El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno está dispuesto a retirar la proposición de ley para regularizar una ampliación de regadíos en la Corona Norte de Doñana si el Ministerio de Transición Ecológica plantea hoy una alternativa que haga compatible la preservación del Parque Nacional con la situación de los agricultores que esperan ver amnistiadas sus parcelas con dicha ley.
Es la primera vez que la Junta abre esa puerta y lo hace minutos antes de la reunión entre el presidente andaluz y la ministra del ramo, la vicepresidenta Teresa Ribera, que se celebra esta tarde en el Palacio de San Telmo. El encuentro, aunque la Junta lo enmarca en “una reunión ordinaria de trabajo entre dos administraciones”, tiene lugar 24 horas antes de que la ley se incluya en el orden del día del próximo Pleno para su aprobación definitiva en el Parlamento la próxima semana.
“Agradecemos el cambio de postura del Gobierno. Hasta ahora habían asegurado que para sentarse a hablar era necesaria la retirada de la proposición de la ley que se tramita en el Parlamento de Andalucía. Ahora se han sentado a hablar con la proposición de ley viva y en tramitación”, ha asegurado el portavoz de la Junta y consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, subrayando que cualquier alternativa pasa por una fórmula que concite la salvaguarda de Doñana con los intereses de los agricultores que se beneficiarían de la ley.
A la pregunta de si el Gobierno andaluz valoraba, por primera vez, retirar esa polémica ley, que lleva casi dos años de tramitación interrumpida y aplazada por varios procesos electorales, el portavoz ha recalcado: “Hay una línea roja que es infranqueable: las soluciones en la mesa para salvaguardar Doñana deben ser compatibles con solucionar el problema de los agricultores. Si el Gobierno tenía una solución mejor estaríamos encantados de escucharla”. “Juanma Moreno no ha dejado tirado a los agricultores”, ha añadido.
El calendario previsto por el PP andaluz implicaba elevarla a pleno este miércoles y aprobarla en el Parlamento el próximo 10 de octubre. Pero la Junta era consciente de que su recorrido era limitado, porque el Gobierno central en funciones tiene ya redactado el recurso de inconstitucionalidad para tumbar la ley ante el Tribunal de Garantías.
La reunión in extremis entre Moreno y Ribera para desatascar 21 meses de forcejeos entre gobiernos a cuenta de Doñana se ha gestionado prácticamente en secreto y con las susceptibilidades entre ambos gobiernos muy vivas. El encuentro lo anunció ayer lunes el Ministerio de Transición Ecológica, al incluirlo en la agenda de la ministra en Sevilla. La Junta aseguró entonces que la reunión “no estaba cerrada aún”, y no fue hasta última hora de la mañana que se ha confirmado el encuentro en la agenda del presidente andaluz.
El portavoz ha explicado que fue Ribera quien se puso en contacto con Moreno “hace unos días”, que la reunión “no estaba programada desde hace mucho tiempo” y que cuando el Ministerio hizo el anuncio ayer, la Junta de Andalucía todavía no había confirmado la disponibilidad del presidente andaluz. Fernández Pacheco explicó hace una semana que “los canales de comunicación” con el Gobierno central “estaban abiertos”, pero entonces no se había producido aún la llamada de la ministra a Moreno.
En origen, la proposición de ley para recalificar terrenos de secano en cultivos de regadío en el entorno de Doñana –unas 700 hectáreas que precisarían de casi cuatro hectómetros cúbicos de “agua en superficie”– fue iniciativa de Vox, posteriormente asumida y modificada parcialmente por el PP.
En los últimos meses el PP ha retrasado hasta en tres ocasiones el calendario de tramitación, la última hace un par de semanas después de anunciar que su intención era validarla definitivamente el pasado 27 de septiembre. En estos casi dos años, Gobierno y Junta han hecho llamamientos cruzados al entendimiento y a la negociación mientras la Comisión Europea, la ONU, la Unesco y la comunidad científica internacional alzaba la voz una y otra vez (con amenazas de sanciones incluidas) contra la iniciativa de los populares andaluces.
Hasta la fecha el Ejecutivo central ha mantenido que el diálogo sólo era posible si se retiraba la ley, ya que considera que choca frontalmente con los compromisos adquiridos con Bruselas para la recuperación de Doñana y, de hecho, podría precipitar multas en aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que pesa sobre España. Desde el Gobierno andaluz, por su parte, se ha insistido una y otra vez en que la iniciativa legislativa no implica autorizar derechos de riego y se limita a ordenar el territorio, un argumento que hasta la fecha no ha conseguido que cale en ningún organismo o administración.
La vicepresidenta del Gobierno ha llegado al Palacio de San Telmo pasadas las cuatro de la tarde y, en declaraciones a los medios, ha adelantado que “la postura del Gobierno pasa por que no haya ni media hectárea más reconocida como regadío [junto a Doñana]”, aunque acto seguido ha recogido el guante lanzado horas antes por la Junta: “En efecto, si hay que buscar alternativas [a la ley], estamos encantados, disponibles y contribuiremos todos a ello”.
Ribera se ha mostrado confiada en que la reunión con Moreno “vaya bien”, y ha apostado por reconducir la negociación in extremis entre gobiernos para evitar el recurso ante el Constitucional. “No necesitamos ir a ningún tribunal para que nos diga que las administraciones debemos trabajar por salir adelante en Doñana, cuando el procedimiento de infracción todavía está abierto en la UE y simultáneamente en la Unesco”, ha subrayado, para remachar que “vamos a trabajar juntos para encontrar alternativas y soluciones al territorio”.
Un grupo de ecologistas manifestándose a las puertas de San Telmo ha recibido a la ministra de Transición Ecológica, exigiendo la retirada de la polémica ley, bajo el lema de Doñana no se vende, Doñana se defiende, un mensaje que Ribera ha hecho suyo y que se ha comprometido a trasladárselo al presidente andaluz.
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