El pasado 3 de abril, tras hacerse público el fichaje del ex viceconsejero de Salud del Gobierno andaluz por parte de la aseguradora Asisa, los grupos de izquierdas Por Andalucía y Adelante Andalucía registraron sendas denuncias ante la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. El PP les acusó de “populistas”.
Pero, 24 horas después, fue la propia Inspección General de la Junta –dependiente de la Consejería de Justicia– quien recomendó al Ejecutivo andaluz seguir el mismo camino –en un informe fechado el 4 de abril que la Junta decidió no hacer público–, después de haber analizado los vínculos entre Miguel Ángel Guzmán y la empresa privada que le ofreció un contrato como jefe médico de Andalucía tres meses después de su cese en la Consejería de Salud.
Este aspecto de la investigación interna que ordenó el Gobierno de Juan Manuel Moreno se desconocía hasta ahora, porque forma parte del informe extraordinario del Servicio de Inspección de la Junta, al que ha tenido acceso este periódico, y que concluye que el fichaje del ex número dos de Salud vulneraba la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos.
El Gobierno andaluz ofreció las conclusiones de aquel informe en un comunicado a los medios, pero se negó a hacer público el documento alegando que “se refiere a una persona identificada” y afectaba al “derecho fundamental a la protección de datos” personales del ex viceconsejero. En virtud de la Ley de Transparencia, la Junta se vio obligada a entregar el informe a este periódico: “Se hace evidente el innegable interés público que existe para el acceso a esta información, y que desplaza los derechos del afectado en lo concerniente a la protección de sus datos personales”.
Un informe “preliminar”
El 4 de abril, a raíz de las informaciones publicadas sobre la contratación de Guzmán por Asisa, el jefe de Inspección General de Servicios de la Junta emitió un informe con “carácter preliminar”, porque se basó “exclusivamente en los datos de los que en ese momento se disponía”. El documento concluye que el salto del ex viceconsejero de Salud a la empresa privada –anunciado tres meses después de su cese– vulneraba la Ley de Incompatibilidades y, entre sus propuestas, insta a la Junta a denunciar el caso ante la Oficina Antifraude si el fichaje llega a consumarse.
El Ejecutivo andaluz nunca llegó a hacerlo, porque aquel informe tuvo un efecto disuasorio inmediato: Guzmán y Asisa aparcaron su relación contractual hasta el mes de julio, cuando la Junta autorizaba el fichaje porque habían pasado los dos años de plazo preceptivo que establece la ley. Con todo, la Inspección deja claro que sus conclusiones son “preliminares” e insta a la Junta a “elaborar un informe definitivo que concluyera la actuación en curso”, ya con el análisis completo de los vínculos entre el ex viceconsejero y Asisa.
Pero el Ejecutivo andaluz abandonó esa recomendación del informe y dio por zanjado el asunto cuando el ex alto cargo aparcó su contrato. “El objeto de la inspección extraordinaria [el contrato de Guzmán] no se llegó a formalizar, el supuesto de hecho que propició la actuación resultó ser inexistente, lo que dio lugar al archivo de la actuación el 7 de mayo de 2024”, advierten desde la secretaría general de Administración Pública de la Junta.
Terremoto político
El fichaje de Guzmán por la aseguradora provocó un terremoto político, porque durante su mandato como gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) había adjudicado 44 millones de euros en contratos a dedo a los hospitales de esta compañía, un extremo desvelado por este periódico. El Ejecutivo andaluz se “enteró por la prensa”, argumentó entonces, y a las pocas horas de saltar la noticia ordenó la apertura de una investigación interna para determinar si su ex viceconsejero había vulnerado la legislación en materia de incompatibilidades.
El Servicio de Inspección de la Junta hizo un “informe preliminar”, con los datos recabados a la Consejería de Salud, y tras revisar 14 convenios que Guzmán había firmado en beneficio de Asisa mientras estuvo al frente del SAS, entre octubre de 2019 y julio de 2022. La conclusión es que no habían “transcurrido los dos años preceptivos desde su cese como gerente y su supuesta incorporación al Grupo Asisa, entre cuyas entidades se encuentra el Grupo Hospitalario Lavinia”, beneficiario de los 44 millones de euros en contratos a dedo.
El departamento no llegó a elaborar un informe definitivo, porque a partir de estas primeras conclusiones –cuatro páginas de extensión–, Guzmán renunció a tomar posesión de su puesto en Asisa, al menos hasta el mes que viene, cuando se cumplen dos años desde que abandonara la dirección del SAS. Los inspectores de la Junta determinaron que no existía incompatibilidad entre las decisiones que adoptó posteriormente –ya como viceconsejero de Salud– y el puesto de director médico de Andalucía que le ofreció Asisa.
Sin embargo, en ese periodo Guzmán también adoptó decisiones que beneficiaron a esta empresa, y sobre la que el Servicio de Inspección de la Junta pidió información, a saber: “la acreditación como hospitales universitarios de los centros HLA Inmaculada, en Granada, y HLA El Ángel, en Málaga, durante el periodo comprendido entre julio de 2022 y diciembre de 2023”.
Estas últimas actuaciones, que convirtieron a Asisa en el primer y único grupo empresarial privado con vínculos y sinergias con universidades públicas de Andalucía, las autorizó Guzmán ya como viceconsejero, un mes antes de dimitir y cuatro antes de fichar por el grupo. En este caso no han transcurrido los dos años que establece la ley, pero el informe no haya motivos de incompatibilidad.
Lo que sí revela el citado informe extraordinario de Inspección son propuestas de actuación dirigidas al Gobierno andaluz, entre ellas, poner la documentación referida a Guzmán en manos de la Oficina Antifraude “para su conocimiento y efectos oportunos en el supuesto de que se formalizara la relación contractual y pudiera, por consiguiente, ser constitutivo de falta grave”, dice el documento, “con independencia de que se continúe con la tramitación de la actuación inspectora para un mejor conocimiento de las circunstancias concurrentes”.
El informe también anima a “continuar con la actuación inspectora” sobre el caso de Guzmán, e insta a la Junta a endurecer la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos, de 2005, porque “no hay procedimiento por el cual la Administración tenga conocimiento de la contratación de ex altos cargos y para evitar situaciones sobrevenidas similares”, concluye.
A las pocas semanas, el consejero de Justicia presentó una reforma exprés de la ley, precisamente para hacer obligatoria la consulta a la Junta de los altos cargos que decidían fichar por el sector privado antes de los dos años estipulados. La modificación se aprobó por decreto ley, que será convalidado este miércoles por el Parlamento andaluz, con independencia de que el Ejecutivo de Moreno desarrolle una revisión más exhaustiva de la norma de incompatibilidades, que amplíe incluso el derecho a cesantías (la indemnización que perciben ahora los ex directivos tras dejar la Administración pública: un mes por cada año trabajado).