- El procedimiento seguido para lograr por primera vez que se exhumen dos cadáveres en el Valle de los Caídos sienta un precedente legal que las víctimas ven como el camino a seguir para recuperar los restos de sus familiares
Nueve años han pasado desde la aprobación en 2007 de la Ley de Memoria Histórica por la que se reconocían derechos y se establecían medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura en España. Nueve años después, y pese a que esta ley establece un protocolo para la exhumación de las víctimas, la realidad es que los familiares de quienes yacen en las numerosas fosas comunes de aquella época no han podido recuperar sus restos. ¿Qué se puede hacer para revertir esa realidad? ¿Qué procedimientos administrativos y jurídicos existen para solicitar la apertura de las fosas? ¿Cómo puede obligarse a las administraciones a que cumplan la Ley de Memoria Histórica nacional?
Familiares y víctimas del franquismo de Córdoba han decidido emprender un camino sin retorno para dar al fin con los cuerpos de quienes fueron represaliados en la guerra civil y en la dictadura. Y, para ello, han solicitado el asesoramiento del abogado Eduardo Ranz, especialista en memoria histórica y autor del procedimiento que por primera vez ha logrado sentencias favorables para la exhumación de varias personas en el Valle de los Caídos.
Una estimación de 4000 personas asesinadas y en fosas comunes
Sólo en Córdoba se calcula que existe un centenar de fosas comunes repartidas por toda la provincia. En la capital hay dos grandes fosas comunes con miles de cadáveres en los cementerios de la Salud y de San Rafael, que hasta ahora nunca han sido excavadas ni investigadas. Allí, los historiadores calculan que como mínimo en la capital se fusilaron a más de 4.000 personas, cuyos cadáveres fueron arrojados a las fosas de estos dos cementerios. Y allí permanecen.
Ahora, la decisión por parte de familiares y víctimas está tomada: van a iniciar el proceso necesario para pedir que se abran las fosas que desde hace 80 años entierran a sus seres queridos. Este camino se iniciará con la apertura de una vía de diálogo con el Ayuntamiento de Córdoba, del que dependen los dos cementerios municipales donde se localizan las fosas comunes. Esa es la primera vía, la del diálogo, que se les aconseja tomar. Más en el caso de que, como con el ayuntamiento de la capital cordobesa, ya haya habido contactos previos con los colectivos memorialistas en ese sentido y se espere la máxima voluntad por parte del Consistorio, según aseguran fuentes consultadas de los colectivos memorialistas.
Derecho de petición
Más allá de esa primera vía, el camino para solicitar la apertura de las fosas sigue un camino administrativo y jurídico que en las sentencias sobre el Valle de los Caídos han dado resultado positivo. Las víctimas deberán elevar a la administración competente un “derecho de petición”, una fórmula administrativa en la que se solicita la apertura de los enterramientos y para la que la institución tiene un plazo máximo de tres meses para contestar. Si no lo hiciera, el paso siguiente será abrir la vía de un recurso contencioso-administrativo dado el silencio de la administración.
Y para fortalecer esas vías de petición, igualmente se aconseja la constitución de una asociación como entidad jurídica que agrupe a las víctimas para reclamar ante las administraciones un entierro digno para sus familiares, más allá de que, como en este caso de Córdoba, la Comisión por la Verdad, el Foro por la Memoria, el Foro Ciudadano por la Recuperación de la Memoria Histórica y grupos memorialistas de varios municipios trabajen actualmente en este ámbito.
Ese es el procedimiento que se ha seguido en el caso del Valle de los Caídos por el abogado Eduardo Ranz, quien en una reunión con hijos y nietos de los fusilados en la guerra ha explicado a las víctimas del franquismo en Córdoba la fórmula del derecho de petición que habría que trasladar al Ayuntamiento y cuáles serían los pasos posteriores. La experiencia de este abogado le ha hecho valedor de la primera resolución judicial a favor de exhumar restos en la fosa que alberga más de 30.000 víctimas en el Valle de los Caídos y, además es el responsable de haber presentado decenas de demandas en los tribunales para que los ayuntamientos, diputaciones y otras instituciones cumplan con la Ley de Memoria Histórica y retiren nombres franquistas de calles y plazas.