La trama criminal de Marbella abre una grieta en la serenidad del PP andaluz tras 100 días de Gobierno

El Gobierno de Juan Manuel Moreno, plácidamente asentado en la mayoría absoluta del PP, ha cumplido esta semana sus primeros cien días sin sobresaltos ni aspavientos. El presidente andaluz ha sorteado con cierta comodidad la escalada inflacionista, cuatro meses consecutivos de subidas del paro y el estado de alarma por la sequía (con los pantanos al 22% de su capacidad).

En cinco meses se han aprobado ocho proyectos de ley –rescatando los que se quedaron en el cajón con la disolución del Parlamento por el adelanto electoral– y Moreno lanzó su sexta bajada masiva de impuestos, que colocó a Andalucía en el epicentro del debate fiscal en España, y situó a Moreno como referente nacional del PP frente a Pedro Sánchez, pero también frente a Isabel Díaz Ayuso.

Pero la luna de miel terminó el jueves pasado, cuando los grupos de la oposición en el Parlamento lograron, por primera vez, torcer el gesto del presidente en una sesión de control, al meter en el diario de sesiones referencias directas a la trama criminal que salpica al Ayuntamiento de Marbella, uno de los bastiones políticos y simbólicos del PP andaluz.

“El asunto es muy turbio”

La Audiencia Nacional investiga una red internacional de narcotráfico que supuestamente blanqueaba dinero a través de obras urbanísticas adjudicadas por el Consistorio marbellí a empresas pantallas ligadas al marido y el hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz. La investigación no implica directamente a Muñoz, pero sí abunda en detalles sobre las influencias políticas en Marbella que usó su hijastro, de nacionalidad sueca, en un entramado del que se perciben “delitos relacionados con la corrupción. ”Tenemos la Junta de Andalucía, tenemos Marbella, tenemos Estepona, tenemos todo. La ciudad es nuestra. Básicamente, tenemos toda la jodida Andalucía“, se le oye en una de las conversaciones telefónicas intervenida por la Policía Nacional, y publicada por este periódico.

Ese “tenemos la Junta de Andalucía” remite directamente a la victoria del PP en las elecciones del 19 de junio. “El asunto es muy turbio, esté o no esté imputada”, admitía el jueves un alto dirigente popular en los pasillos del Parlamento, durante un receso del Pleno. Los populares reconocen en privado “inquietud y preocupación” sobre este asunto, pero la orden es no manifestarse públicamente al respecto y se ha impuesto el silencio como respuesta. Ni una palabra más. El argumentario llega hasta aquí: “la alcaldesa no está imputada”, el caso que salpica al Consistorio marbellí ya “fue archivado”, y “respeto a la justicia”. Hasta ahí.

Ni Moreno ni ningún alto dirigente del PP andaluz ha querido confirmar públicamente la candidatura de Muñoz a la reelección, a siete meses para las elecciones municipales.

El coordinador general del partido, Elías Bendodo, eludió responder a esta pregunta el viernes en Málaga, remitiendo a la dirección regional y provincial del PP, que preside Patricia Navarro, persona de su total confianza. “Sobre esta cuestión me remito a la presidenta provincial, que ha sido muy clara, y la respaldo evidentemente”.

Navarro no se ha pronunciado públicamente sobre la trama marbellí. Su número dos, el diputado José Antonio Carmona, sí declaró el pasado 26 de octubre que el asunto “nada tiene que ver con la gestión de la alcaldesa marbellí”. Desde el 26 de octubre hasta hoy, este diario ha publicado nuevos extractos de la investigación sobre Marbella, con adjudicaciones públicas y correos bajo sospecha.

La candidatura de Marbella, en el aire

La responsabilidad de Bendodo, como número tres del PP nacional, llega hasta las candidaturas de las capitales de provincia, pero Marbella –con 142.000 habitantes– queda fuera de sus competencias, advierte una fuente de su entorno. Sin embargo, el también diputado malagueño presidió el PP de su provincia durante tres lustros, sigue ejerciendo un peso notable en la dirección que heredó su sustituta y sigue siendo, de facto, uno de los consejeros áulicos del presidente Moreno. “Es difícil pensar que nada se mueva en su territorio sin que pase por su mano”, advierte un parlamentario de su provincia.

La trama criminal de Marbella se ha colado en el Parlamento andaluz con dos consecuencias inmediatas: ha despertado al principal partido de la oposición, el PSOE, que encuentra en la sombra de la corrupción sobre el PP una vía para zamarrear la estabilidad del presidente. Y ha crispado los nervios de los populares y del entorno de Moreno, que el jueves esquivó los tres intentos de sus rivales para que se pronunciase en sede parlamentaria sobre el caso de narcotráfico y blanqueo que salpica a su compañera de partido.

El presidente andaluz se remitió al reglamento de la Cámara para esquivar las referencias que Manuel Gavira (Vox), Inmaculada Nieto (Por Andalucía) y Juan Espadas (PSOE) introdujeron en sus preguntas durante la sesión de control. “Me remito a lo que dice textualmente su pregunta”, le dijo Moreno a Nieto, tras reconocer que había un cierto margen en el hábito parlamentario para colar de soslayo otros temas en los cara a cara con el presidente, aparte de los que recoge la pregunta que los grupos le dirigen. “Esto está pasando en Andalucía, no en la luna. Son hechos muy graves y requieren de una valoración política del presidente de la Junta”, le inquirió Espadas. “Es muy feo su silencio sobre la escandalera de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella”, abundó Nieto.

Tema de debate parlamentario

La resistencia del PP a que la trama de Marbella se convierta en un tema de debate parlamentario, vinculando al partido de Gobierno con un caso de corrupción y narcotráfico, quedó patente en la mañana del jueves, cuando la Mesa de la Cámara frenó una pregunta de máxima actualidad del PSOE para que el consejero de Presidencia se pronunciara al respecto. El máximo órgano de dirección del Parlamento, controlado por la mayoría absoluta del PP, no quiso admitir la pregunta de los socialistas, argumentando que el asunto “era de competencia municipal” y que las ayudas de la Junta por las que se interesaban, y que fueron a parar al Consistorio marbellí, eran de 2011.

El PSOE acusó al presidente de la Cámara, el popular Jesús Aguirre, de “vetar” su pregunta y ejercer su labor como un “cacique”, presentó un escrito de reconsideración a la Mesa y exigió que se plasmase el rechazo por escrito para conocer los argumentos jurídicos, si los hubiera.

Horas después, Aguirre convocó a los miembros de la Mesa de forma extraordinaria al finalizar el Pleno para “zanjar” la polémica, sin esperar una semana más. En la reunión se presentó, no un informe firmado por el letrado mayor, sino una resolución del órgano rector de la Cámara en el que se ratificaba en su rechazo a la pregunta del PSOE por “razones técnicas”. La decisión fue aprobada con los votos en solitario del PP, puesto que los miembros de Vox apoyaban la iniciativa socialista. De puertas para fuera, los socialistas deslizaron que el presidente del Parlamento andaluz es el primo de la alcaldesa de Marbella y que, “quizá”, debió haberse “abstenido” en la votación.

Aquella reunión extraordinaria, celebrada cuando ya había caído la noche sobre el Parlamento, presenció una discusión “acalorada” entre los grupos. Los socialistas acusan a los populares de haber “amenazado” a la vicepresidenta segunda de la Mesa, Irene García, con “investigar” su gestión anterior como alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y llevar preguntas al respecto al Parlamento, si persistían en su interés por la trama de Marbella; los populares afean a los socialistas de haberse “inventado una cortina de humo” para tapar la inminente entrada en prisión del ex presidente José Antonio Griñán, condenado por malversación y prevaricación por el macrofraude de los ERE.

Marbella tiene la renta per capita más alta de la Costa del Sol, se popularizó en los años 90 bajo la sombra turbia de su alcalde, Jesús Gil, fue el primer municipio andaluz intervenido por la Junta por sus desmanes urbanísticos y el escenario de la mayor trama de corrupción en pleno boom inmobiliario (el caso Malaya).