La “inanición presupuestaria” y la “evidente falta de voluntad política” para las políticas públicas de memoria democrática es el principal motivo que, a juicio de la Federación Andaluza de Memoria Democrática (FAMD) provoca que su desarrollo sea escaso, nulo o directamente tenga que venir financiado por otras administraciones, sobre todo por el Gobierno de España, según han expuesto en rueda de prensa dos portavoces de las asociaciones memorialistas este miércoles en Sevilla. “Moreno no tiene interés ni político ni económico” porque “aquí no hay negocio”, han concluido al establecer una comparativa con su gestión en materias como educación o, sobre todo, en sanidad. “Si están desmantelando la sanidad, qué no son capaces de hacer con la memoria”, han comentado.
Después de que el Gobierno andaluz dejara de invertir más de la mitad del presupuesto previsto para el primer plan de memoria democrática, y de que para 2025, haya sumado 7.000 euros al presupuesto anual para todas las cuestiones de memoria democrática tras recortarle medio millón en los últimos seis años, el memorialismo lamenta en todo caso la “falta de información” en la materia.
Como aspecto concreto, los memorialistas se han referido a la demora en la identificación genética de los restos oseos exhumados en las fosas comunes de los cementerios como consecuencia de la represión fraquista durante la guerra civil y la dictadura, en la que la Junta es legalmente competente mientras 2.085 familias aguardan respuesta de 3.200 cuerpos pendientes de identificar, según ha detallado. El convenio con la Universidad de Granada es claramente el insuficiente “.
El portavoz a nivel autonómico, Antonio Manuel Mateos, ha insistido en que el “recorte” también viene dado cuando se ejecute el presupuesto, y ha puesto como ejemplo que en el año 2022 se ejecutó “el 5,8%” de lo que estaba previsto para exumaciones. Además, el borrador del II Plan de Memoria Democrática presentado en primavera por la Junta se relacionaban actuaciones memorialistas previstas pero muchas de las cuales “aparecen sin dotación presupuestaria” tales como el fomento e impulso del tejido asociativo memorialista, la reparación de las víctimas, el fomento de espacios de duelo o lugares de memoria democrática, o el estudio de la situación de las mujeres durante la guerra civil y la posguerra.
Mateos, acompañado del portavoz de la FAMD en Sevilla, Antonio Díaz, ha denunciado el incumplimiento del artículo 44 de la Ley Andaluza de Memoria, aprobada en 2017, en el sentido de que la Junta no ofrezce regularmente informes oficiales de ejecución de sus políticas en la materia o en el de que no se haya aprobado en 2023 ni en 2024 ningún nuevo Plan de Memoria Democrática.
La FAMD, como viene denunciando, ha reordado que la Junta tiene la potestad de autorizar las intervenciones en fosas siempre que se aporte memoria económica y proyecto que exponga lo que se vaya a hacer, cómo se va a hacer, qué administración lo promueve y cómo se financiará. En ese punto ha insistido Mateos en que muchas de las actuaciones que se están llevando a cabo son financiadas por ayuntamientos, diputaciones y, sobre todo, por el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que entre 2020 y 2023 ha destinado 5,8 millones de euros. Para 2025, la Junta ha previsto la “irrisoria” cantidad de 115.000 euros.
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