se plantea “como un chantaje: si no me apruebas el proyecto inmobiliario, me tienes que pagar los terrenos cedidos”. El grupo ecologista forma parte de la plataforma Otro Maro, otra Nerja es posible, que ha abierto un listado de adhesiones y estudia las vías jurídicas para oponerse al proyecto.
“Un Ayuntamiento endeudado no puede cambiar deudas por favores urbanísticos y recalificaciones de suelos”, señalan en su decálogo. Creen que Larios y el ayuntamiento han aprovechado un “coyuntural vacío protector” para iniciar un proceso que pondría en jaque uno de los escasos reductos no urbanizados de la costa malagueña.
Larios se remite al fin del estado de alarma para comentar este asunto. Por su parte, el ayuntamiento emitió una nota de prensa para replicar las supuestas “mentiras”. Según el consistorio, el impulso definitivo del convenio ha coincidido con el estado de alarma porque ahora se han emitido “informes jurídicos favorables”, aunque no aclara cuáles son. El consistorio no ha contestado a las preguntas remitidas por eldiario.es/Andalucía, entre ellas por qué lleva años proyectando equipamientos en terrenos que no eran suyos, sino de Larios.
Un lugar emblemático con alto valor natural
Los acantilados de Maro son uno de los lugares más emblemáticos de la Costa del Sol porque tienen poco que ver con la masificación turística de la zona occidental de la provincia: en Maro todavía pueden encontrarse pequeñas calas de agua limpia, entre barrancos que se hunden abruptamente en el Mediterráneo, cuevas y grutas marinas. El Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo, que no podrá verse afectado, protege una parte de estas tierras hasta el mar, donde habita una fauna marina muy apreciada por los buceadores y existe una pradera de posidonias protegida.
Hace mucho que Larios acaricia la idea de levantar un complejo de turismo de lujo en esta zona. El interés por el turismo del golf por parte del PP y su actual alcalde, José Alberto Armijo, también viene de antiguo. Sin embargo, el convenio, ya preparado, se paralizó en 2015 cuando el tripartito (PSOE-IU-Podemos) expulsó a Armijo de la alcaldía. En este lustro el proyecto no avanzó, pero tampoco se aparcó definitivamente. “Se perdió una magnífica oportunidad para haber hecho cambios importantes, como eliminar la parte de la deuda (asumiéndola el ayuntamiento) y reconducir el proyecto hacia unas mejoras, con algún posible hotel en la zona de Maro”, lamenta Yus.
Tan pronto como han vuelto al poder, Armijo y el PP han retomado el convenio, al que solo faltaría superar el trámite de alegaciones públicas y una votación en Pleno que se prevé favorable.
Tres planes de protección anulados por defectos de forma
Para llegar a este punto ha sido necesario que los tribunales tumbaran tres instrumentos que protegían este tramo litoral. Según Juan del Río, que asesora jurídicamente a la plataforma, “una serie de catástrofes jurídicas encadenadas”.
La primera ocurrió en 2014. El Tribunal Supremo anuló a instancias del ayuntamiento algunos artículos del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Oriental (POTAX), al entender que no justificaba las zonas “de especial protección”. El alcalde presentó la sentencia como un gran éxito. Cuatro años después, Larios logró anular el Plan Especial de protección del sitio histórico-paraje pintoresco de Maro (2013), basado en la protección como zona BIC. Ambos planes “no impedían ciertas actuaciones, pero las condicionaban mucho”, dice Del Río.
Por último, cayó la herramienta más garantista: el Tribunal Supremo confirmó en 2018 la anulación del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que protegía una franja costera de 500 metros, por un defecto formal: había sido aprobado en mayo de 2015 por un gobierno en funciones, el de Susana Díaz, que apenas un mes después constituyó su nuevo gabinete.
“Tres normas que protegían sustancialmente esta tierra, y las tres cayeron víctimas de la interpretación de defectos formales por parte de los tribunales”, protesta Juan del Río.
Además, Rafael Yus denuncia que el reciente “decretazo” de la Junta de Andalucía ha allanado el camino al proyecto, invalidando el decreto de 2008 que obligaba a desvincular los campos de golf de las promociones urbanísticas: “Le han puesto en bandeja el mejor escenario jurídico para hacer el proyecto, que básicamente es eso: un campo de golf vinculado a una promoción urbanística”.
Un campo de 18 hoyos y “nivel PGA”
La idea que tiene Larios se muestra en el vídeo promocional grabado en 2017. Un campo de 18 hoyos y “nivel PGA”, capaz de convertirse por sí mismo en un polo de atracción del turismo de golf, de alto poder adquisitivo. El campo estaría al sur de la nacional 340. Es decir, prácticamente sobre el acantilado. En la franja al norte de la carretera se prevé reconvertir el antiguo ingenio de azúcar, hoy en estado ruinoso, en hotel de cinco estrellas gran lujo. También está prevista la construcción de 680 viviendas y otros hoteles y restaurantes. Según un vídeo promocional, la inversión final será de 311 millones de euros en diez años.
Larios, que acumula un inmenso patrimonio histórico en la Axarquía, es dueña de la zona oriental de Maro, desde el Barranco de Burriana al Río de la Miel (de oeste a este), y del dominio público marítimo-terrestre a la autovía AP-7, de norte a sur. Tiene más de 249 hectáreas, casi 2,5 kilómetros cuadrados (2,5 millones de metros cuadrados) en suave pendiente hasta los acantilados, con zonas de meseta y un frente marítimo de casi cinco kilómetros.
El proyecto abarcaría 1,8 kilómetros cuadrados, que ahora se arriendan a “neocolonos” con invernaderos o huertas, o están directamente abandonados. Según Larios, el campo de golf se incorporaría “como espacio verde” y serviría para regenerar los suelos y reorganizar la actividad agrícola.
“El BIC es intocable”
La plataforma formulará alegaciones al convenio. También puede pedir que se presente un plan especial de protección que sustituya al que se anuló, puesto que la ley obliga a los municipios a disponer de estos instrumentos. Las servidumbres de la Ley de Costas son otros posibles obstáculos para el proyecto. Con todo, Juan del Río anticipa una tarea difícil. “El martillo que nos falta es una ley como las que han anulado”.
La protección es mucho más endeble que hace años, pero todavía exige la reclasificación de los suelos. Para completar el proyecto, tendrían que eliminarse las protecciones del PGOU al suelo agrícola y al litoral, “cosa prácticamente imposible, pues hay jurisprudencia que anula los intentos de recalificar zonas verdes protegidas como zonas urbanizables”, opina Yus, que anticipa también que “el BIC es intocable por la Ley de Patrimonio, lo mismo que el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo”.
Los opositores al proyecto piden desvincular la protección del lugar de los intereses urbanísticos, que se ponga en valor el patrimonio industrial que alberga la zona y que potencie su uso agrícola, muy deteriorado. Según el vídeo promocional, Maro Golf “propone una nueva percepción, combinando el golf, las huertas de aguacate y los espacios naturales como protagonistas del paisaje”. Cuando se levante el Estado de Alarma, habrá batalla por los terrenos de Maro.