Quince años después de que la Policía irrumpiera en el ayuntamiento de Estepona, el caso Astapa avanza lentamente hacia una resolución judicial… o hacia su conversión en algo muy distinto a lo que se presuponía. La Audiencia Provincial de Málaga retomará el próximo 7 de marzo el macrojuicio, después de cercenar de la causa todas las escuchas telefónicas que dieron lugar a una decena de detenciones, ahora declaradas ilegales. La Audiencia también ha puesto en cuestión el origen de la investigación: en un auto, los magistrados aseguran que la denuncia originaria se basaba en “unos papeles” que no contenían ningún indicio “mínimamente serio” de lo que se denunciaba.
La reanudación del juicio servirá para iniciar, ya sí, la fase de prueba y que desfilen por la sala acusados (casi medio centenar), testigos y peritos, después de que en las ocho jornadas de enero se pusiera en cuestión la validez de pruebas esenciales o la propia pertinencia del juicio. Algún abogado apuntó a la “bruma” que cubre el procedimiento. Es otra forma de decir que la participación José Manuel Villarejo, con intereses inmobiliarios en Estepona, enturbia los orígenes y motivaciones de la investigación, que supuso la detención en 2008 del exalcalde de Estepona Antonio Barrientos (PSOE) y su sustitución por su compañero David Valadez, uno de sus denunciantes.
El propio Valadez ha admitido que se reunió dos veces con Villarejo, pero asegura que después de denunciar. Villarejo sostiene lo contrario en unas grabaciones que fueron publicadas en su día por El Confidencial, en las que da a entender que monitorizó el caso Astapa desde sus orígenes. Estas son algunas de las sombras que sobre el caso Astapa arroja la presencia de Villarejo.
En las primeras jornadas del juicio, algún abogado apuntó que la denuncia inicial, interpuesta ante la Policía por los concejales de Estepona David Valadez y Cristina Rodríguez, partía de una premisa falsa: el informe pericial que supuestamente acompañaron a su denuncia, y que acreditaría que se habían infravalorado convenios de aprovechamiento urbanístico para obtener nutrir una caja B y hasta una caja C de la que obtener un lucro, no existe.
Ese informe es piedra angular de toda la investigación. La Fiscalía señaló en 2009 que los concejales denunciantes lo habían encargado a “una empresa especializada” en valoraciones. Pero la inexistencia del llamado informe Codelsa es algo que los acusados barruntaban desde hace tiempo. El pasado enero, el fiscal Valentín Bueno matizó: más que de un informe, los denunciantes siempre hablaron de “tasaciones que ellos habían recabado por su cuenta”. Y acabó diciendo que “esos papeles no demuestran absolutamente nada, porque todos esos convenios son de planeamiento, no vendían aprovechamiento”. “Yo entiendo que en aquel momento los denunciantes no sabían de qué iba eso y desde luego la Policía tampoco”.
En un auto notificado este viernes, la Audiencia Provincial confirma que el informe es en realidad “unos papeles” que alguien no identificado dio a los denunciantes, que no tienen autor conocido, fecha o firma, cuyas conclusiones se alcanzaban no se sabe cómo, que se introdujeron en la causa no se sabe cuándo (en todo caso, después de la denuncia a la que supuestamente acompañaban) y cuyo contenido es muchas veces erróneo. Es decir, que en muchos de los convenios no se producía la infravaloración que se denunciaba, según ha aclarado un perito judicial.
Antonio Barrientos, exalcalde y principal acusado, siempre ha sostenido su inocencia y ha llegado a dar ruedas de prensa cargando contra la investigación del fiscal. Uno de sus argumentos es que cuando observó algo irregular, denunció. Siendo alcalde, Barrientos interpuso siete denuncias trasladando a la Fiscalía Anticorrupción (en Madrid y Málaga) sospechas de irregularidades en procedimientos de contratación. Las denuncias se interpusieron desde noviembre de 2003 (cuando aún no se había iniciado la investigación) hasta julio de 2007 (cuando ya estaba en marcha, pero era secreta).
En una de ellas, Barrientos relata al fiscal anticorrupción de Málaga una reunión del grupo socialista previa a la celebración de un Pleno a finales de octubre de 2006: allí, David Valadez, concejal del PSOE, había advertido de que no podía votar a favor del convenio urbanístico de Cancelada porque “había recibido una llamada de la Policía y que incluso había documentos y grabaciones con respecto al mismo”. Barrientos le había solicitado los documentos “para proceder a presentar la correspondiente denuncia”, pero Valadez se excusó para salir de la sala, y ya no regresó. Tampoco acudió al día siguiente al Pleno, que finalmente acordó no tramitar ningún convenio.
Barrientos firmó la denuncia de esos hechos el 15 de noviembre de 2006, remitiéndola a la Fiscalía Anticorrupción. El 16 de noviembre los concejales Valadez y Rodríguez presentaron su propia denuncia ante la UDEF en Madrid, apuntando a Barrientos. Esta es la que prosperó, sin que Barrientos pareciera sospechar nada de lo que le venía: en mayo de 2007 integró a Valadez en la lista electoral con la que revalidó mandato. El 17 de junio de 2008 fue detenido tras intervenirse el ayuntamiento.
Valadez y Rodríguez presentaron la denuncia que dio origen a la investigación en persona ante la Sección de Blanqueo de Capitales de la UDEF en Madrid, a 600 kilómetros de Estepona. ¿Por qué se fueron tan lejos? No hay respuesta aún. Algunos encausados sospechan que esa fue la fórmula convenida con Villarejo para que este se asegurara el control de la investigación, algo que el fiscal hasta ahora rechaza. “Una cosa es el abuso (…) en casos concretos de informaciones oficiales” por el excomisario y otra que la causa arrancara con “una denuncia falsa presentada por dos concejales que eran manipulados (…) y que en realidad toda la investigación estuvo controlada por él”, escribió en un escrito de octubre de 2019.
Cuando recibió la denuncia de Valadez y Rodríguez, la UDEF estaba dirigida por José Luis Olivera, hoy jubilado e investigado en los casos Kitchen y Tándem. Este comisario es uno de comensales en el famoso almuerzo con Villarejo en el que se le escucha decir: “Tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace cinco años y luego que expliquen”.
Mucho antes de que se conociera que Villarejo contaba con colaboradores que preparaban informes policiales falsos contra políticos (Xavier Trias o el informe PISA contra Podemos), Barrientos ya había denunciado que el patrimonio que le atribuía la UDEF era una fantasía mayúscula: fondos de inversión y rentas en cinco entidades, una hipoteca, 65.000 euros de rentas del SAS y cinco cuentas bancarias.
El informe es “total y absolutamente falso”, decía el exalcalde en un escrito remitido al juez justo después de que se levantara el secreto de sumario y pudiera acceder a él. Resulta “inexplicable” que la UDEF “pueda faltar a la verdad de forma tan flagrante”. Ese informe fue determinante para su detención y la imputación de él y su madre, cuya herencia fue analizada al detalle por los investigadores. El informe llegaba a apuntar al pago de gastos de escolarización de los hijos de Barrientos a cargo de la abuela paterna.
Cuando recibió el escrito de Barrientos, el juez de instrucción admitió como hecho “incontestable” que el informe policial contenía “errores”, según un auto al que este medio ha tenido acceso. Los disculpó atribuyéndolos a la complejidad de la causa, pero rechazó relevar a los investigadores o poner en cuestión su “diligencia, objetividad e imparcialidad”.
Después de la detonación del Caso Astapa también hay señales que apuntan a Villarejo y sus tentáculos en Estepona, de donde era un asiduo desde que su hermano empezara a ejercer como párroco.
Juan Carlos Escribano es un individuo que quería obtener una licencia de primera ocupación, y que en 2008 declaró ante la UDEF que la pareja de Barrientos y el concejal de Hacienda le habían extorsionado, y que había testigos. En realidad, había informes técnicos desfavorables por la insuficiente dotación de aparcamientos de la promoción. Después, las dos testigos declararon ante el juez que nunca observaron ningún acto de extorsión. Tras llegar Valadez a la alcaldía, Escribano obtuvo la licencia. El escrito de acusación de Fiscalía recoge: “Se desconoce cuál fue la solución que finalmente permitió al Ayuntamiento conceder la licencia de ocupación en octubre de 2008”.
En aquel momento Valadez ya había nombrado gerente de Urbanismo a Diego de Lucas, que es quien finalmente concede la licencia. En una declaración ante el juez, Valadez dijo que había traído un “arquitecto de confianza que no tiene interés alguno en el municipio para poner orden” en Urbanismo.
Tanto De Lucas como Escribano aparecen como “socios” de “segundo y tercer nivel” de Villarejo en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre el entramado societario del excomisario fechado en abril de 2016, al que ha tenido acceso a este medio. En 2019 el fiscal se opuso a incorporar ese informe a la causa, emplazando a las defensas a demostrar en el juicio las “injerencias” de Villarejo, “cuya pertinencia solo puede valorar” el tribunal. La Audiencia Provincial no ha abierto un bloque sobre el origen de la investigación, pero sí ha pedido a la Audiencia Nacional información sobre el patrimonio de Villarejo.
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