Las tractoradas convocadas por redes sociales están provocando bloqueos en los accesos a enclaves estratégicos andaluces, como el puerto de Málaga, o a otras grandes ciudades, como Sevilla y Granada. Las marchas se dirigen también al puerto de Algeciras. En Córdoba, los tractores se están concentrando en el recinto ferial del Arenal, después de marchar desde primera hora por la N-342, que ha quedado cortada. También han cortado la A-4 a su paso por La Carolina (Jaén).
Por la tarde, el acceso al puerto de mercancías malagueño sigue cortado. Una docena de camiones, con cinco furgones policiales custodiándolos, cortan el paso a la vía de entrada de camiones. Los agricultores no dan pistas de cuánto prolongarán la protesta. “Una semana, por lo menos”, dice uno con tono jocoso, asegurando que tienen provisiones para resistir mientras señala un salchichón. “Hasta que nos digan”, informa otro. Cuando se le pregunta de quién esperan instrucciones, recula y dice que de nadie, porque ellos se autogestionan.
Los agricultores, convocados al margen de las grandes asociaciones del sector a una protesta en toda España, denuncian el alza de los insumos, el exceso de regulación, la competencia desleal de los productos agrícolas marroquíes y la escasa defensa que de sus intereses hacen las distintas administraciones. “Málaga: ¿vas a comer turistas?”, se preguntaba desde una de las pancartas al final de la Alameda de Colón. Hay también muchas referencias a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (adoptada por la ONU en 2015). Esto facilita que a veces la conversación derive hacia derroteros cercanos a la conspiranoia y más alejados de la situación agrícola.
“Las políticas se hacen desde los despachos sin conocer el campo. Nos dicen lo que tenemos que hacer cuando no hay que hacerlo: ahora nos dicen que no podemos arar los olivos para mantener la cubierta vegetal, pero así es como si no lloviera y no entra el abono. Se meten hasta la manera de organizar el trabajo”, protesta María Dolores Bravo, que explota junto a su hermana y un trabajador unas 200 hectáreas de olivar y cereal en Ardales. Salió a las 21:30 del lunes desde su pueblo en su tractor, y llegó a Málaga a las 2:00 de la mañana, cortando, junto a otros doscientos vehículos, los accesos al puerto.
Bravo, que empezó ayudando a su padre, cuenta que antes tenían cinco trabajadores, pero ahora no les da para mantenerlos fijos. De Torrox, en el extremo oriental de Málaga, ha venido Jorge Sánchez, que dice que la producción de calabacinos ya no le da para pagar a sus cuatro empleados. Desde que no puede usar agua del embalse de La Viñuela (por debajo del 7,5%, en su mínimo histórico), la factura ha pasado de 250 a unos 1000 euros mensuales.
El agua depurada es más cara y es ligeramente salada. Y la de pozos hay que bombearla cada vez desde más abajo, lo que encarece la factura energética. Ahora el agua se paga a 30 céntimos el metro cúbico, y se calcula que costaría un euro si hubiese desaladora, pero Alejandro Navas, también de Torrox, dice que el problema no es que sea cara, sino que no hay, y por eso pide una desaladora ya. “Nosotros los costes los soportamos. Si el agua es más cara, pues más cara. Pero primero dame agua, y segundo, no me compitas deslealmente con Sudamérica y Marruecos, que meten productos y bajan el precio del mío”. Los agricultores denuncian que la legislación de estos países no impone los controles de fitosanitarios que sí existen en Europa.
Se apunta al agua, pero también a la burocracia y a la rigidez, excesiva a juicio de estos agricultores, que impone la normativa europea, en contraste con la laxitud de los productos marroquíes con los que compiten. El cierre de la frontera francesa ha agravado el problema. “Almería está sobreproduciendo porque estamos en temporada, y como no pasa a Francia reparte los productos por España. Marruecos viene detrás y los almacenes no puede coger todo lo que se está produciendo”, explica Navas, que tiene 10 hectáreas de aguacates y mangos y 10.000 metros cuadrados en invernadero.
En Comares, en la alta Axarquía, tiene José sus aguacates y mangos de producción ecológica. Toma el agua de pozos, y cuenta que para poner en producción un campo de aguacates se necesitan ocho años, y cuatro para el mango. “Todo ese tiempo sin recibir nada. Por eso no hay relevo generacional. ¿Quién se va a quedar las tierras?”, se pregunta, antes de responderse a sí mismo: “Grandes multinacionales: a mi padre le llamaron fondos de inversión italianos para sus tierras de tropicales. Saben que el sector se va a automatizar con la Inteligencia Artificial. Pasa lo mismo con las tiendas. Cada vez concentramos más el capital en pequeñas empresas”.
Los cortes de tráfico más relevantes en Andalucía se han producido en la A-92, a la altura de Huétor-Tájar, y en la A-4, en el kilómetro 269, además de otras carreteras secundarias. La protesta llevaba fraguándose varios días al margen de las asociaciones sectoriales, aunque ninguna fue comunicada a Subdelegación de Gobierno.
Los agricultores malagueños, llegados de toda la provincia, cortaron con sus tractores los accesos al puerto en tres puntos. Desde las 6 de la mañana, un helicóptero sobrevolaba la autovía de acceso. Los accesos de San Andrés y Alameda de Colón al Puerto fueron bloqueados con tractores, también colocados en las inmediaciones de la autoridad portuaria, donde han ardido algunos neumáticos.
La Policía Local ha cortado el tráfico en el eje litoral y Alameda de Colón. En Antequera, impidieron que los camiones descargaran en los centros logísticos de los grandes supermercados. También hubo protestas en Ronda dentro del llamado movimiento #f6. Es un movimiento aparentemente horizontal, sin un liderazgo por ahora definido, y coordinado por Whatsapp.
Ante las críticas de quienes protestan hacia las organizaciones agrarias, el presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha defendido el “trabajo diario” que realizan: “Llevamos muchos años trabajando en esto, no puedo entender que se diga que no se sienten representados”. Las organizaciones agrarias han convocado para el próximo 14 de febrero una protesta para exigir la flexibilización de la Política Agraria Común de la Unión Europea, que a su juicio está en la raíz del problema.
Este mismo martes, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen ha anunciado la retirada de la propuesta normativa con la que pretendía reducir a la mitad el uso de pesticidas: “La Comisión propuso la regulación para el uso sostenible de los pesticidas (SUR), con el digno objetivo de reducir los riesgos de los productos fitosanitarios químicos fitosanitarios. Pero la propuesta SUR se ha convertido en un símbolo de polarización”, ha expresado la presidenta del gobierno comunitario en un debate en la Eurocámara: “Por ello propondré al Colegio de Comisarios retirar esta propuesta”.
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