María Jesús Montero confía en que afloren 400 millones de euros en dos años en la lucha contra el fraude fiscal
Las prioridades para la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, con el montante que dentro de los presupuestos autonómicos de 2016 correspondería a su departamento, son, entre otras, la lucha contra el fraude fiscal. De hecho, las partidas para ello crecerán en casi cuatro puntos y medio, y tiene una previsión de que afloren unos 400 millones de euros en dos años. En total, su consejería gestionaría 179,3 millones de euros, una subida del 2,8% con respecto al presente ejercicio que se destinará íntegramente a la lucha contra el fraude fiscal.
En este sentido, en el primer trimestre del año se aprobará un nuevo Plan de Lucha contra el Fraude Fiscal con el que se pretende recuperar la citada cantidad. Ha incidido en que las actuaciones de lucha contra el fraude fiscal han permitido obtener ingresos adicionales de 222,6 millones de euros entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015.
También dará prioridad a la formación y la recuperación progresiva de los derechos de los trabajadores de la Junta de Andalucía, con una oferta pública de empleo para 2016 con una tasa de reposición del 10% en los servicios prioritarios y del 50% en el resto, tal como establece la ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La consejera también ha indicado que antes de final de este mismo año se aprobará la oferta de empleo público de 2015 con 500 plazas para la administración general (250 de acceso libre y 250 para promoción interna). Igualmente, ha anunciado la puesta en marcha de la Estrategia para la Sostenibilidad y Excelencia de los Servicios Públicos en Andalucía, que se presentará en el segundo semestre de 2016. Con ello, se pretende caminar hacia la “innovación en la gestión pública y la formación” de la plantilla.
De este modo, como responsable de personal, ha incidido en el aumento el próximo año del 1% de las retribuciones de todos los empleados públicos y la equiparación de los sueldos del profesorado de la enseñanza concertada con las de los docentes de la escuela pública. Igualmente, ha anunciado un permiso retribuido para las funcionarias embarazadas a partir de la semana 37 de gestación (35 en caso de embarazo múltiple) y hasta la fecha del parto.
En paralelo, conforme al acuerdo alcanzado con los sindicatos en la Mesa General de Negociación Común celebrada en julio pasado, el presupuesto recoge la recuperación del 100% de la jornada de trabajo y retribuciones del personal interino y laboral, y el abono en febrero del 25% de la paga extraordinaria correspondiente a diciembre de 2012.
Reducción de entes instrumentales
Otro de los frentes será continuar con la reducción de entes instrumentales. En una primera fase afectará a 18, tal y como ha pactado el PSOE-A con C's. Entre ellos, los consorcios de formación, lo que ya está en marcha. Como también la fusión de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, y de las cuatro empresas públicas que operan en Sierra Nevada (Cetursa, Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, Promonevada y Aparthotel Trevenque). “En ningún caso estas actuaciones van a conllevar despidos de empleados públicos”, ha garantizado.
Leyes previstas
La consejera ha hablado también de un “ambicioso calendario legislativo” de su departamento en 2016, con la remisión al Parlamento de Andalucía de proyectos como la ley de acceso a determinados beneficios públicos, de medidas contra el fraude fiscal y de otras normas tributarias. También ha prometido la reforma de la ley de Cámara de Cuentas, que iniciará su tramitación parlamentaria al comienzo de 2016 y la necesaria para crear la entidad pública de crédito, que se remitirá antes del verano.
Por otro lado, se tramitará una nueva ley de patrimonio y un decreto legislativo por el que se aprobará el texto refundido de todas las disposiciones legales dictadas por la comunidad autónoma en materia de tributos cedidos. También se ha referido a un nuevo reglamento general de tesorería y ordenación de pagos, una nueva ley de función pública y una ley del buen gobierno y estatuto de altos cargos.
