La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que la “intención” del Gobierno es que las Comunidades Autónomas vuelvan a los mercados “de manera progresiva” y, de hecho, el Ejecutivo prevé otorgar autorizaciones de forma “inminente” en esta línea a algunas comunidades. “Tenemos inminente la autorización de las primeras comunidades que van a volver a financiarse por sí mismas y van a volver a los mercados”, ha dicho.
En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la ministra ha explicado que Hacienda está “viendo los planteamientos de reestructuración de deuda” de las comunidades que tenía el gobierno anterior desde dos perspectivas. La primeras es la relacionada con aquellas que tienen dificultades para que se les “cubra” por parte de las entidades financieras “la deuda a corto plazo” para que esta pueda ser llevada al “medio plazo” y así hacer una “pequeña reestructuración de la deuda”.
Por otro lado, está la posibilidad de que otras comunidades aborden “la totalidad” de la deuda que tienen con motivo del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), porque la “intención” del Gobierno es que las CCAA “vuelvan a los mercados de manera progresiva” y, de hecho algunas comunidades tendrán la autorización para ello de manera “inminente”.
Esto último, según Montero, da una “señal de normalidad y de recuperación de competencias” puesto que, según ha subrayado, el FLA “fue un instrumento que utilizó el gobierno anterior para recentralizar detereminadas competencias que estaban delegadas en las comunidades”.
LA PROPIA MONTERO LO RECLAMÓ COMO CONSEJERA ANDALUZA
La propia Montero, cuando era consejera de Hacienda del Gobierno andaluz remitió una carta al Ministerio de Hacienda y Función Pública con la que formalizó la petición de salir a los mercados y para que el Consejo de Ministros aprobase la autorización para que Andalucía pudiera captar 1.000 millones de euros en dichos mercados, “y así desligarse progresivamente del FLA y recuperar la autonomía financiera”.
Una de las primeras respuestas del entonces titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, fue una crítica hacia dicha propuesta porque, según dijo, Andalucía no podía presentar una solicitud para que se le autorizase a buscar financiación en los mercados al margen de los mecanismos extraordinarios de liquidez “como si fuera una pugna política” e invitó a la Junta a valorar el “ahorro” que supuso para la comunidad acogerse a dichos mecanismos.
Además, el Gobierno de entonces resaltó, desde el que fue secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, el apoyo dado por el Gobierno central a la Junta de Andalucía a través del FLA durante los últimos años, incidiendo en que la adhesión a este mecanismo extraordinario era “voluntaria”.
Tras esto, el Ministerio de Hacienda y Función Pública solicitó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía una aclaración adicional de las condiciones de la salida de la comunidad a los mercados financieros. De su lado, Montoro continuó insistiendo a Andalucía para que admitiera que se había beneficiado “mucho” de los apoyos financieros del Estado.
EL GOBIERNO ESTUDIÓ LAS PROPUESTAS
El Gobierno, en mayo de este año, continuaba estudiando las peticiones de las comunidades autónomas para salir al mercado, y apuntó que esta salida podría resultar más caro a las comunidades, en cuanto a tipos de interés, y “empeorar” las condiciones que tienen los mecanismos extraordinarios de liquidez establecidos por el propio Gobierno.
Estos fueron los últimos movimientos de la Administración Central antes de que, a primeros de junio, la moción de censura del PSOE saliera adelante en el Congreso de los Diputados haciendo que Mariano Rajoy saliera de la Presidencia y esta pasase a ser ostentada por Pedro Sánchez.
Sánchez llamó a María Jesús Montero para gestionar la cartera de Hacienda y ahora, cuando se ha cumplido poco más de un mes de la llegada del nuevo Gobierno, Hacienda anuncia su intención de otorgar las primeras autorizaciones para que las comunidades salgan a los mercados a financiarse por sí mismas.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Sobre la financiación autonómica, la ministra ha dicho en la entrevista en la cadena Ser que durante esta legislatura no se podrá llevar a cabo una reforma “integral” del actual modelo, pero sí se podrán acometer cambios, como introducir una mayor armonización fiscal entre las comunidades, “redefinir” el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) en cuanto a sus mayorías y reestructurar la deuda autonómica.
Montero ha afirmado que el Gobierno es consciente de las “limitaciones” con las que cuenta para sacar adelante algunas de las reformas, como es el caso de la financiación autonómica, pero sí es posible introducir mejoras en los ingresos de las comunidades, así como introducir algunos cambios.
En cuanto a la reestructuración de la deuda de las comunidades, Montero ha apuntado que Hacienda está analizando los planteamientos del Gobierno anterior y además de la posibilidad de que los vencimientos a corto plazo se puedan alargar a medio plazo, también quiere abordar el estudio “de la totalidad de la deuda”.
Además, ha asegurado que las comunidades contarán con más ingresos, si bien consideró difícil que se pueda llegar a los 16.000 millones de euros adicionales que reclamaba el PSOE en la oposición sin hacer una reforma integral del modelo. Lo que sí se hará, añadió, es hacer “más confortable” la senda de estabilidad y otorgarles más capacidad para dedicar más recursos al Estado del Bienestar. “El debate está en cómo blindar la financiación de determinadas competencias”, reiteró.
CATALUÑA Y LOS PAQUETES PRESUPUESTARIOS
Preguntada acerca de cómo se van a financiar las demandas de la Generalitat de Cataluña que se puedan acordar con el Gobierno de Pedro Sánchez, la titular de Hacienda indicó que en las reuniones que mantendrá el jefe del Ejecutivo con los presidentes autonómicos se establecerán las prioridades de cada comunidad y, “en la medida de lo posible”, se incorporarán en los Presupuestos “con absoluta transparencia”.
En este punto, quiso dejar claro que no habrá “paquetes presupuestarios” para cada territorio, más allá de que cada comunidad traslade al Gobierno sus prioridades, y también afirmó que las cuestiones que se pacten con alguna comunidad y que puedan beneficiar al resto, “se harán extensibles a todas aquellas que cuenten con las mismas condiciones”.