Francisco Fonseca Morillo es, desde junio de 2009, el máximo representante en España de la Comisión Europea. Vinculado a la política comunitaria desde 1986, es doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, donde nació. Su experiencia de diez años en puestos clave del Ejecutivo de Bruselas antes de asumir su actual cargo le hacen uno de los grandes conocedores del entramado comunitario, que inicia ahora una nueva etapa con el ‘popular’ luxemburgués Jean Claude Juncker como presidente. Atendió a eldiarioandalucía minutos antes de participar como ponente en la mesa redonda ‘La Unión Europea renovada’, en el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Granada.
El nuevo presidente de la Comisión, J. C. Juncker, expuso, en su reciente agenda de “orientaciones políticas”, que las medidas de austeridad “evitaron lo peor” en la UE. ¿Qué hubiera sido ‘lo peor’? Mucha gente se ha empobrecido a unos niveles inéditos en decenios. agenda “orientaciones políticas”
Pero ahí no sé si hacemos todos el diagnóstico correctamente. Hay países que lo han pasado muy mal en la crisis, España por ejemplo. La pregunta es: ¿qué le habría ocurrido a España en esta crisis si no existiera el euro?
Es una buena pregunta, porque hay quien opina que el euro fue una “gran trampa”.
Respondo: todas las grandes economías necesitan financiación exterior. ¿Alguien puede pensar que recaudar ingresos en pesetas y pagar deuda en dólares hubiera sido más barato? Eso es evitar lo peor. Los europeos conseguimos salvar nuestro sistema bancario. Con [la caída de] Lehman Brothers, en EEUU, los ahorradores e inversores americanos han perdido el capital. Nosotros conseguimos que todos los europeos tuviéramos garantizados nuestros primeros cien mil euros. Yo no sé lo que tendrá usted ahorrado en el banco pero… [risas]. Hemos tenido un sistema de consolidación fiscal muy doloroso, pero no podíamos financiarnos sobre una deuda transmitida a las generaciones.
¿Era absolutamente necesario rescatar a los bancos tal y como se hizo?
Sí, por un motivo sencillo: lo que ha hecho el Banco Central Europeo es establecer un sistema de facilidades crediticias, que ha permitido que los bancos se puedan beneficiar a unos tipos prácticamente cero para garantizar que el co-capital, nuestros depósitos, no se tocase. Imagínese dejar caer a Deutsche Bank o al Banco Santander; hubiera sido un cataclísmico para las economías europeas. Yo creo que esta decisión fue adecuada. Hemos visto estos días los resultados de los test de estrés bancarios: quién nos iba a decir hace tres años que en España todos los bancos iban a aprobarlos. Eso demuestra que había grandes reformas que hacer y que se han hecho. Ahora falta la parte de estímulos para la economía, porque pensamos que el relanzamiento del empleo debe tener un estímulo público, una bonificación vía Banco Europeo de Inversiones (BEI), y una inversión privada.
¿Todo esto supondría que las condiciones laborales de los ciudadanos fueran mejores? En España cunde la impresión de que se trabaja cada vez más por menos.
Hay que luchar contra la precariedad, es evidente, pero luchar contra la precariedad laboral significa que la economía crezca. Significa tener mano de obra especializada, y exportaciones; que crean empleo, como lo ha hecho EE.UU con el fracking. Con lo cual la ley de la oferta y la demanda tirará para subir los salarios; yo creo que a medida que suba la economía, los empleos y la remuneración por los empleos irán creciendo. Creo que es evidente pero tenemos que poner las bases para que eso suceda.
Sobre exportaciones, sabrá que hay un asunto que inquieta cada vez más: el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (TTIP). Se dice que supondría entre otras cosas subyugar sobre el papel la soberanía popular y los tribunales europeos al poder empresarial.
No está en el Mandato. Lo que es por ejemplo la seguridad alimenticia no está en el Mandato. Nosotros no podemos negociar la entrada en Europa de pollo hormonado, o de transgénicos, porque no está en el Mandato y porque el Parlamento Europeo no lo aceptaría.
¿No es cierto, entonces, que habrá una ola (mayor) de privatizaciones; que las empresas podrán demandar a los Estados ante un ‘tribunal internacional de arbitraje’ cuando consideren que las leyes perjudican a sus intereses, como hizo Philip Morris con Australia?
No, no, vamos a ver. En España hay sectores, como el aero-industrial, el automovilístico, la juguetería o los zapatos, que siguen teniendo unos aranceles enormes para entrar en EEUU; queremos reducirlos en un 95%. También queremos un sistema para que las empresas europeas no tengan tantos problemas para licitar en el mercado americano. Nosotros estamos dispuestos a abrirnos para que entren empresas americanas si las europeas pueden ir allí. Se dice: “la UE va a acabar con el nivel de protección de salud de los consumidores”; no, no es cierto. La sanidad no se va a privatizar; ahora bien, si yo permito que en la sanidad española una empresa privada como Quirón tenga los patrones homologados, tengo que permitir que con esas garantías entre una empresa americana, porque yo quiero que Quirón esté también en EE.UU con las mismas garantías que una empresa americana. Y luego tenemos en el capítulo de inversiones, un principio fundamental del derecho internacional económico, que es el de la seguridad jurídica en la inversión. Lo hemos visto con Repsol e IPF en Vaca Muerta [la principal causa del conflicto entre dichas petroleras]. Cuando una empresa hace una inversión fuerte, quiere tener garantías de que un cambio legislativo-normativo no afecte a sus inversiones. Hay dos soluciones: en el marco del derecho internacional clásico, vamos a un tribunal, que, no nos llevemos a engaño, sería el de derecho a la inversión… y otra solución, que está completamente normalizada, que es el ISDS [en español, Acuerdos de Conflicto Empresa-Estado], que son acuerdos por los cuales los Estados aceptan que una cámara arbitral pueda tomar decisiones sobre esa inversión [como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), del Banco Mundial].
¿Y quiénes conformarían esa cámara arbitral?cámara arbitral
Hay tribunales de arbitraje, fundamentalmente en Nueva York. Vamos a hacer un sistema de homologación de árbitros, para que si hay un conflicto entre la empresa que invierte y el Estado en el que se ha invertido, se pueda resolver por vía arbitral.
¿Y quiénes arbitrarían?
Hay un cuerpo internacional de árbitros, homologado a nivel internacional. Entonces las dos partes se pondrían de acuerdo; no sería que la empresa americana en España escogiera al árbitro, o el Estado español; tendrían que ponerse de acuerdo. Lo que estamos diciendo es que queremos sustituir los acuerdos que existen por un solo acuerdo global para Europa-Estados Unidos. Pero este sistema arbitral está subordinado al sistema jurisdiccional ordinario; si no hay acuerdo con esta decisión se va a los tribunales. Y lo que ha dicho Juncker es: “En cualquier caso, si esto plantea problemas políticos irresolubles, renunciamos a él…”.“En cualquier caso, si esto plantea problemas políticos irresolubles, renunciamos a él…” Pero volver al sistema actual significa 1.400 acuerdos bilaterales…
Llama la atención el hecho de que Juncker diga explícitamente, al comienzo del punto 6 de su Agenda, que “dejaré bien claro que no sacrificaré en el altar del libre comercio las normas europeas en los ámbitos de la salud, la seguridad o la protección social (…) Tampoco aceptaré que la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros quede limitada por regímenes especiales para los litigios de los inversores…”. Suena como a excusatio non petita…Agenda, “dejaré bien claro que no sacrificaré en el altar del libre comercio las normas europeas en los ámbitos de la salud, la seguridad o la protección social (…) Tampoco aceptaré que la competencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros quede limitada por regímenes especiales para los litigios de los inversores…”.excusatio non petita…
Yo no sé si es excusatio non petita o forma parte del programa de gobierno. Si ha seguido usted las comparecencias de la comisaria Malström lo sabrá [“debemos demostrar que no estamos negociando un pacto secreto de espaldas al público...”, dijo]. Es un tema que preocupa; la prueba es que llevamos hablando de ello diez minutos.
No está de acuerdo entonces en que está habiendo cierta opacidad al respecto…
La Comisión desde el principio pidió que se publicara la negociación; se opusieron unos Estados porque son los dueños del papel; ahora han aceptado que se publique. Vamos a ver que no hay ningún fantasma escondido. Y desde que comenzó la negociación en enero hemos hecho una campaña conjunta (el Gobierno, la embajada americana y la representación de la Comisión en España), con una web informativa. Ahora, hay algo que no tenemos que olvidar: si usted quiere comprar algo y está dispuesto a pagar 200.000, pero puede llegar a pagar 240.000, usted no quiere que la otra parte lo sepa. ¿Usted se imagina que los americanos supieran que nuestro margen de maniobra está entre aquí y aquí…? Es un arma clásica de negociación.