A las 9:30 de la mañana, una decena de sindicalistas ha echado a andar desde la Delegación malagueña del servicio de valoración de la dependencia, en calle Cuarteles, con destino al Palacio de San Telmo, en Sevilla, a donde pretenden llegar el viernes. Tras ellos, marchaba una furgoneta con una bandera andaluza cubriendo las ventanillas traseras: “Pídele cuentas a Juanma”, se lee, en referencia a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
El objetivo, dicen, es llamar la atención sobre la “insostenible” situación de las personas dependientes en Andalucía, sometidas a una eterna espera solo para que se les valore su discapacidad, con una media de 602 días para el reconocimiento. “Hoy van a morir en Andalucía 12 personas esperando su resolución de atención a la dependencia”, ha asegurado Juan José Carrillo, responsable autonómico de CGT en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, quien ha atendido a los medios antes de ponerse al frente de la marcha. Según los datos ofrecidos por Carrillo, extraídos del IMSERSO, en lo que va de año han muerto cerca de 3.700 andaluces o andaluzas mientras esperaban esta valoración.
El sindicalista ha desglosado otras cifras que ilustran la situación del sector: ha contado, por ejemplo, que el servicio de teleasistencia, en teoría un servicio de atención preferente, urgente e inmediata, acumula durante muchos días 40 llamadas en cola, y que las personas usuarias esperan hasta 20 minutos esperando para ser atendidas. Otras situaciones afectan a la atención presencial: “Hoy no hay médico en la comunidad terapéutica de Mijas”, un centro de tratamiento para las adicciones para personas en régimen de internamiento para personas que necesitan supervisión diaria.
“La Junta de Andalucía ha sembrado el caos absoluto en el servicio de atención a las personas que más lo necesitan”, asegura Carrillo, que lleva cuatro años presentando escritos y denuncias reclamando personal y medios, que no han llevado a nada. “Queremos que nuestra voz sea la de todas las personas que están esperando su resolución, de las más de 1.000 en lista de espera para ingresar en un centro de atención a las adicciones”.
La gestión de la dependencia en Andalucía va a movilizar a los sindicatos en las próximas semanas. Hace apenas cuatro días la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, presentó un informe en el que se alerta de la situación de “colapso” y se acusa al Gobierno autonómico de incumplir la ley dejando indefensas a las familias. En Andalucía hay casi 300.000 personas dependientes, atendidas por un colectivo de 92.000 empleadas (la mayoría mujeres).
Según López, la nueva Orden de tramitación, en vigor desde marzo, provoca el efecto de limitar aún más el acceso, al establecer un sistema de copago de hasta el 50%. El objetivo declarado de la Junta de Andalucía es que el nuevo sistema reduzca los plazos de tramitación. Por ahora, su efecto es una caída de 8.716 personas a las que se ha reconocido su derecho y un aumento del tiempo de espera para acceder a la prestación, según reconoció en el Parlamento Andaluz la consejera de Inclusión Social, Loles López, que admitió “errores” y explicó el aumento de los tiempos en las disfuncionalidades producidas por la convivencia temporal de los dos sistemas.
CCOO atribuye a las “trabas” del nuevo sistema la caída de solicitudes. Según sus cifras, hay 60.000 personas en Andalucía que llevan esperando el reconocimiento más de seis meses, pese a que la Ley de Dependencia establece ese plazo como máximo, y 33 personas fallecieron al día en Andalucía el pasado años sin haber llegado a ser atendidas. El 37% del total de prestaciones vigentes en Andalucía se corresponden con el servicio de ayuda a domicilio (155.969 prestaciones), el 31,8% con la teleasistencia (única prestación para casi un tercio de los beneficiarios del sistema) y el 19,6% es por prestación económica para cuidados en el entorno familiar (el 27,4% de las personas con grado III de dependencia reconocido sólo tienen esta prestación).
La marcha de CGT la harán en cinco etapas: hasta Ardales, de Ardales a Pedrera (Sevilla), de la Puebla de Cazalla a Alcalá de Guadaíra, y de allí al Palacio de San Telmo, donde reclamaremos al presidente de la Junta de Andalucía “soluciones”. Sin embargo, no está programado ningún encuentro con él. “Lleva varios días haciendo declaraciones sobre Cataluña. Queremos recordarle que el tiempo medio de espera en Andalucía para el reconocimiento de dependencia es de 602 días, y en Cataluña es de 262 días. Estaría bien que se compare con Cataluña para que bajemos el tiempo de espera”.
José Luis Ruiz Espejo, portavoz de Inclusión Social del grupo socialista en el Parlamento Andaluz, ha acusado al Gobierno andaluz de imponer el nuevo procedimiento sin el consenso del sector ni de los municipios andaluces, y advirtió de que nunca se había llegado a una espera media superior a 600 días ni al primer puesto entre las comunidades autónomas que más retraso acumulan.
La situación de la dependencia, igual que la Salud, es uno de los asuntos en los que la oposición trabaja para desgastar al Gobierno de Moreno. En los años del PP en el poder autonómico no sólo no se han rebajado las listas de espera, ya notables bajo el mandato de los socialistas, sino que se han incrementado mientras aumentaba la asignación de fondos públicos a entidades privadas para intentar taponar la brecha, sin éxito.
Son estos contratos del SAS los que ahora están bajo la lupa de los interventores, que advierten fraude de ley en el troceamiento sistemático de contratos menores, e incluso de los tribunales, que ya han abierto una investigación penal al Gobierno andaluz por adjudicar a dedo 243 millones a clínicas privadas con una norma derogada.
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