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EDUCACIÓN

CCOO denuncia la “mercantilización” de los comedores escolares y la precariedad de las plantillas

Menos calidad y cantidad en los alimentos. Y peor servicio. Es el diagnóstico que hacen las plantillas de los comedores escolares y el sindicato CCOO. Un sector privatizado que suma más de 10.000 trabajadores y atiende con “graves problemas”, dicen, a casi 50.000 menores en 386 centros educativos de Educación Infantil y Primaria de Andalucía.

La “mercantilización” de la asistencia provoca un problema doble que “afecta a niños” y es “un tema laboral”, explica la responsable de Hostelería de la Federación de Servicios de CCOO de Andalucía, Carmen Ortiz. Para denunciar la situación de precariedad, monitoras y ayudantes de comedor en Sevilla (en la provincia hay unos 3.000 empleados), con el apoyo de la Federación andaluza de asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) se manifestaron en el trayecto entre la Plaza Nueva y el Palacio de San Telmo, sede de la presidencia de la Junta de Andalucía.

Existen “casos de empresas” que recortan “en las raciones, en el gramaje, en la calidad de la comida o en las horas de vigilancia” para llegar “a lo que han prometido” en la contratación del servicio público. “Estamos cada vez más en trabajo de pobreza, no precario, sino de pobreza”, continúa, con jornadas “de menos de dos horas” diarias como escenario que afecta al “cuidado de nuestros hijos en el comedor”.

Las cifras, según la Junta: 726 centros docentes públicos de la comunidad autónoma y concesiones adjudicadas para los dos próximos cursos que beneficiarán a 79.690 alumnos de las ocho provincias. En 76 colegios con cocina in situ y en el resto mediante catering, todo según la información facilitada por la Consejería de Educación a eldiario.es/andalucia. La contratación de los comedores se realiza a través de Agencia Pública Andaluza de Educación y cuenta con un presupuesto total de 151,31 millones de euros.

Al servicio de comidas para escuelas, divididas en 81 lotes, presentaron ofertas 40 empresas del sector que aplican hasta la fecha a sus trabajadores los convenios colectivos de hostelería o de enseñanza no reglada. Desde las empresas del sector consultadas por este medio no hay respuesta sobre el asunto.

Tampoco desde otro sindicato diferente al convocante de la protesta, UGT. Y, pese a que la federación de AMPAs apoya las quejas, el sindicato independiente del profesorado de la enseñanza pública, ANPE-Andalucía, asegura desconocer estos casos: “No nos han llegado denuncias en ese sentido”.

El baremo económico

“Las monitoras trabajamos dos horas diarias y normalmente tenemos más niños de lo que es nuestro cupo. Y lo hemos notado en la calidad de la comida y en la cantidad”, relata una trabajadora. Que puntualiza: “antes no es que sobrara gran cantidad pero por lo menos no nos faltaba, y ahora nos vemos algunos días un poco cortitas, la verdad”. Y más detalles, como la “comida repetitiva” o cómo “los niños más mayores sí les cuentan a los padres… antes había yogur una vez a la semana, ahora una vez al mes”.

Como denunciaba CCOO en una nota de prensa, la realidad en el inicio del curso escolar choca “con una política de concierto de estos servicios que provoca la disminución de la calidad”. Bajando además, dicen, “la cantidad y calidad de los alimentos a los comedores escolares y, a su vez, despidos y reducciones de jornada de sus plantillas”.

Esta “mercantilización”, cada vez más acentuada según CCOO, tiene una causa: “la Junta de Andalucía saca a concurso los centros, tanto comedor como aulas matinales, y se lo adjudica a la empresa en función de un baremo que en los últimos años puntúa cada vez más en el tema económico”, apunta Carmen Ortiz.

A menor precio del servicio, más posibilidad de obtener la concesión de estos concursos públicos. “Y las empresas van a por todas”, lo que acaba creando “graves problemas no solo en la calidad en la alimentación que reciben los casi 50.000 niños andaluces que cursan estudios en estos colegios, sino también en graves problemas para las plantillas”.

El sindicato CCOO no va a dar nombres

Aunque nadie apunta en una dirección concreta. ¿Qué empresas, qué ejemplos de peores menús? “No voy a decir que sea de menor calidad ni voy a dar nombres de sitios, pero me remito a las quejas que la misma Junta tiene que tener en sus archivos, porque a mí me consta que tiene quejas de directores de colegio a montones”, señala la responsable de Hostelería de CCOO-A.

Las empresas adjudicatarias, según el sindicato, arrastran conflictos laborales como Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) extintivos, ahora en negociación, o impagos generalizados de nóminas. Un contexto que suma a la “pésima” calidad que se ofrece en muchos colegios. Y todo, subraya CCOO-A, “por la política de adjudicación que está llevando a cabo la Junta de Andalucía, donde prima el enfoque economicista frente al de prestación de un servicio fundamental para la ciudadanía”.

La Administración Pública, precisa Ortiz, “sí tiene vigilancia en la calidad de las comidas y en el cumplimiento de la ratio, pero no es suficiente”. “Es un servicio público muy delicado” por lo que CCOO pide “que la Junta se siente con los agentes sociales para llegar a un acuerdo” sobre la situación.

Días atrás, precisamente, varias asociaciones de madres y padres de Andalucía se unían en una recogida de firmas virtual para intentar recuperar la gestión directa de los servicios de comedor escolar. En el manifiesto, con más de 7.000 adhesiones, aseguran sentirse “capturados” por las instituciones. Solicitan, así, la modificación de la Ley de Contratación Pública que permite absorber estos concursos “a las grandes empresas de catering”.

La web de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía indica que los comedores son “una pieza importante en todas las medidas dirigidas a mejorar los hábitos alimenticios de los niños y prevenir problemas de salud como para la obesidad”, informa Europa Press. Por esto, subrayan los iniciadores de la petición, “no debe entender de márgenes comerciales”.

“El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto a la oferta económica más ventajosa”

El pliego de cláusulas evalúa también “el interés de las mejoras que se oferten respecto a las características de los servicios públicos a realizar”. Prima, además, el uso de alimentos ecológicos y las ofertas que integren a trabajadores con discapacidad o con planes de igualdad. Los precios aprobados por la Consejería de Educación y los usuarios previstos garantizan a las empresas realizar el servicio y “obtener un margen normal de beneficio industrial”.

El rendimiento económico sale de los precios aprobados por la Consejería de Educación y los usuarios previstos. Las concesionarias son responsables de la gestión y calidad técnica del servicio y, caso de incumplimiento, la Junta de Andalucía puede intervenir, penalizar o resolver el contrato. Acuerdos sujetos, siempre, a una diversa normativa que va de la Estrategia NAOS para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad del Ministerio de Sanidad al Reglamento del Parlamento Europeo relativo a la higiene de los productos alimenticios.