Otra cara del turismo sanitario: trabajadores de una clínica malagueña denuncian recortes salariales “en un ambiente intimidatorio”

“Nadie se atrevía a reclamar, porque si lo hacías quedabas señalado”. Quien así habla es alguien que trabaja desde hace años en Clínica Santa Elena, una clínica privada a punto de cumplir el medio siglo, que ha vivido tiempos mejores. Sus trabajadores han sufrido en sus salarios la rebaja en los precios que abonan las aseguradoras. Desde hace cinco años cobran un 20% menos de lo estipulado en el convenio colectivo, y la empresa les dice que de momento no pueden recuperar su salario.

Ahora 42 trabajadores, casi la mitad de la plantilla, han presentado una querella por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, administración desleal y estafa, entre otros. Aseguran que el comité de empresa que aceptó el descuelgue salarial es un fraude, y la Policía está investigando.

Pioneros en turismo sanitario

La clínica, con sede en Torremolinos, fue pionera del turismo sanitario, un modelo de negocio aparentemente boyante en la Costa del Sol. El antiguo propietario, el traumatólogo Javier Seara, garantizaba por sí solo un volumen considerable de pacientes. Dueño y alma mater de la empresa, el doctor Seara dotó a la clínica de un estilo de dirección muy personalista. Nada se movía sin su consentimiento, dicen los trabajadores, que piden mantener el anonimato. Según varios de ellos, en la clínica también había “miedo”.

El fallecimiento repentino del doctor en septiembre de 2018, unido a una condena por acoso laboral, armó de valor a un grupo de trabajadores, que interpusieron la querella en noviembre del año pasado. El abogado Juan Pedro Rojano, que la firma, enumera los presuntos delitos cometidos por la clínica y sus directivos: imposición de condiciones laborales mediante engaño, contra la libertad sindical, estafa agravada, administración desleal, apropiación indebida, contra la seguridad social, falsedad en documento privado y cohecho entre particulares. La querella ha recaído en el juzgado de Instrucción uno de Torremolinos, que ha encargado la investigación al Grupo de Fraudes de la Brigada de Policía Judicial.

El relato de los trabajadores que ya han prestado declaración es que el comité era puramente “ficticio” y sus representantes habían sido elegidos “a dedo”. La Policía ha constatado que en la oficina pública de registro de elecciones sindicales no consta ninguna elección en Clínica Santa Elena entre 2007 y 2015. Además, en el supuesto comité participaba E.F., miembro de la dirección de la clínica y del consejo de administración hasta 2013, según han denunciado los trabajadores y ha podido constatar eldiario.es/Andalucía. Llegó a ser presidente del comité de empresa.

Cobrando menos que lo estipulado en el convenio

La Policía señala que de las declaraciones de los empleados se deduce que desarrollaban su trabajo “en un ambiente coercitivo e intimidatorio” que tenía como fin “aplacar cualquier tipo de reivindicación laboral para soslayar el perjuicio económico al que se han visto obligados por parte de la empresa”, y que el supuesto comité de empresa era “una imposición” del Dr. Seara. “Los acuerdos adoptados en dicho periodo (…) carecen a juicio de esta instrucción de la legalidad necesaria para darles carta de naturaleza”, señala el atestado policial.

Entre esos acuerdos adoptados por un comité supuestamente fraudulento están los dos que singularmente afectan a las nóminas de los 110 empleados de la clínica. El primero de ellos, adoptado en 2012, supuso un descuelgue salarial del 42% del concepto de “mejora voluntaria”, que según un trabajador de la empresa oscilaría entre 60 y 300 euros al mes. El segundo, adoptado en 2014, supuso una reducción del 20% del total de la masa salarial, unos 300 euros al mes. Aunque se prometió la revisión anual, nunca ha ocurrido, y desde entonces los trabajadores han cobrado menos de lo establecido por convenio.

“Los trabajadores han sufrido una bajada salarial drástica en un periodo que la empresa creó la apariencia de un comité de empresa presidido por un apoderado, avalado por un estado de miedo”, señala Rojano, que ha cuantificado el perjuicio económico para los trabajadores: unos tres millones de euros, sumando salarios dejados de percibir y cotizaciones a la Seguridad Social. Según el abogado, con el ahorro en salarios se financiaron obras y mejoras.

La gerencia: “La remontada viene poquito a poquito”

Antoni Serra, actual gerente de la empresa, cree que la querella es una herramienta para negociar la recuperación de su salario y asegura que el descuelgue salarial funcionó “con absoluta normalidad”. Serra dice que demostrará en sede judicial que el comité que adoptó los acuerdos de descuelgue es legítimo y sus acuerdos válidos, aunque no muestra documento que contradiga lo que ya consta en la investigación: que la oficina pública de registro de elecciones sindicales certifica que no consta ningún proceso electoral entre 2007 y 2015.

El gerente enmarca el recorte salarial en un contexto general de fuerte competencia de los grandes grupos de medicina privada, y aunque incide en que la clínica está mejorando sus cifras, advierte: “No va a ser mañana que podamos devolver el 20%. La remontada viene poquito a poquito”. Serra emplaza a una negociación con los trabajadores. “Convendremos que si ahora salimos a la calle y preguntamos a la gente si quieren cobrar más, pocos quieren cobrar menos. Es lógico y entendemos que el sentir sea rebobinar y devolver el 20%”, admite Serra. “¿Con efectos retroactivos?”. “No, claro”, responde. “Es injusto, sí”.

Los querellantes aseguran que están recibiendo presiones para retirar la querella, bajo amenaza de más retrasos en el cobro de la nómina. La inspección laboral constató que en febrero que no se adeudaban salarios, pero los trabajadores insisten en que les paga con retraso. “Como plantilla nos sentimos engañados. Ellos mismos nos han conducido a la vía judicial…”, señala otra persona que trabaja en Clínica Santa Elena.

Según explican, el 10 de abril no habían cobrado la mensualidad. “Estamos desesperados”, dice uno de esos trabajadores: “Nos dicen que si no renunciamos al 20% habrá concurso o un ERE. Nuestro dinero está sirviendo para pagar las mejoras”.