El presidente del Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, ha tenido en lo que va de diciembre tres gestos con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, cuya influencia se ha considerado determinante para que los socialistas terminaran permitiendo con la abstención que fuera investido.
Todo ello, en un contexto en el que la también secretaria general del PSOE-A ha reivindicado las reformas que desde la oposición se han impuesto en el Congreso de los Diputados para precisamente marcar distancias con la derecha y evitar esta carga cuando se ha convertido en el arma de IU y Podemos contra ella, especialmente en el Parlamento de Andalucía, y también entre los socialistas que quieren frenar su asalto a Ferraz.
En menos de un mes, Mariano Rajoy ha convocado la Conferencia de Presidentes, que Susana Díaz le volvió a reclamar en los actos del 12 de octubre en Madrid [la fotografía de esta información ilustra un momento de los dos en esa jornada]; su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido la comisión bilateral entre las dos administraciones para negociar y evitar el recurso por el decreto para la devolución de la jornada laboral de las 35 horas a los empleados públicos de la Junta de Andalucía; y, esta misma semana, se retirado el recurso contra las comunidades autónomas que no han cumplido la reválida en primaria tal y como prevé la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
La última de estas medidas se ha confirmado este jueves, si bien el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, llevaba unos días dejando claro que sería el camino después de que se haya reavivado la posibilidad de que ésta sea la legislatura en la que se firme el tan nombrado Pacto de Estado por la Educación que los partidos han sido siempre incapaces de sacar adelante. En concreto, el Ministerio de Educación ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para retirar los contenciosos administrativos que interpuso contra nueve comunidades autónomas que aplicaron esas reválidas a su manera, buscándole las vueltas a la Lomce para evitar el impacto de una evaluación externa en sus alumnos: Aragón, Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla la Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad Valenciana y País Vasco.
La medida llega un día después de que el Congreso de los Diputados haya convalidado (con el apoyo del PP, PSOE, C's y Coalición Canaria) el real decreto que reforma las evaluaciones finales de la Lomce. Precisamente es esa minoría en el Congreso de los Diputados la que ha obligado a Mariano Rajoy a asumir que importantes iniciativas de la oposición hayan prosperado, tales como la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) o la paralización de la Lomce en lo que quedaba pendiente, que eran esas reválidas pero en secundaria.
Ha sido el tercero de una serie de gestos del ejecutivo de Mariano Rajoy hacia el sur porque hace sólo un par de semanas la Junta de Andalucía recibía una carta de Soraya Saénz de Santamaría proponiendo la convocatoria de la comisión bilateral entre las dos administraciones para abordar la devolución de la jornada de las 35 horas a los empleados públicos aprobada por el Gobierno de Andalucía pese a los informes en contra de sus propios servicios jurídicos por la posible invasión de competencias. Este gesto con Andalucía no lo tuvo el Gobierno de España con Castilla la Mancha, a la que el Tribunal Constitucional (TC) tumó la medida tras su recurso del PP. La Abogacía del Estado también recurrió la misma medida en País Vasco, que junto a Castilla la Mancha y Andalucía han sido las que de momento han desafiado la imposición de las 37,5 horas de 2012 por parte del Gobierno de España.
La propuesta se ha interpretado, de hecho, como un intento de evitar que en Andalucía tenga el mismo final una medida que, pese a que se ha anunciado a bombo y platillo, tendría un impacto progresivo en los empleados públicos de la comunidad autónoma y la mayoría no lo va a notar con el comienzo del año como podría pensarse. En cualquier caso, Susana Díaz volvía a sacar pecho de esta medida en una entrevista en Canal Sur Radio este viernes e incluso criticaba a Mariano Rajoy a quien pedía que “deje de marear la perdiz” con propuesta de reunión. “Lo que tendría que hacer el Gobierno de España si de verdad tuviera sensibilidad con los trabajadores públicos que han hecho un esfuerzo enorme en estos años es poner las 35 horas para toda España”, ha apuntado. De momento, no hay fecha para esa comisión bilateral.
Eso sí, la decisión que marcaba el inicio de este aparente nuevo tono era el anuncio de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para el 17 de enero después de que reiteradamente hubiera sido reclamado por la Junta de Andalucía, la última el citado 12 de octubre. Tras cuatro años de ninguneo del presidente del Gobierno de la Nación a las autonomías, parece haber llegado el momento para una cita que Susana Díaz espera que no sea un “paripé” sino que realmente salga algo de la misma. De hecho, su reclamación es que sirva para arrancar un compromiso de reforma del modelo de financiación.
Claro que este contexto será aprovechado por la izquierda, que en los últimos meses ha convertido la sesión de control en el Parlamento de Andalucía en una permanente alusión a la supuesta connivencia de Susana Díaz con la derecha de Mariano Rajoy sumada a la que mantiene con C's desde que los de Albert Rivera le facilitaron la investidura. “Susana Díaz ha anulado la capacidad de oposición del PSOE, que se convierte en el bloque conservador en un intento de mantener el bipartidismo en el Congreso de los Diputados”, resumía el líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, en la línea de lo que sostienen sus aliados de Podemos. .