El “traje a medida” del Ayuntamiento de Marbella para una plaza pública: “Sabía perfectamente que había creado un concurso 'ad hoc'”

A Álvaro Díaz, un joven español expatriado en Viena, se le abrió una oportunidad de oro para regresar a España a comienzos de 2018. El Ayuntamiento de Marbella acababa de convocar un concurso-oposición para una plaza de coordinador de Cultura interino, y él tenía un magnífico currículum para ese puesto: brillante Licenciatura en el Centro de Estudios de Bellas Artes de la Universidad Complutense, especialización en la School of the Art Institute de Chicago y estancias o trabajos en instituciones culturales en Los Angeles o la capital austriaca. Nada mal para pelear por la plaza y, quizás, regresar a la Costa del Sol, después de años alejado de su familia.

Sin embargo, enseguida empezó a observar cosas extrañas: una convocatoria sin firmar que desapareció enseguida de la web municipal, una lista provisional de admitidos publicada antes de que se acabara el plazo para presentar candidaturas, una exclusión irregular… Aquel proceso era raro, y pronto le llegó un rumor: el Ayuntamiento de Marbella había confeccionado un “traje a medida” para asignar el puesto a un candidato preseleccionado, al que llevaba más de dos décadas haciendo contratos encadenados.

Una sentencia, dictada por el juzgado de lo contencioso-administrativo 6 de Málaga, acaba de concluir que el rumor era cierto. Declara que todo el proceso es nulo y que el Ayuntamiento marbellí debe indemnizar a Díaz como si lo hubiese tenido contratado todos estos años. El Ayuntamiento no sólo ignoró los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública, sino que durante cuatro años ha entorpecido el derecho de Díaz a recurrir la decisión.

Díaz cree que el episodio arroja dudas sobre la gestión del propio museo: “Es muy grave que el protagonista de una condena judicial en juicio cerrado siga gestionando fondos públicos”. La persona designada, Germán Borrachero, niega trato de favor. “Facilidades no tuve ninguna, que yo sepa. No sé si me hicieron favores por detrás, pero no creo”.   

La sentencia ha sido recurrida por el Ayuntamiento, que no ha hecho comentarios a este medio.

Méritos exigidos: el CAP y un curso extinguido

“Son buenas noticias, pero también tristes, ver a un juez echando tal rapapolvo al director del Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella, el Sr. German Borrachero y a su Ayuntamiento por amañar su cargo”, dice Díaz, que hoy tiene 40 años y sigue trabajando en el extranjero. Hace dos años pidió a sus abogados que no le contaran nada: “Se me revolvía el estómago”.

Sin embargo, se embarcó en una batalla judicial porque sentía que le habían arrebatado algo. “Tal y como plantearon las oposiciones, yo gano”, declaró a este medio hace ahora dos años. Díaz sentía rabia, pero sobre todo impotencia por haber sido engañado y privado de competir en justa lid por un puesto para el que se veía capacitado.

Su objetivo era volver a España, pero tanto él como otro candidato con el que pudo hablar elDiario.es Andalucía pronto sospecharon que el Ayuntamiento tenía otros planes. “Esto tiene nombre y apellidos”, les dijeron. El candidato que finalmente fue seleccionado llevaba desde 1993 encadenando contratos en el consistorio, parte de ellos como responsable del Museo del Grabado. Cuando los socialistas llegaron a la alcaldía, en 2016, decidieron no renovar su contrato ante el riesgo de que una sentencia obligara a incorporarlo como indefinido. Cuando regresó el Partido Popular, en 2018, convocó el concurso-oposición para coordinador de Cultura con el que Borrachero pudo volver a la estructura municipal. “Se encargó un trabajo, se hizo una entrevista y hubo que presentar méritos y currículum. Creo que podía tener a favor que llevaba 20 años dentro del museo”, comenta hoy Borrachero.

Las bases daban la máxima importancia a disponer de una especialización técnica en grabado (dos puntos) y del curso de aptitud pedagógica o el máster en formación del profesorado de educación (un punto). Se hacía una concreción “minuciosa” en el ámbito de grabado “cuando la cultura abarca tantísimas ramas actualmente”, se sorprende el juez. La convocatoria llegaba incluso a valorar la presentación de un título en concreto, “Especialidad en técnicas de grabado”, que sólo existió hace años en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, justo donde estudió el candidato seleccionado. Cuando Díaz probó que había estudiado grabado como asignatura anual en la Complutense se lo valoraron con cero puntos. También se valoraba el CAP, cuando no parece que el coordinador de Cultura en Marbella tenga vaya a dar clases en ningún centro docente.

“Sólo cabe, para justificar esos extraños requisitos formativos tan poco comunes (…) que se hizo atendiendo a los títulos académicos que don Germán [el candidato seleccionado] tenía y, así, fácilmente justificar una mayor puntuación”, concluye el juez, que achaca al consistorio el diseño de un “traje a medida”.

Las administraciones, dice la sentencia, tienen un amplio margen para fijar qué méritos y capacidades quieren valorar, pero de forma abstracta y sin que sirva para encubrir una designación a dedo.

Principios constitucionales “abiertamente vulnerados”

El juez reprocha al Ayuntamiento de Marbella que ignorara los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para cubrir este puesto. Y recoge una reflexión general que afea a las administraciones locales la insistencia en saltarse estos principios: “Esta máxima presenta numerosas dificultades de aplicación por la insistencia de las administraciones públicas y, en particular de las locales, en el desarrollo de procedimientos selectivos que, con propósitos encubiertos, diseñan méritos y exigen requisitos de capacidad en el acceso a la función pública y al empleo público, que poco tienen que ver con unos principios constitucionales que se ven así abiertamente vulnerados”.

También afea al consistorio su actitud durante el proceso, al que puso todos los palos en las ruedas. Primero, retrasó el envío del expediente al juzgado, que tuvo que apercibirle. Después, lo remitió “intencionadamente incompleto”. Así sigue a día de hoy: no ha entregado la documentación que supuestamente presentó el candidato ganador. Además, “acudió a la vía fácil” de ignorar las alegaciones del actor en vía administrativa y después trató de evitar la judicialización del asunto contestándolas meses más tarde.

Los argumentos de fondo del Ayuntamiento tampoco convencieron al juez: “Acudió al recurso rápido pero carente de fuerza de simplemente negarlo sin dar más explicación”. El Consistorio tan sólo dijo que no era una convocatoria ad hoc, a lo que el juez replica literalmente: “Excusatio non petita, accusatio manifesta”.

La sentencia anula todo el proceso por vulnerar el derecho al acceso en igualdad a la función pública. El Ayuntamiento deberá convocar nuevamente la plaza, e indemnizar a Díaz con la remuneración que hubiese recibido como coordinador de cultura. También deberá pagar las costas: “La administración sabía, perfectamente, que había creado un concurso o convocatoria, usando las propias palabras de la letrada ad hoc; y, sin embargo, trató en todo momento de obstaculizar el procedimiento”. El consistorio marbellí defendió una convocatoria “especialmente trazada para una persona concreta”, impidiendo a Díaz acceder a la plaza y obligándole a gastar su dinero en abogados durante cuatro años, censura el juez.

“El juzgado hace muchos reproches a la conducta del ayuntamiento dada la evidencia y la gravedad de la situación”, señala Alejandro García, del despacho Rojano Vera, que ha representado a Díaz ante los juzgados

Recurso del Ayuntamiento

El Consistorio ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En el recurso alega que sí mencionó en la convocatoria que el coordinador de Cultura tendría “especial dedicación” en el Museo del Grabado Español Contemporáneo, lo que justificaría los particulares requisitos que exigió a los candidatos.

“Echo de menos España y a mi familia, pero yo ya he hecho mi vida fuera”, dice Díaz, que asegura que proseguirá la batalla judicial por “responsabilidad”. Su objetivo es propiciar una “mano justa, que no esté amañada por una pandilla de catetos sin escrúpulos”. Por ahora, ya ha logrado convencer a un juez de que, como sospecharon él y otros candidatos, aquel concurso-oposición en el que puso tantas esperanzas tenía nombre y apellidos.