Pocas veces habrá quedado tan clara la distancia entre lo que los gobernantes dicen que pueden hacer y lo que los ciudadanos les piden que hagan como este miércoles en Málaga. De un lado, 50 vecinos de El Perchel que viven de alquiler desde hace décadas. Familias muy humildes, algunas ya reubicadas aquí, que habitan por una renta relativamente baja unas viviendas cuyos nuevos propietarios quieren ahora echar abajo, para construir de nuevo sin contar con ellos. De otro, el equipo de gobierno del ayuntamiento (PP y Ciudadanos) que les ha dicho que nada puede hacer, porque es el mercado y hacer algo sería ilegal o incluso “comunista”, según el concejal Francisco Pomares.
Eso sí, el alcalde Francisco de la Torre ha insistido en que los vecinos cuentan con su apoyo moral. “Tienen toda mi simpatía, mi cariño, mi sensibilidad”, aseguró el regidor, que dijo estar de su parte más de lo que está la oposición. “De un alcalde se espera mucho más que pedir sensibilidad a una promotora”, le espetó Nicolás Sguiglia, concejal de Unidas Podemos, en presencia de decenas de vecinos, que se han manifestado a las puertas del ayuntamiento. “El Perchel no se vende”, gritaban. Un mensaje que estos días se reproduce en decenas de carteles del barrio.
De fondo hay un debate de enjundia, porque cuestiona el modelo de crecimiento de la ciudad. El turismo y el atractivo que ahora ejerce Málaga sobre sectores como el tecnológico ha provocado un encarecimiento de vivienda que está expulsando a muchos vecinos, que no pueden asumir la compra o el alquiler de una casa. El problema se extiende en ondas expansivas a partir de un núcleo que es el Centro Histórico. Precisamente, El Perchel es un barrio céntrico y con historia, sometido a un proceso de reurbanización en los últimos años y en el que cada vez son más habituales los apartamentos turísticos.
El asunto del desalojo de los vecinos de El Perchel llegó este miércoles a Pleno, convocado de forma extraordinaria a petición de PSOE y Unidas Podemos. En una moción conjunta, pedían al ayuntamiento que intermediara con la empresa, que diera información y que asesorara jurídicamente a los vecinos. El equipo de gobierno aceptó estas peticiones. Pero rechazó los puntos que le instaban a “comenzar los trámites necesarios para planificar y ejecutar la solución constructiva del barrio que permita reubicar” a los vecinos y a “no facilitar el trámite de la licencia de obra” hasta procurar una alternativa habitacional. Es decir, rechazó los puntos que apelaban a su capacidad de intervención.
La tesis del equipo de gobierno es que no puede, porque significaría priorizar a estos vecinos sobre otros que ya necesitan ayuda para vivir en Málaga y porque conceder la licencia de obra es un acto reglado al que está obligado si el solicitante cumple los requisitos. “Haremos lo que podamos, en el marco de la ley”, insistió el alcalde en varias ocasiones. El equipo de gobierno acusó a la oposición de buscar el rédito político. Noelia Losada, concejal de Ciudadanos, dijo que se le “encogía el corazón”, pero que se está dando “falsas expectativas” a los afectados. “Ustedes sí tienen formación y conocen la normativa. Están jugando con sus sentimientos”.
Enrique Gutiérrez, portavoz de los vecinos, explicó el problema: “50 familias se verán expulsadas de sus casas por una operación especulativa”. La nueva propietaria, Dazia Capital, ha enviado cartas a algunos de ellos, instándoles a abandonar la vivienda antes del 1 de marzo, y el administrador les ha dicho que rechazará cobrarles la renta. “No hay mayor drama humano, físico y mental que encontrarte en una carta que te quieren echar de tu casa, de tu barrio, sin alternativa”, ha dicho Gutiérrez.
De camino a casa, Victoria Rubio cuenta que alquiló en 1983. Hace once años la casa se tambaleó por la obra del Metro y la propietaria la reubicó de urgencia en Calle Montalbán, a unas decenas de metros. Sobre su antigua casa levantaron un moderno edificio. Y ella tuvo que gastarse 2000 euros en su nueva casa nada más llegar. “Estaba cochambrosa”. Ahora, bordeando los 80, se ha enterado de que en el traslado forzoso perdió su antigüedad porque la obligaron a firmar un nuevo contrato. De lo contrario, tendría derecho al realojo. “¿Y dónde voy a ir, con lo que cuesta alquilar en Málaga? Yo no puedo pagar 700 euros…”, dice al borde del llanto.
El alcalde y varios concejales se reunieron con los vecinos el 5 de febrero, pero desde entonces poco se ha avanzado. De la Torre, que recordó que el ayuntamiento ofreció a la anterior propietaria costear la mitad de la rehabilitación, ha obtenido de Dazia lo mismo que los periodistas: la promesa de que será “sensible”, lo que contrasta con las cartas instando al desalojo casi inmediato. De la Torre les quitó trascendencia: “No quiero ser portavoz de la empresa, pero me consta que no tiene voluntad de complicar la vida a los vecinos, sino de buscar soluciones personalizadas”.
El alcalde insistió en su voluntad de intermediar. Y sacó pecho por haber hecho “a pulmón” 5.300 viviendas de alquiler público “mientras ustedes [en referencia al PSOE] estaban en la Junta de Andalucía”: “En política de vivienda somos el mejor ayuntamiento de España”.
A pesar de ello, el alcalde admitió que hay 16.000 demandantes de vivienda pública de alquiler en una ciudad con los precios en clara tendencia alcista. El ayuntamiento defiende que estaría privilegiando a los vecinos de El Perchel si ahora les ofreciera una vivienda pública en el alquiler en el barrio, en el que hay una decena larga de solares. “La solución debe venir de la empresa, porque el ayuntamiento tiene un dinero limitado”.
La oposición cree que el ayuntamiento se pone de perfil ante un problema que es en gran parte inducido por su política, y que puede reproducirse en otros barrios. Daniel Pérez, portavoz del PSOE, lo planteó como una dicotomía: “Del lado de los vecinos o de la especulación”. “Málaga pierde malagueños, 1.000 en los últimos años según el INE, porque no pueden comprar una vivienda o alquilar a precio asequible. Un fondo inversor llega, extrae la riqueza y se va. Eso puede pasar. Málaga tiene un problema de modelo de ciudad”, advirtió.
“De nada sirve transformar un barrio sin los vecinos. Está expulsando a los vecinos y dejando una maqueta”, lamentó Nicolás Sguiglia, de Unidas Podemos, que recordó que durante años los vecinos a los que ahora se pretende echar han convivido con humedades, ratas y desperfectos que la propiedad no ha arreglado. “Eso y las cartas que les están enviando son acoso inmobiliario”.
Sguiglia acusó al alcalde de tratar con guante de seda a “los especuladores” mientras de la espalda a los ciudadanos. “Durante demasiado tiempo se ha usado un modelo de ciudad que no tiene en cuenta la gente que vive en ella. Haga de alcalde, defienda el interés general. Convoque a esta empresa y dígale: ”La promoción que quieren hacer no la van a hacer si no garantizan que esta gente sigue en el barrio“.
La empresa, por su parte, está empezando a mostrar sus cartas. Entre los cincuenta vecinos, hay quince acogidos al sistema de renta antigua y con contrato indefinido. Tienen derecho a ser realojados. No así el resto, que firmaron su contrato después de 1985 y lo renuevan tácitamente año a año por una renta que en algún caso no llega a los 200 euros. “Quieren dividirnos”, alerta Enrique Gutiérrez, a propósito de la estrategia de la empresa. Dos vecinos ya se han ido y cuatro estarían pensándoselo. “Están enfermos o son mayores. Es entendible”, dice Gutiérrez, que cerró su intervención recordándole al regidor una frase de Fraga: “La política es el arte de lo posible. Para lograrlo, hay que intentar muchas veces lo imposible”. Aplíquese el parche“.
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