Vox ha supeditado su apoyo al pacto de gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía a que estos eliminen de su acuerdo de Gobierno, compuesto por noventa puntos, el que hace referencia al compromiso de cumplir y dotar de la “dotación presupuestaria suficiente” las leyes estatales y autonómicas por la igualdad y contra la violencia machista, con el foco en el Pacto de Estado y en la andaluza. Es decir, Vox está pidiendo como condición para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta que se modifique la normativa vigente que pretende proteger a las mujeres y lograr equidad porque la considera “ideología de género”, en línea con lo que ya avanza el programa de la formación de extrema derecha que ha conseguido 12 diputados en la comunidad.
El proyecto de reforma de Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género andaluza fue aprobado este verano. La norma original estaba vigente desde 2007. El Parlamento sacó adelante la modificación con los votos a favor de todos los grupos, también PP y Ciudadanos, y la única abstención de IU. El cambio supuso adecuar la norma a lo exigido por el Convenio de Estambul, suscrito por España, y recoger varios puntos del Pacto de Estado en esta materia. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha reclamado este miércoles eliminarla para sustituirla por una “de violencia intrafamiliar”. La otra ley a la que hacen alusión, votada en octubre, es la de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. Votaron a favor PSOE, PP y Cs y en contra Podemos e IU.
Albert Rivera se ha posicionado tuiteando que “luchar contra la violencia machista con recursos y medidas para que nadie abuse de una mujer no es una opción, es una obligación para todo”. PP y Cs también abogaban explícitamente en el documento por un “Gran Acuerdo contra la Violencia de Género en Andalucía”, promover activamente “trabajar para reducir la brecha salarial” y defender los derechos LGTBI.
Andalucía es la región española en la que más víctimas de violencia machista hubo en 2018, 12 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, y estas son algunas de las claves de las leyes que buscan atajarla.
No será necesaria denuncia
El proyecto de ley que salió adelante en julio en el Parlamento andaluz incorpora el derecho a recibir protección sin necesidad de previa interposición de denuncia, como recoge el Pacto de Estado y como ya se lleva a cabo en otras comunidades. El objetivo es garantizar el asesoramiento y el acompañamiento a las víctimas por profesionales especializados durante el proceso judicial y la derivación a los servicios de la Administración. Es decir, lograr que una mujer no tenga que pasar por poner una denuncia y todo lo que ello supone para acceder a recursos.
Los menores y dependientes, también víctimas
La norma andaluza amplía la condición de víctima de agresiones machistas a los menores y personas dependientes de la mujer que sufre la violencia. Así, serán víctimas y, por ello, podrán acceder a recursos, además de las mujeres maltratadas por sus parejas o exparejas, “las hijas e hijos que sufran la violencia a la que está sometida su madre, las personas menores de edad, las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento, y las madres cuyos hijos e hijas hayan sido asesinados”.
Atención a víctimas de violencia sexual
La ley de violencia de género andaluza sí es una de las pioneras en cuanto a derechos sexuales: la víctimas de violencia sexual, que engloba “cualquier acto de naturaleza sexual no consentido por la mujer”, serán consideradas víctimas de violencia de género, independientemente de si su agresor era o no su pareja o expareja. Se las equipara a las que sufren violencia física, psicológica o económica. Eso permite que puedan acceder a asistencia legal, servicios sociales o a recursos y ayudas públicas en materia de de educación, de vivienda o de salud.
Ampliación del concepto a fuera de la pareja
Además de incluir la violencia sexual, la reforma de verano ampliaba el concepto de “violencia machista” para poner el foco en otro tipo de violencia contra las mujeres no solo la que se produce dentro de la pareja, como hasta ahora contabiliza oficialmente la Ley estatal de 2004 y que muchos colectivos piden modificar. Como novedad, nombraba el “feminicidio”, pero también las agresiones y abusos sexuales, el acoso, la violencia contra los derechos reproductivos, la trata de mujeres y niñas, la explotación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio precoz o forzado, las violencias originadas por la aplicación de tradiciones culturales, la violencia derivada de conflictos armados o la ciberviolencia.
Formación especializada
La reforma de la ley introduce un Plan Integral de sensibilización. Como el pacto de Estado, prevé formación y especialización en violencia de género para profesionales públicos de distintos sistemas de la Administración, “con el objetivo fundamental de garantizar una formación suficiente y permanente que les permita la prevención, la detección precoz, la atención, la recuperación de las víctimas y la intervención con hombres”. También fomenta la “formación y especialización de profesionales en el ámbito laboral, en colaboración con las organizaciones empresariales y sindicales, para la prevención y la sensibilización del acoso sexual y el acoso por razón de sexo”.
Modelo educativo
Lo más destacado de la segunda Ley, la de de Promoción de Igualdad andaluza, se refiere al campo educativo: “Garantiza el desarrollo de planes obligatorios en todos los centros docentes y detalla todas las funciones específicas que desempeñarán las personas responsables de coeducación”. La norma fomenta que en los centros se integre la igualdad de género “en el diseño y desarrollo curricular de las diferentes etapas educativas, incluyendo conocimientos sobre la contribución histórica de las mujeres, autocuidado y corresponsabilidad en el ámbito doméstico, resolución pacífica de conflictos y prevención de la violencia de género”.
Sanciones
La Ley aprobada en octubre también contempla sanciones. Permite a la Junta intervenir para evitar y prevenir situaciones de desigualdad de género. Así, podrán llevarse a cabo medidas disciplinares por infracciones de la ley, “desde apercibimientos a multas de entre 6.000 y 120.000 euros en función de la gravedad, además de sanciones accesorias como la prohibición de acceder a ayudas públicas”.
Este punto fue polémico porque desató críticas de algunos catedráticos, que lanzaron un manifiesto oponiéndose a que se multe hasta con 60.000 euros los actos en los que se justifique la prostitución. Lo consideraban “una flagrante vulneración” de derechos fundamentales.