“Creo que he aclarado todos los temas y contenta de haber podido aclarar por fin lo que ha sido mi gestión publica, de plena dedicación, totalmente honrada, y dentro de los márgenes de la legalidad y espero que mi honor quede restituido”. Son palabras de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo, que ha declarado este miércoles en calidad de imputada en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre el caso de los ERE.
La declaración ha durado algo menos de dos horas, según informan fuentes judiciales, tras la cual ninguna de las partes ha solicitado medida cautelar alguna sobre la que fuera reponsable de Hacienda entre 2009 y 2013, y, anteriormente, viceconsejera de Griñán entre 2004 y 2009. El instructor le ha expuesto los hechos que indiciariamente se le imputan según la exposición razonada presentada por la jueza Mercedes Alaya.
En la declaración estaban presentes la Fiscalía, la acusación particular (ejercida por el PP), la defensa de Francisco Vallejo y las defensas de Antonio Ávila y Carmen Martínez Aguayo. Ni la Fiscalía ni la defensa de Francisco Vallejo han realizado ningún tipo de pregunta y la exconsejera ha declinado contestar a las preguntas de la acusación particular. Tan sólo el magistrado instructor y la defensa de Carmen Martínez Aguayo han preguntado. Una participación muy similar a la que tuvo lugar este martes por parte del exconsejero Ávila, igualmente saldada sin medidas cautelar.
A la salida del TSJA, la exconsejera ha mostrado su “confianza” en la justicia y espera que “la cosa quede en punto y final” y su honor “quede restituido”, comentando estar “muy satisfecha” y “contenta” de haber podido ofrecer la información que se le ha requerido. Martínez Aguayo, que ha recordado que ha declarado de forma voluntaria, ha afirmado que tenía “muchas ganas” de hacerlo “desde hace tiempo”. “A veces los tiempos de la justicia no son los que son, pero yo tenía muchas ganas de hacerlo y me siento satisfecha y tranquila de haberlo hecho”, ha incidido.
De hecho, ha señalado que confía “plenamente en la justicia” y ha resaltado que ha ejercido su labor con “honradez y honestidad”. “Espero que las cosas se sobresean y quede la cosa en un punto final. Yo no temo nada, confío plenamente en la justicia y he hecho lo que tenía que hacer”, ha concluido. Antes de declarar se mostraba ante la prensa “tranquila” de haber hecho su trabajo “dentro de la legalidad”, recordando que ya compareció por el mismo asunto en la comisión de investigación que se abrió en el Parlamento andaluz, donde aclaró su papel, según ha indicado, por lo que ahora declarará “con total tranquilidad”. Como anécdota, al ver al grupo de periodistas que la esperaban a la puerta del TSJA, ha bromeado sobre esa “expectación” afirmando que se sentía “como Elizabeth Taylor haciendo el paseíllo”.
La exconsejera protagonizó hace un par de años una polémica respecto al caso de los ERE ya que se pronunció muy directamente sobre la asunción de responsabilidades. Dijo en una entrevista en Canal Sur que los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández “sin duda” tenían “responsabilidades políticas” en el caso. En el Parlamento, citada por el PP-A en aquel abril de 2013, Aguayo no se retractó, no dio un paso atrás y, aunque sin mencionarlos en ningún momento, se ratificó amparándose en su libertad de expresión y en la suerte, dijo, de militar en un partido donde puede decir lo que piensa.
Respecto al devenir judicial de los aforados autonómicos, este mismo lunes la Fiscalía Superior se pronunciaba respecto a una cuestión que es previsible pero de la que alerta el fiscal Jesús García Calderón. Y es estos cuatro exconsejeros perderán en poco tiempo su aforamiento al dejar de ser parlamentarios, una vez quede conformado el nuevo Parlamento. Será la jueza Mercedes Alaya (o la persona que dirija entonces el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla) la que deba “formalizar” su imputación “en el momento procesal oportuno”, según opina la Fiscalía. Está por ver, por tanto, cómo se desarrollará la atribución de presuntos delitos a los exconsejeros y qué tribunal determinará su futuro judicial.