El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ignoró un informe que el Gobierno andaluz elevó hace siete meses a la Alta Inspección Educativa denunciando la existencia de profesores de Religión sin carga horaria lectiva “de los niveles de Infantil y Primaria en todas las provincias de Andalucía”. El diario.es/andalucía ha tenido acceso a la primera página de este documento, fechado el pasado 15 de septiembre, y que aporta dos datos nuevos de relevancia: uno, que el problema de los maestros de Religión que siguen cobrando y asistiendo a sus escuelas sin tener ninguna clase que impartir no se circunscribe a dos provincias -Cádiz y Málaga, las que pudo corroborar este periódico-, sino a todo el territorio andaluz; y dos, que no sólo sobran docentes de Religión en educación Primaria, también en Infantil.
Sin embargo, el informe sólo hace referencia al curso 2016/2017, aunque muchos de los colegios afectados ya habían denunciado la situación el año anterior (2015), cuando entra en vigor la reducción horaria de la asignatura de Religión. El documento tampoco menciona que en el presente curso escolar siguen existiendo maestros sin carga horaria que asisten a sus escuelas “sin hacer nada durante sus horas de contrato. El informe remite a ”un anexo adjunto“ en el que aparece ”la relación de colegios de Andalucía“ donde persiste el problema, el número de profesores de Religión sin carga horaria con nombres y apellidos. La Consejería de Educación sigue negando este dato, esencial para saber cuánto dinero público se ha gastado en maestros de Religión sin clases durante los últimos tres años.
Lo que sí demuestra el documento es que el departamento de Méndez de Vigo conocía la situación desde hacía siete meses. El informe va dirigido al Director de la Alta Inspección Educativa, en la Delegación del Gobierno en Andalucía, ubicado en la Plaza de España (Sevilla). Tras una investigación interna realizada por los inspectores de la Junta, la Consejería de Educación concluye que, en efecto, hay más profesores de Religión de los necesarios en escuelas de toda Andalucía: “Se considera necesario ajustar la contratación e incorporación a los centros del profesorado de Religión en Infantil y Primaria a las necesidades de estos colegios, para posibilitar la impartición del currículum establecido en sus proyectos educativos”.
El Ministerio de Educación, que es quien contrata a los maestros de Religión de Infantil y Primaria en Andalucía, lleva tres años pagando a docentes que no imparten clases, pero que siguen acudiendo a su escuela, pasan las horas de su contrato “en la Sala de Profesores sin hacer nada” y cobran su salario íntegro. Al poco de conocer el informe, la consejera andaluza Sonia Gaya se reunió con el Secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, y le afeó que “estuviera despilfarrando fondos públicos” en Andalucía, “una comunidad que no puede permitirse malgastar recursos para la escuela y que necesita muchos más recursos del Ministerio”. Marín eludió abordar el problema y replicó que ya se trataría “en el marco del Pacto de Estado por la Educación”, según el relato de la consejera.
A pesar de estas advertencias, el Gobierno de Andalucía ha tardado dos años en exigir explicaciones al Ministerio de Educación por el caso de los maestros de Religión de Primaria sin carga lectiva. La primera actuación que ha reconocido la Junta tuvo lugar a principios de este curso escolar, en septiembre de 2017, con el cambio de titular en la Consejería de Educación. Gaya llevaba tres meses en el cargo cuando, a partir de una pregunta parlamentaria de IU, se enteró “con sorpresa” de la situación de varios colegios de Cádiz y ordenó una investigación interna que ha confirmado tres hechos: uno, que sigue habiendo colegios en Andalucía con maestros de Religión sin carga horaria, que siguen cobrando sin tener ninguna función asignada, “con el perjuicio a las arcas públicas que esto supone”; dos, que tanto la Inspección Educativa, como el Servicio de Planificación Educativa, además de otros altos cargos de su departamento -que Gaya heredó de los ex consejeros Luciano Alonso y Adelaida de la Calle- conocían el problema desde mucho antes, porque los colegios afectados lo denunciaron por escrito por primera vez en septiembre de 2015; volvieron a hacerlo en el inicio del curso 2016-2017 y, una vez más, en el presente curso 2017-2018. El tercer hecho probado es que la Junta confirmó a los mismos profesores de Religión en sus colegios, a pesar de que dos meses antes de empezar el curso, éstos habían informado a la Consejería de que reducirían el horario de Religión, pasando de 90 a 45 minutos semanales, el mínimo legal que permitía la Junta y la nueva legislación (LOMCE). Y que el Ministerio ha seguido pagándole según su contrato, sin tener en cuenta la reducción horaria.
El otro foco de la noticia está en el departamento de Méndez de Vigo, que negó por escrito que esta situación estuviera pasando cuando el Gobierno andaluz ya le había remitido un informe pidiéndole que “reajustara” las plantillas de Religión. El pasado mes de febrero, este periódico preguntó al Ministerio cuántos docentes de Religión contratados tenía sin dar clases, y por qué se había renovado su contrato desde 2015 a sabiendas de que Andalucía había aprobado una norma que permitía a sus colegios reducir el horario de esta asignatura. Cuando el diario.es/andalucia formula esta pregunta, la Junta ya había elevado su informe, y este periódico ya había contactado con una veintena de escuelas afectadas en Cádiz y Málaga: colegios con maestros que seguían cobrando 1.400 euros netos al mes sin impartir clases, y que pasaban sus horas de contrato en la Sala de Profesores “sin hacer nada”. A pesar de todo, el Ministerio de Educación aseguró por escrito que no existía “ningún profesor de Religión de ningún nivel educativo que no tenga carga horaria”.
El Subdirector General de Personal del Ministerio negó la mayor, pero admitió que, de ser cierto el problema, se estaría contraviniendo el Real Decreto 696/2007, de 1 de junio, por el que se regula la relación laboral de los profesores de Religión prevista en la disposición adicional tercera de la LOE (legislación anterior a la LOMCE, aprobada por el Gobierno socialista). Lo que dice esa norma es que corresponde al Ministerio decidir el tipo de contrato de los maestros de Religión (total o parcial) según “lo que requieran las necesidades de los centros públicos”, “sin perjuicio de las modificaciones que a lo largo de su duración y por razón de la planificación educativa, deban producirse respecto de la jornada de trabajo y/o centro reflejados en el contrato”.
Negar datos públicos por “perjuicio a la Administración”
Lo que ha ocurrido en Andalucía deviene precisamente de un problema de planificación educativa. En 2015, la Junta dictó una orden que permitía a los colegios reducir al mínimo legal que establecía la LOMCE el horario de Religión, pasando de 90 a 45 minutos. Muchos colegios lo hicieron así -la Junta sigue negando este dato-, haciendo que sobrasen maestros de esta materia en todas las provincias de Andalucía. Pero todos ellos fueron renovados y volvieron a su colegio, sin clases.
La Consejería de Educación es responsable de la planificación escolar. A tal efecto, debe grabar en su sistema informático el número de horas de Religión que requiere cada colegio de Andalucía para el curso siguiente, y remitir esos datos al Ministerio. La primera vez que este periódico preguntó por este problema a la Junta, una vez que la consejera Sonia Gaya lo había reconocido en sede parlamentaria, su número dos, la viceconsejera de Educación respondió por escrito que “no consta en esta Consejería que haya ningún docente [de Religión] sin carga horaria” en Secundaria, Bachillerato y FP, niveles educativos que son competencia exclusiva de la Junta. En cuanto al profesorado de Religión en Infantil y Primaria, la viceconsejera se negó a responder alegando que “los contratos de dicho personal dependen del Ministerio y no tienen relación laboral alguna con la Consejería”.
La información obraba en poder de este departamento, puesto que los colegios afectados lo habían denunciado ya en 2015 y por escrito ante la Inspección Educativa de la Junta y ante las Delegaciones Provinciales de Educación. La propia consejera lo había reconocido en el Parlamento y anunciado una investigación interna ante todos los grupos parlamentarios. A pesar de todo, la consejería denegó el acceso “a la información referente a las comunicaciones dirigidas a la Inspección Educativa y a los informes al respecto”, argumentando que podía suponer un “perjuicio para las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control”.
El 22 de septiembre de 2017, Gaya volvió a comparecer en sede parlamentaria para corroborar que la denuncia planteada por“bastantes colegios andaluces es real”. “Efectivamente, el Servicio de Inspección, dentro de las actuaciones que ha llevado a cabo, ha constatado que en el curso 2016/2017 existen centros que han tenido incidencias de asignación horaria en el área de Religión en los niveles de educación Infantil y Primaria. No obstante, y tratándose de una competencia estatal por ser un profesorado contratado por el Ministerio de Educación en las etapas de Infantil y Primaria, esta Consejería ha trasladado información a la Alta Inspección Educativa del Ministerio para que realice las comprobaciones oportunas y las decisiones pertinentes”, dijo.
Diez días antes, la consejera había tenido una reunión en el Ministerio de Educación reunido para abordar este asunto, entre otros. “La contestación que me dio el secretario de Estado de Educación fue: ”Bueno, ese es un tema que tendremos que ver con el pacto educativo“, dice Gaya. La consejera le afeó que enmarcase este problema concreto en el debate sobre el Pacto de Estado de Educación, del que el PSOE se retiró por falta de financiación suficiente. ”Lo que estamos diciendo es que necesitamos muchos recursos en Andalucía por parte del Ministerio de Educación, en los programas de cooperación interterritorial, en los auxiliares de conversación, y es necesario que el Ministerio mire muy bien dónde está poniendo esos recursos y cómo los está gastando“, asegura. El departamento de Méndez de Vigo ha declinado este lunes hablar con este periódico.