La exconsejera de Presidencia de la Junta de Andalucía y senadora socialista, Mar Moreno. ha aseverado este martes ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Alberto Jorge Barreiro, que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, que ella tenía una “absoluta falta de relación” tanto “temporal” como “material” o “competencial” con este asunto.
En declaraciones a los periodistas tras haber comparecido ante el instructor durante una hora y media en la que ha sido la más breve de las declaraciones en el Supremo, Moreno considera que esa situación queda “suficientemente acreditada” con los informes de la Guardia Civil y con las dudas que ella ha podido “despejar” ante el juez instructor.
Además ha señalado que se siente “razonablemente satisfecha” tras haber comparecido ante el juez aunque ha puntualizado que, en un “trance de este tipo”, es “imposible estarlo del todo”.
La exconsejera ha insistido en que ella no tuvo relación “temporal, material o competencial” con el caso, por lo que ha expuesto su “plena confianza” en el pronunciamiento de la justicia. En ese sentido ha incidido que en democracia es “tan importante perseguir los delitos y castigar a los culpables como defender el honor de los inocentes”.
GRIÑÁN PIDIÓ COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA
Por otro lado, fuentes presenciales en la declaración han explicado que ante el juez instructor Moreno ha dicho desde que se conocieron las supuestas irregularidades con los intrusos de los ERE y las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla la Junta colaboró con la Justicia.
La exconsejera ha aludido al entonces presidente de la Junta, José Antonio Griñán, para explicar que él mismo le había pedido que Presidencia colaborara con las peticiones judiciales que pudieran llegar. Moreno también ha explicado que, además, se comenzaron a tomar medidas para evitar que las situaciones supuestamente irregulares se pudieran repetir.
Sobre su asistencia a los denominados 'consejillos', Moreno ha explicado que sólo asistió al primero para saludar y desear suerte a los viceconsejeros y que delegó en el número dos de Presidencia sus funciones en los mismos al considerar que eran reuniones de trámite y que tenía otras atribuciones que le exigían más dedicación, como la portavocía del Gobierno.
Según las mismas fuentes, Moreno ha sido preguntada por la organización y labor de la Consejería de Empleo que ella también dirigió, previsiblemente para establecer una comparación con la Consejería de Empleo.
ÚLTIMA COMPARECENCIA
La de Moreno ha sido la última de las declaraciones prestadas durante las dos últimas semanas por los cinco aforados, tras las del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, y el exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías.
Para poder interrogar a la senadora, el instructor ha tenido el resultado de la investigación que encargó al Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la propia Moreno y Zarrías.
En este atestado, los agentes señalan que durante el tiempo en el que Moreno ocupó el cargo “no presidió ninguna sesión de la Comisión en la que se adoptaran acuerdos relacionados con los hechos que se investigan, ni tampoco sesiones en las que se diera lectura y aprobación de acuerdos de reuniones anteriores”.
“De hecho, Mar Moreno, durante el tiempo que fue consejera de Presidencia solo asistió y presidió una sesión de la Comisión de Viceconsejeros, la que se celebró el 1 de septiembre de 2010, y en la misma no se llegó a tratar ninguna propuesta relacionada con los hechos que se investigan”, apuntan los agentes en este atestado entregado al instructor de los ERE en el Supremo.
SUPLICATORIOS PENDIENTES
Ahora, una vez concluido el calendario de citaciones de aforados, el juez Barreiro tiene pendiente solicitar, en su caso, el suplicatorio a las Cortes respecto a todos o alguno de los cinco aforados.
No obstante, previamente, el magistrado podría resolver otras diligencias, como la petición de comparecencia de testigos, toda vez que la asociación Manos Limpias ha pedido la del director de servicios jurídicos de la Junta Francisco del Río y la del exinterventor de la Junta Manuel Gómez.