El PSOE denuncia al alcalde de Estepona ante Fiscalía por vender suelo público a la empresa de un exsocio

La venta a bajo precio por el Ayuntamiento de Estepona de unos 2.000 metros cuadrados de suelo público destinado a oficinas y 26 aparcamientos ha llegado a la Fiscalía. El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento esteponero ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga, que la ha remitido a la Fiscalía de Marbella.

El escrito recoge los hechos desvelados por elDiario.es Andalucía a finales del pasado mes de diciembre, alertando de que la enajenación de estos inmuebles muy por debajo de su verdadero valor a una empresa con la que el alcalde José María García Urbano (PP) y la presidenta de la mesa de contratación (Ana Velasco) han mantenido relaciones societarias podría suponer una “merma para el interés general” del Consistorio.

A menos de tres meses para las elecciones municipales, el PSOE ha dado traslado a la Fiscalía apuntando a la presunta responsabilidad penal de García Urbano, Velasco y “cuantas otras personas proceda”. “Si se confirma su veracidad”, dice el escrito, se deduce que el Ayuntamiento de Estepona ha realizado una enajenación muy por debajo de los precios de mercado e incluso de los propios valores catastrales con menoscabo para las arcas municipales.

Los hechos fueron desvelados por este medio en cuatro informaciones publicadas entre diciembre de 2022 y enero de este año, y están documentados en los expedientes de contratación colgados en la propia web municipal, en las páginas públicas de información societaria y en documentos del Registro Mercantil. El Ayuntamiento alega que todo fue legal.

Un precio fuera de mercado por inusualmente bajo

En el verano de 2022, el Ayuntamiento de Estepona vendió tres locales y 26 plazas de garaje en el edificio Puertosol (una zona privilegiada de Estepona) a Omega 93, una sociedad patrimonial del constructor Bonifacio Solís. Omega 93 es una empresa que ha mantenido relaciones empresariales con el alcalde: en 2001, García Urbano creó una sociedad (Nuevos Aires 2002) con Omega 93 y el prófugo Juan Hoffmann. Según el Ayuntamiento, el alcalde ya no es copartícipe de Nuevos Aires 2002 (y por tanto socio de Omega 93). Sin embargo, Solís aseguró a este medio que la estructura societaria de Nuevos Aires 2002 es la que consta en el Registro Mercantil, donde no se ha producido cambio alguno.

Los locales y plazas de garaje vendidos por el Ayuntamiento a Omega 93 están situados en una zona privilegiada junto al puerto que está siendo objeto de una ambiciosa transformación urbana, acometida precisamente por Construcciones Bonifacio Solís. Los locales se vendieron por 1.245.000 euros en total, de modo que acabaron en manos privadas por 630 euros el metro cuadrado, y los aparcamientos y entreplanta por 375 €/m2.

Son precios inusualmente bajos, como demuestran hasta tres referencias. El valor catastral (siempre mucho más bajo que el valor de mercado) del suelo vendido es de 2.335.928 euros, un 87% más del precio que obtuvo el Ayuntamiento. Las referencias usuales de mercado confirman la ganga: en Idealista, un local similar (pero más pequeño) se vende por más del triple por metro cuadrado. Por último, el Ayuntamiento ya sabía que esos locales valen más: en 2014, el propio Consistorio vendió el local contiguo a 2.203 euros el metro cuadrado. Es decir, vendió en 2014 por casi cuatro veces más que por lo que vendió los locales de al lado el pasado verano. Paradójicamente, el mercado inmobiliario no ha hecho más que subir desde 2014.

Subastas con omisiones y sin publicidad

El Ayuntamiento esgrime que la venta se consumó tras varios procesos de subasta pública. La primera quedó desierta y a la última solo se presentó Omega 93. Este medio acreditó que esas subastas contienen omisiones y decisiones discrecionales que beneficiaron a Omega 93 y culminaron con la adjudicación en pleno mes de agosto a su oferta, presentada sobre la bocina.

En primer lugar, el Ayuntamiento omitió la publicación en el Boletín de la Provincia del expediente de desafección del suelo público. Después, el asunto se tramitó como urgente en el Pleno de febrero, donde García Urbano aseguró que Estepona mantendría la titularidad de los inmuebles.

No fue así. Un mes después inició el proceso de venta mediante subasta, un procedimiento cuyo fin teórico es lograr la venta más provechosa para las arcas públicas. Sin embargo, el Ayuntamiento fue dando pasos que minimizaron las opciones de obtener un buen precio: no dio publicidad a la subasta anunciándola en medios de comunicación, rebajó el precio lo máximo que le permite la ley (el 25%) y celebró la subasta definitiva en pleno verano, iniciándola un viernes 31 de julio y culminándola el 16 de agosto.

A esto se añade que el anuncio obligatorio de la subasta en la Plataforma de Contratación se hizo bajo una rúbrica incorrecta, como si fuera un bien mueble, lo que pudo impedir que potenciales interesados la conocieran.

La presidenta de la mesa de contratación, y por tanto, la responsable del proceso, fue Ana Velasco, concejala de Fomento. Velasco fue administradora única de Nuevos Aires 2002, la empresa controlada por Omega 93, la empresa que se quedó con los locales a precio de saldo. Le sustituyó como administrador su marido, el letrado Antonio Zarco. El artículo 23 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público establece un deber de abstención de autoridades y funcionarios que tengan un vínculo matrimonial “con cualquiera de los interesados [en un expediente], con los administradores de entidades o sociedades interesadas”.