Braulio Medel y José María Bueno Lidón han declarado voluntariamente este miércoles como investigados en la causa de los ERE. Lo han hecho como miembros del consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, luego Agencia de Innovación y Desarrollo Andaluz de Andalucía -IDEA-). Tanto el exviceconsejero de Economía y Hacienda de la Junta y actual presidente de Unicaja, como el exsecretario general de Industria, también expresidente de El Monte Caja de Huelva y Sevilla, han negado que tuvieran conocomiento de que en el citado consejo se estuvieran cometiendo “actos ajenos a la legalidad”, desvinculando su pertenencia al mismo y su presencia en determinadas sesiones de la ratificación de las subvenciones.
IFA/IDEA pagaba las ayudas directas y sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo entre 2001 y 2008 pero al consejo rector “ni llegaban los expedientes ni se sabían las ayudas”, sin que los miembros del mismo tuvieran “sospecha” de alguna irregularidad, han explicado al juez Álvaro Martín, que les ha citado dentro de la pieza separada relativa al llamado 'procedimiento específico' junto al expresidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler, y la exsecretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación, Ana María Peña.
Según informaron fuentes del caso, “el consejo rector recibía cuenta de acuerdos ya firmados entre la Consejería y el IFA”, una “mera relación de los convenios, han apuntado las fuentes. Según la instrucción, en el seno del consejo rector de IFA/IDEA, durante siete años, y a lo largo de 32 sesiones, se informó, ratificó o autorizó la firma de los convenios entre la agencia y la Dirección General de Trabajo. En la investigación se les achaca, como a otros miembros, que no opusieran reparo a los convenios de los que se le dio cuenta en ”el necesario ejercicio de control que legalmente les competía“. ”IFA era un mero órgano pagador“, insisten las fuentes.
Medel y Bueno Lidón han desvinculado el ser miembros del consejo con la aprobación de las ayudas, cuyos pagos fueron “por cuenta” de la Consejería de Empleo “para que ésta pudiera en su presupuesto de gastos incluir como créditos las partidas de transferencias de financiación a IFA/IDEA”, según la imputación de Alaya, que data de mayo de 2014. El pasado octubre, la Audiencia de Sevilla desestimaba el recurso de apelación de Medel y el de otros imputados.
Según señalan otras fuentes, y a la vista de las declaraciones de este martes, “el juzgado no se atreverá a esta alturas a cambiar la situación procesal” de estos investigados, “solo si la Fiscalía mueve ficha”, pero “las acusaciones van a hacer el ridículo en el juicio”. Apuntan también que “produce vergüenza ajena ver que gente que tendría que estar reconocida en España por su trayectoria estén siendo pisoteados en su honorabilidad y reputación con imputaciones infundadas”.
El consejo rector
Por otra parte, según ha indicado a los periodistas a la salida de la declaración de Medel el abogado y presidente de Ausbanc Luis Pineda, personado en representación de Manos Limpias, el presidente de Unicaja ha tratado de aclarar su participación el Consejo rector y ha confirmado su presencia “en dos” de las sesiones que se analizan. Las preguntas de la Fiscalía se han centrado en el acta de 23 de julio de 2001, cuando el presidente del entonces IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), el exconsejero Antonio Fernández, informó de la suscripción del conocido convenio marco de 17 de julio de 2001 entre Empleo e IFA para la materialización de ayudas en materia de trabajo y seguridad social, y que supuso el comienzo de las irregularidades según la tesis de la instrucción de Alaya. Pineda ha indicado, en esa línea, que la concesión de ayudas dependía de la Consejería de Empleo y que Medel ha detallado “de forma abrumadora y precisa” las funciones del consejo rector, cuyo conocimiento de las mismas era “limitadísimo”.
Braulio Medel fue viceconsejero de la Consejería de Economía y Hacienda desde 1986 y, posteriormente, a partir del año 1991, presidente de Unicaja. Según el primer auto de imputación, de las 32 sesiones analizadas sólo asistió a tres de ellas a lo largo de siete años, con una media de diez sesiones por año. En las tres sesiones citadas se le informaría de cinco convenios suscritos con la Dirección General de Trabajo y seguridad Social (2 sesiones) y votaría a favor de la autorización de dos convenios. Se ausentaría en 29 ocasiones, de las cuales en 27 sesiones delegó su representación en el presidente, votando por consiguiente a favor de la firma de 39 convenios, explica la jueza.
Por su parte, José María Bueno Lidón, que fue secretario general de Industria hasta 2001, fue a partir de 2002 el presidente de El Monte, Caja de Huelva y Sevilla. Asistió en total a 26 sesiones del consejo rector de IFA en las que se le dio cuenta, mediante concreta información, la firma de 60 convenios suscritos con la Dirección General de Trabajo, para el pago de subvenciones comprometidas por la Consejería de Empleo a través de las transferencias de financiación.
Según el auto originario de Alaya, “a nivel presupuestario, IFA/IDEA fue el compañero perfecto de la Consejería de Empleo, pues aunque a la misma el pago de subvenciones no le suponía gasto alguno, pues se trataba de pagos por cuenta de la citada Consejería, para que ésta pudiera en su presupuesto de gastos incluir como créditos las partidas de transferencias de financiación a IFA/IDEA (hecho que ocurrió hasta el presupuesto de 2009 inclusive), la Agencia falsearía su Presupuesto de Explotación y presupuestaría cada año gasto equivalente a las citadas transferencias en la partida 'Otros gastos de Explotación' aunque, al no existir tales gastos, luego la misma escasamente se ejecutaba”, explica la jueza.