La jueza Alaya, antes de marcharse a la Audiencia, parece que empieza a soltar lastre. Una de las macrocausas que investigaba -la relativa a las supuestas irregularidades en la venta de los suelos de Mercasevilla- pasa ya a la fase de enjuiciamento cinco años después. El fin de la instrucción se procude tras hacerse público este miércoles el auto de apertura de juicio oral contra diez personas, a las que obliga a pagar fianza total de 33 millones de euros. La Fiscalía de Sevilla ya solicitó el pasado mes de noviembre dos años de cárcel para cada uno de imputados después de exculpar a seis de los 16 procesados por la jueza en primera instancia.
Alaya atribuye un delito de fraude y exacciones ilegales (la exigencia de multas, deudas o impuestos en nombre de una Administración de forma ilegal), en concurso con un presunto delito de prevaricación, al exprimer teniente de alcalde y exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos; al exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; al exasesor municipal del grupo socialista Domingo Enrique Castaño; al exconcejal socialista y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; a la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante; al exasesor de Mercasevilla Jorge Piñero; al economista José Antonio Ripollés; al presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez; al vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; y al exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando José Luis Miró.
El único de los macroprocesos que hasta ahora había terminado Alaya, también relacionado con el caso Mercasevilla, fue la instrucción del procedimiento de tribunal de jurado por delito de cohecho contra Antonio Rivas (exdelegado de la Junta), Fernando Mellet y Daniel Ponce (exresponsables de Mercasevilla), a quienes la Audiencia Provincial condenó en 2012. El TSJA confirmó la sentencia en 2013 pero en junio de 2014 el Tribunal Supremo anuló la condena al ex alto cargo de la Junta y mantuvo las de Mellet y Ponce.
En esta causa del concurso fraudulento de los suelos, Alaya considera que el delito de fraude y exacciones ilegales “se habría cometido al haber existido con motivo del concurso público sobre la opción de compra de los terrenos de Mercasevilla un concierto previo” entre los cargos públicos, técnicos y empresarios mencionados, “con el fin de que el citado concurso fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria”. Los citados “se concertaron para actuar al margen del ordenamiento jurídico, tanto por lo que se refiere a la preparación presuntamente ilícita del concurso público”, dice la jueza en alusión al delito de prevaricación.
El juicio se abre también contra Mellet, Torrijos, Crespo, José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano por delito societario ya que los cargos públicos integrantes de órgano de administración de Mercasevilla, “con abuso de las funciones propias de su cargo, dispondrían fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta, a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad”.
El delito societario, con años de retraso
La pieza del delito societario en la gestión de Mercasevilla discurre paralela a este proceso. Denunciado por el PP en su momento, tanto Mellet como Ponce están imputados desde mayo de 2010, así como la exdirectora del área económica y de contabilidad del mercado Pilar Giraldo, citados cuatro años después, en abril de 2014.
Alaya acordó en su día que se realizara por parte de la Agencia Tributaria un informe económico hecho por peritos para ver “la presunta existencia de cualesquiera otros actos de falsedad de cuentas anuales o de documentos que deban reflejar la situación económica de la sociedad, de actos de distracción de fondos, o disposición fraudulenta de bienes”. Advertida del retraso por la Fiscalía en diciembre de 2012, la jueza indicó posteriormente que, estando aún pendiente de presentarse dicho informe, los peritos designados debían motivar que justifiquen su no presentación.
La oferta de Sanma, adjudicataria final del concurso
La venta de los terrenos se cerró en los 106 millones de euros que ofrecía Sanma, frente a los 158 millones de Noga, por lo que la jueza siempre ha concluido que hubo “un posible concierto” entre Mercasevilla y Sanma. La cifra de la fianza impuesta se basa en la fianza de responsabilidad civil de 25 millones “en la que se fijaba la pérdida para Mercasevilla por el deterioro del valor del inmueble atendidas las circunstancias adversas del mercado actual, radicalmente diferentes a las del año 2006, fecha del contrato de opción de compra”.
Alaya detalla que la cifra de 33 millones impuesta a los acusados resulta de la diferencia entre el precio más alto de los ofrecidos por los licitadores que concurrieron al concurso y el ofrecido por la constructora Sanma, filial del grupo Sando y que fue finalmente la adjudicataria, más el tercio legal.
La jueza, asimismo, rechaza declarar responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Sevilla “al no ser el mismo el único socio de Mercasevilla” y da por desistido del procedimiento a la acusación que ejercía el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, al no haber presentado escrito de acusación a tiempo.