El oficio de los vigilantes de la playa andaluces, recordar las normas y aguantar la sorna: “¡Míralos, los de los 1900 euros!”

Nada distinguía este lunes de cualquier otro día de verano en la playa de la Misericordia, en Málaga. Había partidos de voleibol y alguna carrera, sombrillas y bañistas, y tenderetes con amigos. Como si al virus lo frenase la arena, un murete parecía hacer de frontera entre el mundo aparentemente feliz y despreocupado, de otro donde la mayoría paseaba con mascarillas.

Para recordar que en la playa también hay normas, la Junta de Andalucía ha contratado a 3000 auxiliares, desplegados a lo largo de los más de 800 kilómetros de playas andaluzas. 130 de esos informantes están en Málaga capital. “Nuestra labor es informar”, dice con énfasis Javier Ortiz, uno de ellos. Tiene 46 años, es administrador de sistemas informáticos, lleva seis meses en paro, y recorre con Daniel Ruiz el paseo marítimo frente a la playa de la Misericordia. Son dos kilómetros de playa, con un aforo máximo de 50.700 personas, que la tarde del lunes cubren seis auxiliares con horario de 15.00 a 21.30 horas.

“Son reglas bastante básicas para evitar que el coronavirus se extienda, la mayoría están en el cartel. Nosotros sólo las recordamos”, dice uno de ellos. Por ejemplo: informan de cuánto se tienen que separar entre sombrilla y sombrilla (“en principio, dos metros”), de qué distancia hay que dejar hasta la orilla (cuatro metros), de que hay que ir con chanclas a la ducha. En cada turno, unos 20 o 30 avisos, aseguran. Si creen que la playa supera el aforo deben notificarlo a la Policía Local.

Ambos lo tienen claro: informan, pero no ordenan. Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado suspender el plan, tal y como pedía el Sindicato de Trabajadores de la Seguridad de Andalucía, que entienden que las funciones de los informantes invaden sus competencias laborales. El tribunal rechaza el argumento: el plan se ciñe, dicen los jueces, “a labores de información de usuarios, control de tránsito y de acceso a las instalaciones asignadas y denuncia de los incumplimientos observados”.

“Nosotros no somos ley. Solo estamos para informar”, resalta Daniel Ruiz. Sin embargo, a veces la línea es algo difusa. “Empezamos diciendo que estamos para informar, pero intentamos desanudar el problema”. Apelaciones a la buena fe, “algo muy salomónico”, comenta Ortiz. Esto ocurre sobre todo en pequeños conflictos territoriales: “La frase preferida es ”yo he llegado antes“. Pero eso nosotros no lo sabemos… Al final, la gente se separa y por regla general se comporta de manera cívica”.

Si hay algún problema, debe ocuparse la Policía o el 112. El viernes, Ortiz encontró a un niño perdido.

“Míralos: los de los 1900 euros”

Los informantes se están topando con el recelo y la sorna de algunos bañistas. La naturaleza del trabajo (pasear, observar, hablar) y el supuesto salario (de hasta 1900 euros netos al mes, según se ha publicado reiteradamente) les han convertido en carne de comentario. “Míralos, los de los 1900 euros”, les dicen. Hay quien señala la playa desde el paseo y les insta a separar a quienes toman el sol. Otros les han grabado mientras hablaban por teléfono o usan sus minutos de descanso. Una compañera acabó llamando a la policía después de que la insultaran poniendo en duda sus méritos para lograr el trabajo.

“Hay gente que dice ”¿por qué no soy yo?“ En el país de la envidia, ¿cómo no lo van a decir?”, comenta Ortiz, que se defiende: “Estaba publicitado en la página de empleo de la Junta de Andalucía, que podía ver cualquiera. Si estás buscando trabajo continuamente lo encuentras. Abrieron a las dos menos veinte y yo lo eché a las dos”. “A quien esté enfadado, le invito a que venga a echar seis horas y media al sol”, señala su compañero.

Carolina Ortiz, secretaria general de la federación de Servicio a la Ciudadanía de CCOO de Málaga, admite que el proceso “nació un poco mal”: “El primer anuncio por parte de Elías Bendodo [consejero de Presidencia] creó unas expectativas que no eran reales”. La primera, el salario. “Tengo serias dudas de que vayan a llegar a esos 1.900 euros”. Se trata de trabajadores del Grupo V, y el convenio al que se remite su contrato queda muy lejos de ese sueldo. “¿Podrían cobrarlos? Es verdad que van a trabajar fines de semana, tardes, turnos, quizá alguna hora nocturna... Es posible que con complementos puedan llegar, pero no sabemos porque no sabemos horarios o cuadrantes”, señala la sindicalista.

A este salario generoso, pero dudoso, se añadió una convocatoria exprés con un plazo de 24 horas y el orden de llegada como único criterio de selección. Muchos lo ignoraban, según Ortiz: “La Junta nos había dicho en la mesa sectorial que el criterio iba a ser de llegada, pero no se estableció en la convocatoria, y no todos lo sabían”. Se recibieron más de 84.000 solicitudes, 29.498 de ellas en Málaga. En total, la Junta seleccionó a 3.004 informantes, 902 en la provincia. Hicieron un curso online de 20 horas y la mayoría se incorporó el 15 de junio, aunque algunos se han incorporado días más tarde.

“Si las expectativas fueron muchas, las reclamaciones también”

Todo esto se ha sumado para arrojar una sombra de sospecha sobre el proceso, que se extiende a los propios vigilantes. El salario, el volumen de descartados y el desconocimiento de que se seleccionaba por orden de llegada anticipa un aluvión de protestas. “Si las expectativas fueron muchas, las reclamaciones también”, señala Ortiz, que asegura que el sindicato ha recibido quejas de familiares que presentaron la solicitud a la misma hora, unos con respuesta y otros sin ella; de seleccionados que recibieron el contrato y un plazo de dos horas para presentarlo firmado; o de candidatos que se presentaron sin saber que la selección sería por orden de llegada porque el BOJA no lo establecía con claridad.

Comisiones Obreras ha pedido por escrito información oficial de las solicitudes por provincia, del orden establecido, y del final de la hora de llamada, para poder cotejar estas reclamaciones y valorar sus próximas acciones.

Elías Bendodo ha defendido el proceso ante las críticas del PSOE, que calificó el plan de “chapuza” y alertó de la falta de transparencia. “Esa es la Andalucía del pasado. Donde para entrar a trabajar en la Junta de Andalucía había que tener el carné del PSOE. Ahora sólo hace falta sólo un carné: el DNI, es el único que pedimos (…) Se ha hecho la contratación con toda transparencia. Estoy convencido de que el PSOE se va a tener que retractar de esas acusaciones”, señaló el consejero.

Ortiz y Ruiz viven ajenos al rifirrafe político, pero este trabajo de verano les ha puesto en el foco. “Te puedo asegurar que no tengo enchufe”, dicen. Esa es por ahora su cruz. Del trabajo tienen poca queja. “Soy positivo: si en un día le dices a 30 personas que se separen, y se quejan dos… No es mala media. En otros sitios puede ser peor”, dice uno, antes de que el otro se acerque a pedirle a una niña que, por favor, se calce sus chanclas. Son las ocho de la tarde, hora de prestar atención a las duchas. Luego siguen paseando.