El pacto que el PSOE ha suscrito con ERC para Cataluña es para una “financiación singular” que no sólo no ataca a una igualdad entre territorios que está “garantizada”, sino que además cualquier comunidad autónoma puede aspirar a lo mismo siempre y cuando siga los pasos de la Generalitat catalana: aumentar sus competencias para profundizar en su autogobierno. Esta es la tesis que este sábado ha defendido desde Sevilla la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, que ha enmarcado el camino iniciado en la “línea de federalización” que postula el PSOE, y que se resume en una “mirada nueva” a la financiación autonómica que pasa por “acompañar los recursos con competencias”.
Montero ha intervenido en la reunión de la interparlamentaria socialista andaluza de inicio del curso político, en un momento de tensión en el PSOE como demuestra que en Aragón ha rechazado este acuerdo fiscal con ERC. Un documento que, a su juicio, “no se ha leído nadie” y que abre la puerta a una financiación singular como la que por ejemplo reivindican Canarias y Baleares “y nadie se rasga las vestiduras”. Por eso, ha defendido que la senda que ahora se abre lo que hace es “compatibilizar lo que es común con lo que es particular” de cada territorio, algo que “ha existido siempre”.
No sólo eso, sino que el pacto “habla de la vocación de autogobierno” de Cataluña, algo que se recoge en su estatuto de autonomía como en el de otras comunidades, el de Andalucía sin ir más lejos. “Moreno Bonilla demoniza cuestiones que están en el Estatuto andaluz”, otra cosa es que el PP “no cree en el autogobierno” y no está dispuesto a asumir más competencias.
“Defender la igualdad en todos los territorios es compatible con la aspiración de más autonomía, ¿o es que tenemos unos estatutos de autonomía de postureo?”, se ha preguntado de manera retórica. Por eso, ha “animado” a sus compañeros de militancia en Andalucía a “leerse el acuerdo con ERC y las partes económicas del Estatuto” andaluz, ya que así comprobarán que “son idénticos”. “Lo que vamos a hacer es profundizar en mayores dosis de autogobierno”, ha reiterado.
El mensaje no es casual en un territorio como Andalucía, donde el PSOE tiene que hacer encajes de bolillos para explicar el acuerdo catalán y donde se ha convertido en el principal argumento del PP para desarmar la oposición que lidera Juan Espadas. Por eso, Montero ha puesto especial énfasis en repetir que “el PSOE es garantía de igualdad, está en su ADN”, y ha cargado contra un PP que “todos los días dice que España se rompe y cada día lo que está es más fuerte y cohesionada”.
A ello ayuda, ha destacado, que ahora “hay un presidente socialista en Cataluña”, un Salvador Illa que “vela por la integridad y el bienestar de nuestro país y que comparte su estructura territorial”, lo que es compatible con “vocaciones de autogobierno que son legítimas”. “Illa respeta el ordenamiento constitucional y está intentando normalizar la situación de convivencia, porque en Cataluña no se hablaba de lo que le importa a la clase trabajadora y media”.
Por eso insiste en la necesidad de leer con detenimiento el pacto entre PSOE y ERC, porque sin hacerlo “escucho interpretaciones interesadas de los de siempre que quieren confrontar”. En este sentido, ha acusado al PP de “mentir” al respecto para “hacer ruido y enfrentar al resto de España con Cataluña porque creen que así les va bien”. “Sólo usan a Cataluña para confrontar”, ha apostillado.
Esto no quita, ha reconocido, con que hay que acometer una reforma del sistema de financiación autonómica al que el PP se ha negado hasta ahora porque “no va a tener nunca una posición común”, ya que los intereses de Galicia o Madrid chocan por ejemplo con los de Andalucía. Pero el hecho de que oficialmente haya cuatro territorios infrafinanciados con el actual modelo (Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha) no significa que no estén recibiendo fondos adicionales. Desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, apunta Montero, la propia Andalucía ha recibido más de 7.500 millones de euros extra al año cuando el Gobierno de Moreno reclama 4.000, “¿qué van a hacer, renunciar a los otros 3.500?”.
De paso, ha criticado la “hipocresía” del PP de Moreno, que con una mano pide más fondos mientras con la otra recauda menos al “bajarle los impuestos a los más ricos”. “No hay solidaridad e igualdad sin progresividad fiscal”, por lo que considera que la actitud del PP en general no es sólo insolidaria sino también “un atentado contra la igualdad”. Y ha puesto otro ejemplo: los populares exigen más bajadas del IVA, pero luego las comunidades autónomas gobernadas por los de Alberto Núñez Feijóo “piden que se les mande lo que se deje de recaudar” si se da este paso.
En su intervención, la vicepresidenta primera ha animado a sus compañeros a “no comprar el marco mental del PP”, que hace un dibujo catastrofista ante el que “no nos vamos a arrugar”. “Sabemos dónde están las amenazas y los riesgos: la vocación del PP es privatizar los servicios públicos”, lo que ha contrastado con un PSOE que “defiende los intereses de la mayoría. No estamos en contra de nadie, estamos a favor de la mayoría”.
A ello ha añadido que uno de los grandes retos del curso político que ahora arranca es la regeneración democrática, para así “dar criterio a los ciudadanos para evitar la manipulación”. En este sentido, ha anunciado (sin más detalle, eso sí) que el Gobierno “va a desplegar una intensa agenda de regeneración democrática”, un proceso que tiene que contar con la participación del conjunto de la sociedad para permitir que la ciudadanía participe en la vida pública “sin que nadie le coaccione”.
Esto, por cierto, lo ha entroncado con una nueva defensa a ultranza de la sentencia del Tribunal Constitucional que le ha dado un vuelco al caso de los ERE en Andalucía. “Por fin se hace justicia con los compañeros y hemos conocido la verdad de un caso falso para derrocar gobiernos”, lo que propició que dirigentes socialistas fueran “vilipendiados y encarcelados” en una operación en la que “se sobrepasaron los límites de la ética política”. El responsable de ello sería un PP que logró por esta vía “lo que no podía conseguir en las urnas”.
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