El fiscal anticorrupción cree que dos ex altos responsables de las obras del puerto de Málaga inflaron deliberadamente el coste de las obras del muelle 9, dedicado al tráfico de contenedores, lo que le costó al puerto más de cuatro millones de euros de dinero público. Lo hicieron, según la Fiscalía, con un modificado de obra “urdido con intención de inflar costes y provocar la subida artificial del presupuesto”, y presentando posteriormente una liquidación que subía el precio “por el simple procedimiento de aumentar subrepticiamente las mediciones finales”. El fiscal cree que los dos altos cargos del puerto tenían la determinación de favorecer a la UTE contratista, integrada por Sando, Dragados y Urbaser.
El fiscal acusa de delitos de falsedad en documento oficial y malversación a J.P.G.F., ingeniero jefe del Departamento de Infraestructuras, y J.F.D., ingeniero técnico jefe de la División de Proyectos y Obras del Puerto, y pide dos años y tres meses de prisión y siete de inhabilitación, aplicando una atenuante por el retraso del procedimiento. La investigación comenzó en 2012 y el juzgado de instrucción 5 no ha dictado auto abriendo la fase de juicio oral hasta el pasado 20 de enero.
Pide también que los dos ingenieros indemnicen al puerto con la cantidad supuestamente defraudada (4.033.180 euros) más la parte proporcional de los gastos generales y el beneficio industrial, y los intereses. También las concesionarias de la obra deberían responder porque fueron las beneficiadas, según Fiscalía
Material el doble de caro y dragados de unidades terminadas
En el escrito de acusación, al que este medio ha tenido acceso, el fiscal desgrana cómo los dos acusados lograron que el Puerto pagase a las constructoras cuatro millones más de lo que costó la obra.
Fue un plan en dos fases. En septiembre de 2001 el ingeniero jefe del Puerto presentó un modificado al proyecto base, que incrementó el presupuesto en 2.800.311,68 euros y prolongó la obra un año más. Gracias a este modificado, la contratista pudo utilizar material de relleno el doble de caro del previsto, dragar zonas ya terminadas o verter material en unidades ya finalizadas. “Lo hizo así para favorecer los intereses de la UTE contratista”, apunta el fiscal.
Aunque las obras nunca “tropezaron” con problemas estructurales, la nueva inversión se justificaba por las roturas que supuestamente había sufrido el lecho marino. Todo se basaba en un informe encargado por la propia contratista, que en realidad tenía la función de respaldar la modificación. El objetivo, según el fiscal, era preparar “la defraudación que iba a materializarse más adelante”, con la liquidación.
Una liquidación presuntamente fraudulenta
Las obras terminaron en diciembre de 2002, y el supuesto fraude culminó cuando se liquidó la obra. En noviembre de 2003 los acusados firmaron el proyecto de liquidación, donde se incrementaba el coste en unos cuatro millones de euros (más del 13% del presupuesto inicial), aumentando mediciones de al menos tres de unidades de obra que quedaban bajo tierra y no podían ser inspeccionadas.
Según el fiscal, “fingieron” que unas estructuras (las banquetas) habían penetrado en el fondo marino hasta dos metros y medio, lo que les sirvió para sumar 381.583,58 toneladas de “escollera sin clasificar”, el material más caro, a 7,29 euros por tonelada. El resultado es que se liquidó material por más del doble de lo verdaderamente empleado, abonándose “falazmente” 2.946.575,97 euros. Sin embargo, el desfalco podría ser mayor: aunque se cobró a precio de escollera sin clasificar, no todo el relleno lo era.
Los acusados también consiguieron que se pagara un dragado muy superior al previsto. Según el fiscal, lo hicieron sin contar con ninguna batimetría que justificara esa modificación. De esta forma, se certificó y abonó un exceso de dragado de 406.804,28 metros cúbicos: a razón de 2,09 euros por metro cúbico, suponen 850.220 euros pagados de más.
Por último, el fiscal cree que los acusados aumentaron adrede la profundidad y el volumen del material vertido en la banqueta, aprovechando la pendiente natural del terreno para liquidar más de lo que realmente habían usado. Así lograron liquidar otras 32.425 toneladas de escollera sin clasificar (nuevamente, el material más caro), con un beneficio de 236.385 euros para la contratista.
“Incremento fraudulento de las mediciones”
El fiscal acusa a los ingenieros del puerto de faltar a “sus más elementales deberes de lealtad”, manipulando documentos oficiales que ellos mismos debían elaborar para “incrementar fraudulentamente las mediciones y la valoración de ciertas unidades de obra” y mejorar, a costa del interés público, las ganancias de la contratista.
La obra se realizó entre 1999 y 2002 por una UTE integrada por Sando, Dragados y Urbaser. En un artículo publicado en la revista Puertos y Navieras, recogido por El Observador, el exdirector del Puerto José Antonio Caffarena reveló que el ingeniero jefe ahora acusado había trabajado previamente para Sando, que participaba en la UTE al 32%. En otro procedimiento judicial por otras obras desarrolladas por Sando en el Puerto, el fiscal apuntó que la constructora era cliente habitual de una ingeniería creada por el acusado, y que quería “congraciarse” con sus responsables.
Ahora, el fiscal señala que los dos ingenieros del Puerto actuaron “impulsados por razones o estímulos aún no acreditados”, aunque cree que previamente se habían concertado entre sí y con técnicos o representantes de las constructoras, para los que ya ha prescrito el posible delito. Por eso, en 2018 se sobreseyó parcialmente la investigación, continuando únicamente para los ingenieros con responsabilidades públicas.
Sando es una constructora malagueña que ha conseguido importantes contratos públicos y ahora trabaja, por ejemplo, en el Metro de Málaga. Algunos de sus directivos han sido fichados recientemente por la administración, como Juan Manuel Muñoz, nuevo Comisionado para el Cambio Climático y Modelo Energético, o Raúl García Paine, nombrado gerente de la empresa de limpieza de Málaga (LIMASAM). Sando aparece como donante de 1,2 millones de euros al PP en los papeles de Bárcenas, si bien la Audiencia Nacional no encontró vínculo entre los donativos y la adjudicación de obras, y exculpó a su presidente, José Luis Sánchez Domínguez.
Dos obras en el punto de mira de la justicia
El Puerto de Málaga lleva casi tres décadas inmerso en un proceso de renovación cuyos hitos más visibles para el ciudadano son el Palmeral de las Sorpresas y el Muelle Uno, una zona comercial que incorpora también la franquicia del Museo Pompidou.
Dos de estas obras de renovación, ejecutadas a comienzos de siglo para renovar infraestructuras portuarias, llevan años en el punto de mira de la justicia. Las irregularidades se descubrieron en 2010, cuando un buque colisionó contra el atracadero y en la inspección posterior se comprobó que el material era diferente al liquidado.
Se inició entonces una investigación y el ingeniero jefe (ahora acusado) fue cesado. En el juicio laboral, el ingeniero despedido aseguró que era normal compensar los excesos de una obra liquidando de más en otras, según explicó Sur. El juez de lo social decidió dar parte a la Fiscalía. Poco antes del cese, la documentación técnica que había en las oficinas del puerto fue sustraída o triturada, según recuerda ahora el fiscal.
El primero de los juicios, por presuntas certificaciones valoradas en un millón de euros por trabajos que no se realizaron, quedó visto para sentencia en noviembre. En ese procedimiento se evalúan obras ejecutadas entre 2005 y 2007 y están acusadas cinco personas por hechos muy parecidos a los del muelle 9: los dos mismos ingenieros del Puerto, dos técnicos de Sando y otro de Dragados.
La segunda investigación, por hechos anteriores que podrían haber producido un perjuicio de cuatro millones, se ha desarrollado aún más lentamente, pero ya encara su recta final.