El Ministerio de Justicia ha iniciado el trámite para dar respuesta a las peticiones de indulto de los condenados por el caso de los ERE. Tras recibir sus solicitudes, Justicia ha pedido a los tribunales informes de cada uno de los condenados que ha pedido la medida de gracia. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha indicado que se trata del trámite habitual que se sigue tras cada petición de indulto.
La Audiencia de Sevilla ha emitido una serie de diligencias, en las que da cuenta de que el Ministerio de Justicia le ha trasladado oficios en los que le solicita informes respecto a cada uno de los exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía, que han solicitado ser indultados de sus respectivas penas de cárcel por el caso ERE. Estaban condenados por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, y entre ellos se encuentra el expresidente andaluz José Antonio Griñán, según ha avanzado ABC y figura en tales diligencias.
En dichos documentos, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla da cuenta de que ha “recibido del Ministerio de Justicia comunicación a la que se acompaña solicitud de la gracia de indulto” de cada uno de los mencionados inculpados, “para su informe por el tribunal sentenciador”, pues esta sección de la Audiencia fue el órgano emisor de la sentencia inicial de la causa, que cuenta además con una sentencia del Tribunal Supremo resolutoria de los recursos de casación interpuestos por los condenados.
Ante dicha “comunicación” por parte del Ministerio de Justicia, la Sección Primera de la Audiencia acuerda en una providencia incluida en la misma resolución, formar “expediente de indulto, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de 1870 reguladora de la gracia de indulto”, para lo cual solicita la “hoja histórico-penal” de cada uno de los condenados que lo ha solicitado, así como “certificación de la sentencia dictada y de la liquidación de condena practicada en la misma o informe de conducta en su caso”.
Igualmente, la sala resuelve oír “en manifestación al perjudicado si lo hubiere, sobre su acuerdo o desacuerdo con la concesión del indulto al penado” y da orden de que una vez reunidos todos estos “despachos”, “pase el expediente al Ministerio Fiscal para que emita el preceptivo informe” sobre las solicitudes de indulto.
Actualmente cumplen pena de prisión por el mecanismo específico de financiación autonómica de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas arbitrarias, solicitando indulto ante ello, el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión; el exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; y el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.
En el caso del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de cárcel, el pasado mes de junio, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla acordaba suspender durante cinco años su entrada en prisión merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal.
El exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, goza de su lado del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios; mientras en el caso del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, su pena de prisión fue suspendida provisionalmente al acordar el Tribunal Supremo reducir su condena inicial de siete años a tres años de cárcel.
Los familiares del expresidente andaluz fundamentan su petición de indulto parcial, respecto a la pena de cárcel derivada del delito de malversación, “expresamente en razones de humanidad y equidad”, esgrimiendo que el expresidente andaluz es “un ciudadano de 76 años (77 actualmente) con una intachable trayectoria vital” y que “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha manifestado al respecto en declaraciones a los medios de comunicación que las peticiones de indulto de Griñán y del resto de condenados a cárcel por el mecanismo de financiación de los ERE fraudulentos está siendo “tramitada como todos los indultos”, con “el mismo curso” que cualquier otra petición de indulto.
Todas las peticiones de indulto, según la ministra, son tramitadas “de la misma manera” y, en consecuencia, estas solicitudes están “en fase de tramitación”, pues “cuando el gobierno está en funciones no se pueden conceder” indultos, pero su tramitación se realiza “igual”.
Cabe igualmente recordar que el Tribunal Constitucional, a la hora de tramitar los recursos de amparo contra sus respectivas condenas, desestimó las peticiones de los mismos en demanda de la suspensión provisional de sus penas de cárcel, si bien en el caso del expresidente Griñán, ya había desistido de dicha solicitud ante el Constitucional al haber sido suspendida su entrada en prisión por la Audiencia de Sevilla, como ha sido señalado.
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