La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha considerado que el tercer recurso que ha promovido este mismo viernes el Gobierno de la Nación contra la subasta pública de medicamentos en Andalucía, tras el anuncio hecho en Consejo de Ministros, supone “una falta de respeto a la Junta de Andalucía, a las instituciones en su conjunto y me atrevería a decir que al mismo Tribunal Constitucional”.
Montero, quien este miércoles ya adelantó en declaraciones a Europa Press su temor de que el Gobierno central elevase este mismo viernes el mencionado recurso, ha reprochado ahora en declaraciones a los periodistas en Sevilla tras la definitiva confirmación que la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy responde a la “oposición” que su gabinete estaría llevando a cabo “para que no se pueda demostrar que hay otra forma distinta de hacer las cosas y salir de la crisis”.
“Esto es, que ha otra forma de hacer las cosas sin que el único camino posible sea el de la privatización, el cierre de centros o el despido de trabajadores como ellos (el Ejecutivo central) pretenden”, ha argumentado.
Del mismo modo, ha reiterado sus criticas en el sentido de que el proceder del Gobierno de España “pone de manifiesto que defiende los intereses millonarios de la industria farmacéutica frente al esfuerzo de trabajadores o pensionistas, que además tienen que financiar sus medicamentos”.
“Andalucía es la expresión de una forma distinta de salir de la crisis y de hacer los ajustes en el gasto público, sobre todo, en materia de sanidad, ya que lo que nosotros hacemos con un sistema tan innovador como la subasta es bajar la cuenta de resultados de la industria farmacéutica, pero sin repercutir en las prestaciones ni en la calidad de la sanidad”, ha añadido Montero.
CONFÍA EN QUE EL TC VUELVA A FALLAR EN SU FAVOR
Preguntada acerca de si la decisión del Consejo de Ministros supone paralizar de nuevo la subasta de medicamentos, ha admitido que habrá que esperar a comprobar “el alcance del auto”, aunque ha confiado en que el Constitucional saque “pronto” su nueva resolución sobre este conflicto y que, el mismo, “tenga el mismo resultado que los anteriores”, en referencia a que se levantaron las suspensiones cautelares que pesaban sobre la subasta.
“Esperemos que sea así y que podamos continuar con total normalidad el desarrollo de la subasta, ya que, de lo contrario, implicaría que esos 200 millones de euros que tiene previsto ahorrar la Junta y que ya no están en el presupuesto”, ha proseguido Montero, también en referencia a que ese montante previsto de ahorro habría que detraerlo de otras partidas que se verían ajustadas para cumplir con los objetivos de déficit.
“Supondría una estimación de ajuste similar al despido de 6.500 trabajadores, al cierre de un hospital del tamaño del Puerta del Mar de Cádiz durante todo un año, al cierre de todos los centros de atención primaria de una provincia como Córdoba o al desmantelamiento de la red de unidades móviles o helicópteros de la empresa EPES”, ha concluido la titular andaluza del ramo, justificando así el hecho de que “estamos hablando de algo muy serio”.