“Se me está haciendo largo el tiempo…”. Francisca González tiene 83 años, cinco hijos y un padre que el franquismo le robó dos veces. Primero se lo robó en vida, cuando se lo llevó a la fuerza al frente; la segunda vez se lo robó ya muerto, cuando escondió y hurtó su cuerpo para trasladarlo junto a la tumba del dictador. Ochenta años después, la democracia todavía no le ha devuelto lo que la dictadura le quitó.
Ella ya se ha realizado una prueba de ADN, y ha logrado una resolución de Patrimonio Nacional que reconoce que tiene derecho a exhumar a su padre, Juan González Moreno. Sin embargo, aún no sabe cuándo podrá hacerlo y teme no llegar a tiempo. “Quiero dejarlo hecho antes de morirme y sólo pido que me lo den”, dice.
En el salón de su casa, Francisca muestra las cartas del frente conservadas con mimo, y cuenta que para su padre, que nunca quiso ir a la guerra, no había mejor momento que el de escribir. Juan fue reclutado a la fuerza, como muchos otros en los territorios tomados por los sublevados. Si el hombre acabó del lado sublevado fue por un cúmulo de malas casualidades.
Era el menor de tres hermanos, dos de ellos combatientes por la República. Se había casado con María y acababa de nacer su hija, Francisca, el 9 de febrero de 1937, justo cuando por Arriate (Málaga) pasó el ejército del sur de Queipo de Llano. Todas estas circunstancias le eximían de ir al frente, pero Juan no pudo demostrar con papeles lo que todos en el pueblo sabían: que estaba casado.
“Tenían los papeles de mi bautizo, pero no consiguió los papeles del casamiento porque se habían quemado”, relata su hija, en referencia a los saqueos e incendios que sufrió Málaga en los últimos meses de 1936. Francisca también cree que alguien del nuevo poder municipal lo señaló para sustituir en la guerra a otro vecino. “Si no, ¿por qué se lo iban a llevar?”.
El caso es que Juan acabó en el frente. Unas semanas escribía desde Sevilla, otras desde Granada de Ríotinto (Huelva), o desde Córdoba, hasta que dejó de hacerlo, porque una bala perdida fue a alcanzarle de rebote en el campo de batalla de Montemayor (Córdoba). Y aunque no lo mató, fue acabando con él poco a poco, hasta que falleció en un Hospital de Jerez.
Trasladado al Valle de los Caídos
“Mi madre estuvo dos meses sin saber de él” hasta que llegó la partida de defunción. Allí se decía que lo habían enterrado en Jerez. ¿Dónde? ¿Cómo podían recuperar sus restos? Ahí empezó otro calvario.
“¡Cuántas veces iría mi madre a Jerez!”, recuerda hoy su hija. “Lloró todos los días de su vida” y mantuvo el luto hasta que falleció. Con los años, encargó hacer un montaje fotográfico donde aparecieran los tres: Juan, María y su hija Francisca, porque no les dio tiempo a fotografiarse en vida.
También Francisca fue, a escondidas, a buscar en aquellas fosas comunes de Jerez, donde nadie le daba razón de su padre. Hasta que una de sus hijas dio con un archivero que se apiadó de la familia. “Vamos a mover todos los archivos hasta que lo encontremos”, les dijo. Y allí estaba el nombre de su padre (consignado como soltero y gaditano) que su madre nunca pudo ver, y una inscripción a mano: “24 de marzo de 1959”.
En esa fecha, los restos de Juan González Moreno fueron llevados a Madrid, a la fosa común de Cuelgamuros, junto al que su hija considera hoy su verdugo. “Yo tenía 22 años. A ver si no podían habérmelo dado entonces…”, lamenta.
En Cuelgamuros están enterrados 33.815 cadáveres, 21.423 de ellos identificados, según el mapa de fosas elaborado por el Ministerio de Justicia. Francisca fue a visitar el lugar la pasada primavera, y asegura que no volverá si no es para traer de vuelta a su padre. Durante la visita, tomó fotos del lugar, con humedades y sin iluminación. También de la caja donde reposan los restos de su padre tras la capilla del Santísimo, junto con los restos de otras personas sin identificar. Está apilada de mala manera, y muestra signos evidentes de deterioro. Nada que ver con el mausoleo que se reservó el dictador.
Víctima del franquismo
Una resolución de la ministra de Justicia, fechada el pasado 12 de marzo, reconoce que Juan González Moreno fue una víctima del franquismo, tanto en vida como fallecido: “Padeció las consecuencias de la Guerra Civil y de la Dictadura, al haber sido reclutado forzosamente por el bando golpista y enviado al frente –en lugar de a la retaguardia como le habría correspondido por tener cargas familiares-, falleciendo por herida de guerra y siendo inhumado en el Valle de los Caídos, sin conocimiento ni autorización de sus familiares”.
Ahora, sus familiares batallan para poner fin a la situación. A Francisca, que tiene una resolución que reconoce su derecho a exhumar, le explicaron cómo será el proceso, pero no le dijeron cuándo se hará. Eduardo Ranz, abogado de la familia, explica que sólo falta que el equipo técnico se ponga a la labor. Pero para ese paso, que debe autorizar el presidente de Patrimonio Nacional, aún no hay fecha.
El organismo ha pedido recientemente nuevas aclaraciones al Instituto Eduardo Torroja del CSIC, que le ha entregado un informe en el que concluye que es posible el acceso y la extracción de cajas sin dañar la estructura de la cripta, tal y como explicó eldiario.es esta semana.
Francisca teme que un Gobierno de derechas pueda retrasar todavía más la ejecución de la resolución. Ha vivido la exhumación y traslado del dictador con alegría, pero no es suficiente. “Creo que sólo somos dos hijos los que queremos recuperar a nuestros padres de allí”, señala. Francisca, que apenas pudo conocer a su padre, le ha guardado un lugar junto a la tumba de su madre: “Lo tengo todo preparado, así que hagan el favor de sacarlo, que yo ya tengo 83 años, y quiero dejármelo en su sitio”.