Una rebelión está ocurriendo en Málaga. En el interior de la provincia se acumulan decenas de proyectos de parques fotovoltaicos que, al calor de los fondos europeos aún por llegar, pretenden transformar el sol en energía eléctrica sembrando terrenos rurales de placas solares. Muchos ven en esto un expolio y se están uniendo contra los planes de empresas y fondos de inversión. “Fotovoltaicas sí, pero así no”, dicen. “Ni en mi pueblo ni en el tuyo”, añaden.
Hasta aquí, nada muy distinto a lo que pasa en otros lugares. Pero en la provincia de la Costa del Sol se da una paradoja: la bandera de la rebelión contra la proliferación indiscriminada de huertos solares la enarbola ya una parte del poder político: la Diputación de Málaga acaba de pedir un alto a los proyectos. “Estamos hablando con todas las administraciones que nos escuchan: el consejero de hacienda, alcaldes de la zona, diputación…”, resume Marisa Casal, portavoz de la asociación Valle Natural Río Grande, que se opone a la construcción de siete parques fotovoltaicos con un total de 1.364 hectáreas (más de 13 millones de metros cuadrados) a los pies de la Sierra de las Nieves.
Atiende a elDiario.es/Andalucía después de llegar de Almogía, donde ha explicado a vecinos extranjeros, que compraron para disfrutar del sol y el entorno, que sus casas pueden quedar pronto rodeadas de placas de silicio monocristalino. Muchos no tenían ni idea de los proyectos en ciernes.
Málaga, con más de 3.000 horas de luz solar al año, es una de las provincias más atractivas para instalar estos complejos. La pasada semana, Ecologistas en Acción se reunió con el Delegado de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga. “Nos informó de que se tramitan 109 proyectos en la provincia”, asegura Librada Moreno, portavoz de la federación ecologista.
Es una cifra escurridiza, porque cada día se abren nuevos proyectos a trámite de alegaciones y hasta ese momento nadie los conoce. En mayo, la Junta de Andalucía tramitaba 650 en toda la comunidad autónoma, según aseguró a este medio.
A esta cifra deben sumarse a los proyectos que, por superar los 50MW de potencia instalada, se tramitan ante el Ministerio de Transición Ecológica. A la fecha, otros 19 en Andalucía, cuatro de ellas en Málaga (las que afectarían al entorno del Río Grande). Además, Málaga Hoy informó en febrero de otros cuatro grandes proyectos, para los que ya se habría cerrado la fase de alegaciones públicas, cada uno de los cuales ocupa superficies de entre 235 y 350 hectáreas, y tiene capacidad de generar entre 130 y 170 MW. De consumarse, solo los grandes proyectos de la provincia sumarían 2.500 hectáreas de extensión y 1.200 MW de potencia instalada, cuando el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2020-2030 prevé una potencia instalada de 39.000 MW de energía solar fotovoltaica en 2030 en toda España.
Muchos asumen que la realidad quedará finalmente por debajo de las expectativas de los promotores, inmersos en una carrera con todos los ingredientes de las burbujas. “El mercado se va a autorregular. Lo que puede pasar es que una empresa que haya pensado que iba a ganar un dinero no lo gane. Pero la instalación estará ahí y seguirá produciendo. Pasará al banco y el banco la venderá a otro, al precio que sea”, vaticinaba en mayo José Donoso, presidente de la patronal UNEF, restando importancia a la posible burbuja y las repercusiones sobre la fauna. Sí admite la afección sobre el paisaje, pero insiste en que es reversible: “Las plantas fotovoltaicas se hincan: dentro de 25 años se quita y no queda rastro. Será mejor para la agricultura, porque los terrenos van a estar 25 años sin uso”.
Hace dos semanas, la Diputación de Málaga (gobernada por el PP) acordó adoptar una moción del grupo socialista en la que se pide a las administraciones central y autonómica una moratoria de proyectos fotovoltaicos para los pueblos que lo soliciten. Se trataría de ganar tiempo.
Hasta ahora, no hay criterios claros para priorizar zonas de instalación, después de que el pasado febrero la Consejería retirara una guía que no gustó a los inversores. Ahora, la Diputación quiere crear un grupo de trabajo con todas las administraciones “para buscar soluciones rápidas”. Admite el riesgo de una “proliferación sin control y masiva de parques fotovoltaicos en trámite”, y dice estar preocupada por la industria agroalimentaria y el turismo interior, que convoca cada año en torno a un millón de visitantes en la provincia.
Además, los alcaldes de varios municipios han suscrito una carta conjunta. Y en Álora, donde se teme el impacto sobre la industria del tomate o la aceituna, el pleno acaba de prohibir durante un año la instalación de parques fotovoltaicos, lo que pondría en jaque el gran proyecto de Río Grande tal y como está concebido. El pasado jueves, la delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, se reunió con los alcaldes del Valle del Guadalhorce, a los que aseguró que la normativa ambiental y urbanística se aplicará “con rigor”.
“Las administraciones deberían darle una pensada a esto”, pide Antonio Pérez, alcalde de Alozaina, un pequeño pueblo de la comarca de la Sierra de las Nieves, que se vería afectado por el gran parque de 1.300 hectáreas: “Estas megaplantas van a convertir el territorio en una gran vitrocerámica, donde los pueblos vamos a hacer el encendido y apagado”.
Las ventajas para los vecinos de su pueblo no las ve: “Nadie me las ha explicado. Sí puedo decir que si se instalan los parques, las viviendas con vistas a ese territorio se van a depreciar. No es lo mismo tener vistas a la hoya hasta el mar, que a una llanura negra”. Asegura que los promotores solo se reunieron con él cuando el proyecto ya estaba en exposición pública. Y alerta: una vez que se hayan instalado las líneas de evacuación, ¿quién garantiza que alrededor no proliferan nuevos parques?
El proyecto de parque fotovoltaico en torno al valle natural del Río Grande se ha convertido en el símbolo de la lucha malagueña. A los pies de la Sierra de las Nieves, varias promotoras aspiran a instalar siete plantas fotovoltaicas (agrupadas en cuatro núcleos) con capacidad para generar hasta 560 MW, una subestación eléctrica transformadora común y una línea de evacuación para llevar la energía eléctrica de torre en torre a casi 25 kilómetros de distancia, hasta Cártama.
Los proyectos afectan a cinco municipios: Álora, Alozaina, Cártama, Casarabonela, Coín y Pizarra. Solo para vallar perimetralmente los trece millones de metros cuadrados se necesitarían 80 kilómetros de malla. También está prevista una balsa con capacidad para cinco millones de litros, que saldrían del Río Grande. Los ecologistas alertan del riesgo de estrés hídrico.
Cuatro de estos siete parques (Natera Solar I y II, y Orla Solar I y II) se agrupan en un proyecto común (el más cercano a la sierra), con capacidad de proporcionar a la red un máximo de 250 MW [se pueden consultar los proyectos y la EDIA en este enlace]. Se trata de proyectos promovidos por Natera Solar, S.L. y Orla Solar, S.L., dos empresas con un capital social de 3.000 euros. Ambas están vinculadas a Admiralty Management y a Q-Energy, un gran fondo de inversión en energías renovables. El alcalde de Alozaina asegura que, tras reunirse con un representante, no le quedó claro quién estaba detrás: “Delante de mí se sienta un señor, que dice que es de una empresa tal, que trabaja para tal, con un socio que tienen que es tal, que alquilan a tal...”.
La persona cuyo supuesto contacto recoge la evaluación de impacto ambiental es Daniel Parejo del Río, a quien la página de INFOCIF atribuye 1.488 vinculaciones societarias. Hasta 2015, Parejo fue director de Energías Renovables de Caixabank, desde donde dio el salto a Q-Energy. Admiralty Management es también la administradora única de Tejo Solar, S.L., a su vez detrás de cuatro empresas (Reclamo Solar, Rehala Solar, Stopper Solar y Volateo Solar) que promueven otras cuatro plantas con capacidad para generar 600 MW en Campillos, Antequera, Valle de Abdalajís y Álora.
ElDiario.es/Andalucía se puso en contacto con el teléfono atribuido a Parejo. Una persona que dijo ser el ingeniero a cargo del proyecto pidió consultar a sus jefes sobre la posibilidad de participar en el reportaje. Después, no ha respondido a los mensajes y llamadas de este medio.
La principal preocupación es ambiental y paisajística. Estos cuatro parques colocarían más de medio millón de placas solares sobre un terreno rural, la mayor parte de ellas en Coín, como se puede comprobar en el mapa que acompaña a este reportaje. El estudio de impacto ambiental de la promotora admite que el megaparque es “coincidente parcialmente” con dos zonas declaradas reservas de la biosfera, “Intercontinental del Mediterráneo” y “Sierra de las Nieves”. Esta última alberga un bosque de pinsapos, que en España solo pueden encontrarse aquí y en la cercana Sierra de Grazalema. “Los visitantes vendrían a la Sierra de las Nieves y conforme vayan subiendo se encontrarían los parques”, alerta Pérez. Los alcaldes temen que los proyectos pongan en jaque el impulso al turismo que esperan tras la declaración de la Sierra de las Nieves como Parque Nacional.
El proyecto se ejecutaría en una zona dedicada al cultivo de cereal y olivar, que crece en suaves lomas al abrigo de la sierra. Es un terreno abonado a la tentación del dinero solar. Hasta ahora, las promotoras han realizado ofertas a decenas de propietarios, a los que ofrecen de 1.000 a 2.000 euros por hectárea y año, según varios testimonios. Una cifra variable en función de la resistencia del propietario, pero superior a lo que suele dar esta tierra, que con suerte rinde 500 euros por hectárea.
Sin embargo, también hay quienes se han encontrado con que sus terrenos se han incluido por sorpresa en el proyecto. Así lo asegura Diego Martín, cuya familia tiene varias parcelas en Casarabonela: “Tengo una parcela y me han estado tanteando durante un tiempo. No estoy interesado. Pero ahora que han puesto el proyecto en Internet vemos que están todas las parcelas metidas, las de mis padres también”. Algo más de treinta hectáreas, incluyendo el 90% de las tierras que su familia dedica desde hace décadas al cultivo de cereal. Esta misma semana ha recogido trigo duro y cebada y así quiere que siga siendo. Muchos no se fían de las intenciones de los promotores, y creen que una vez a pleno rendimiento, los paneles fotovoltaicos apenas darán trabajo en la comarca.
Los opositores a estos proyectos tienen otro temor. “Los promotores se salvaguardan en la declaración de interés general o estratégico. Con esa baza, ¿quién te dice no te lo van a expropiar por el valor catastral dentro de tres años?”, se pregunta el alcalde de Alozaina.
De fondo, late la preocupación por un cambio que tiene implicaciones económicas, sociales e incluso culturales. Hay quien siente que solo se piensa en lo rural para echar mano de sus recursos. “Los agricultores no podían cambiar ni unas tejas del cortijo, y de la noche a la mañana quieren convertir esos mismos terrenos en industriales. Simplemente porque ahora unos fondos de inversión están dejando dinero”, lamenta Marisa Casal. Su posición es clara: un modelo “distribuido”. “Llenar de placas solares los tejados, aparcamientos, polígonos industriales, edificios públicos… Se puede hacer perfectamente. Pero vienen las grandes empresas y se lo van a llevar todo”.
La asociación Valle Natural Río Grande acaba de presentar alegaciones y confía en que, con la negativa de los alcaldes de la zona, el proyecto se paralice. “Están sacrificando pueblos y terrenos para construir megaparques en beneficio de cuatro empresas. Y esa no era la idea”.
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