“Para mí esto es la típica polémica de campaña electoral. Mucho ruido y pocas nueces”. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, se ha referido este viernes, por primera vez, a la polémica de los contratos a dedo con clínicas privadas que su Gobierno ha prolongado durante dos años amparándose en un decreto ley derogado en mayo de 2021.
Moreno, de visita oficial en Barcelona, ha minimizado el asunto revelado por eldiario.es/Andalucía, aunque su Ejecutivo anunció la cancelación de los contratos de emergencia 24 horas después de la publicación de la noticia. A preguntas de los periodistas sobre las críticas de la oposición acerca de dichas adjudicaciones a dedo del Sistema Andaluz de Salud (SAS) -ampliando un presupuesto inicial de 70 millones hasta los 242,7 millones-, el presidente de la Junta ha subrayado que todas las prórrogas de gasto estaban avaladas por dos informes jurídicos del SAS.
El PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía advierten ya de posibles “irregularidades” y sopesan denunciar el caso ante la Fiscalía y llevar la documentación al Tribunal de Cuentas. El Acuerdo de Emergencia que ampara los 79 contratos con clínicas privadas, de 20 de enero de 2021, fue prorrogado cuatro veces con adendas de ampliaciones de gasto hasta los 243 millones de euros. Siguen vigentes en la actualidad -la última prórroga es hasta junio de 2023-, aunque el portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, anunció el martes que volverán al sistema de contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva, a partir de junio.
El presidente de la Junta ha insistido en que “es muy típica en campaña electoral este tipo de polémicas para desgastar al adversario”, y al respecto ha subrayado que la Administración andaluza contaba con “el visto bueno de los servicios jurídicos de la Junta” para realizar estas contrataciones, que se hicieron así “conforme a Derecho”.
“Cuando estamos en una pandemia” en la que “hay, de una manera urgente, que actualizar una serie de necesidades materiales y humanas, se hace por el procedimiento que fue autorizado por los servicios jurídicos”, por lo que, “desde nuestro punto de vista, no existe tal polémica”, ha argumentado Moreno.
El dirigente popular ha añadido que, en este caso, “había unos recursos que había que ejecutar, que gastar; había unas necesidades sanitarias, y lo que se ha hecho ha sido de la manera que había que hacerlo, en torno a Derecho y a las normas existentes en Andalucía”. Moreno ha tirado de ironía para asegurar que “ahora vamos a tener unos meses muy divertidos donde nos vamos a pegar tortas todos, los unos contra otros, y donde todo se convierte en algo escandaloso”.
El presidente de la Junta también ha aludido, sin citarlo, al conocido como 'caso Mediador' en el que presuntamente está implicado el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, al apostillar que cree que “los escándalos son los que hemos vivido, con fotos muy desagradables por parte de un diputado del PSOE, y creo que todo lo demás, al final, es mucho ruido y pocas nueces”, ha zanjado Moreno.
El Sistema Andaluz de Salud (SAS) volverá a la contratación ordinaria, con publicidad y concurrencia competitiva, a partir del próximo 30 de junio, cuando expira la cuarta y última prórroga del procedimiento de contratación de emergencia, que Moreno ha estirado durante más de dos años, amparándose en las condiciones “excepcionales e imprevisibles” de la pandemia, y en un marco legal estatal derogado en mayo de 2021.
El anuncio se hizo 24 horas después de que este periódico publicase que el SAS aún mantenía vigente el sistema de contratos a dedo con clínicas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva. “El objetivo es que no se sigan prorrogando [los contratos de emergencia], confirmó el portavoz de la Junta a preguntas de los periodistas.
Ese sistema excepcional ha permitido estirar un presupuesto inicial de 70 millones de euros hasta los 242,7 millones, aludiendo a la saturación de la sanidad pública, la situación de emergencia y los “acontecimientos imprevisibles” derivados del Covid-19, argumentos que los servicios jurídicos del Gobierno andaluz han avalado hasta junio de 2023.
eldiario.es adelantó el lunes que gran parte del sobregasto en contratos a dedo con clínicas privadas se sustentaba en el artículo 16 del Real Decreto ley 7/2020, mencionado en las resoluciones de prórroga del SAS, y que estaba derogado desde el 9 de mayo de 2021. Fuentes del Ejecutivo andaluz admiten ahora que todo el dinero recogido en las adendas y prórrogas -alrededor de 173 millones de euros- se adjudicó fuera del plazo legal estatal, es decir, posterior a la derogación del citado decreto.