Juan Manuel Moreno ha lanzado esta semana su primera batalla cultural sin Vox desde que gobierna Andalucía: un ciclo de conferencias sobre ETA en los institutos públicos de la mano de una fundación afín a PP y Vox. Una iniciativa metida con calzador en el Día Escolar de la Paz –30 de enero– que ha desconcertado a la comunidad educativa, soliviantado al profesorado y crispado a sindicatos docentes, asociaciones de padres de alumnos y al bloque de partidos de izquierdas en la oposición.
Las charlas sobre la banda terrorista –disuelta hace 11 años– se solapan en el tiempo con la ofensiva del PP de Alberto Núñez Feijóo contra los pactos de Pedro Sánchez con Bildu, al que los populares asimilan a diario con ETA.
La iniciativa nace de un convenio firmado el pasado lunes entre la Consejería de Desarrollo Educativo y la Fundación Villacisneros, asidua a foros y manifestaciones contra Sánchez, y que ha contado entre sus patronos con Esperanza Aguirre, Jaime Mayor Oreja o el actual eurodiputado de Vox Hermann Terstsh.
La Fundación Villacisneros –ultraconservadora y ultracatólica– defiende un solo modelo de “familia tradicional”, se manifiesta contra el aborto, la eutanasia y contra las políticas de igualdad de género, promoviendo su derogación. Su filosofía económica es ultraliberal, beligerante con el pago de impuestos y con las subvenciones públicas, orientada a achicar el Estado de Bienestar. Su presidente, Íñigo Gómez–Pineda Goizueta, propone retirar el derecho a votar “a todo el que reciba subvenciones del Estado”.
La “historia de ETA” entra las aulas y en el currículum andaluz de la mano de esta entidad, bendecida con un convenio y un apretón de manos de la consejera de Educación, Patricia del Pozo, en un instituto público de Sevilla. La reacción en cadena que ha desatado era “previsible”, admiten en el Palacio de San Telmo (sede de la Junta).
Aún así el presidente Moreno se ha arriesgado a librar una guerra cultural con los sectores más progresistas de la sociedad andaluza en el terreno de la educación. Un campo de minas, donde convergen sensibilidades a flor de piel de 131.000 profesores y 1,7 millones de estudiantes con sus respectivas familias. En el PP andaluz le restan importancia, pero admiten que en la pasada legislatura –con un Gobierno en minoría condicionado por Vox– Moreno “nunca hubiera dado este paso”. ¿Por qué ahora?
Hace apenas dos semanas se público el último CIS andaluz, que vaticinó una mayoría absoluta de Moreno más abultada que la que ahora disfruta (58 diputados en las autonómicas de 2022). El sondeo le auguraba 61 escaños –un techo histórico– a una distancia de 26 diputados de un PSOE en declive.
Diversas voces del ámbito político, sindical y socioeconómico de Andalucía coinciden en un diagnóstico: la mayoría absoluta del PP en Andalucía “está consolidada”, el presidente de la Junta siente que no tiene oposición política ni social –la contestación en las calles es escasa o moderada, salvo en el ámbito sanitario– y, a estas alturas, ha perdido el miedo a meterse en los debates ideológicos que más agitan al electorado de izquierdas. Las guerras culturales que protagonizó Vox durante la pasada legislatura, y de las que Moreno huyó como la peste para proteger su imagen de político moderado y centrista.
Esta vez es una iniciativa en solitario del PP andaluz, y no va a rebufo de Vox. “Nos congratulamos por este convenio. Hemos acudido a muchos actos organizados por la Fundación Villacisneros y es modélica. Es un acierto de la consejería de Educación”, fue la reacción del grupo Vox en el Parlamento, en palabras del diputado Ricardo López.
El ciclo de conferencias sobre ETA en institutos andaluces ha desempolvado el debate educativo de sopetón. Educativo en el sentido etimológico de la palabra, es decir, un debate donde los responsables de la enseñanza –docentes, familias y el tejido social más implicado– se cuestionan sobre la importancia de transmisión de valores en la escuela pública, sobre la autonomía pedagógica de los colegios y sobre la libertad de cátedra de los maestros.
Lo inédito de este debate, profundamente ideológico, es que lo haya promocionado el propio Gobierno de Moreno, reacio siempre a patear piedras identitarias que desaten un alud de protestas en la izquierda. El PP andaluz nunca ha peleado en este terreno desde dentro. Los populares han convertido el concepto “ideología” en un anatema, una especie de pecado capital de la izquierda. Hasta hoy, el presidente de la Junta miraba para otro lado cuando Vox sacudía sus avisperos identitarios. O cuando lo hace Isabel Díaz Ayuso.
El acuerdo de la Junta con una fundación integrista católica que ejerce de think tank para PP y Vox es un giro de guion: las charlas sobre ETA en las escuelas andaluzas han generado desconcierto, estupor e indignación entre el profesorado del instituto de Sevilla donde se firmó el convenio, y donde se celebró la primera conferencia, a cargo de la exdiputada del PP Teresa Jiménez Becerril, hermana del concejal sevillano asesinado por ETA hace ahora 26 años.
La Confederación Andaluza de AMPA por la Educación Pública (Codapa) emitió un comunicado con duras críticas y acusaciones de “politizar” la escuela por “intereses partidistas”; el sindicato Ustea acusa a la consejería de querer “adoctrinar” al alumnado –una palabra que el PP exprimió en el pasado, cuando combatió en las calles y en los tribunales la asignatura de Educación para la Ciudadanía–. Los tres partidos de la oposición de izquierdas han condenado el convenio, exigido que se retire y solicitado la comparecencia de la consejera en el Parlamento la semana que viene.
“Moreno se siente impune. No ve contestación política ni ciudadana y por eso hace algo que podría haber hecho Vox, de la mano de una fundación ultraderechista que no va a ponerle a los alumnos la película Maixabel [que aborda el perdón y la reconciliación entre víctimas y asesinos], sino que intentará adoctrinarles con valores machistas, fascistas y retrógrados”, dice el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, convencido de que esta vez el presidente “ha cruzado una línea”. “Por estas cosas se pierde legitimidad del discurso moderado en la calle”, avisa. Su grupo ha solicitado al Defensor andaluz de la Infancia que investigue el convenio.
La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, exigirá explicaciones en el Parlamento a la consejera, a quien acusa de llevar “criterios dogmáticos a las aulas, que poco tienen que ver con la convivencia y el conocimiento de nuestro pasado”. “Está bien que se debata sobre algo que generó un dolor inenarrable, pero ETA fue derrotada hace una década. Sería bueno que, en el Día Escolar de la Paz, los alumnos conociesen un contexto más actual, como el bombardeo sobre Gaza que está sucediendo ahora”.
La portavoz del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha afeado a la consejera que “no haya contado con las asociaciones de víctimas ni con la comunidad educativa ni con las familias”, y ha criticado que una “fundación de ultraderecha entre en los colegios a adoctrinar a nuestros alumnos de manera totalmente lamentable, utilizando la educación pública para sus fines partidistas”. “Lo que nos faltaba ya es que el señor Moreno ponga todo el Gobierno al servicio de la estrategia de Feijóo en España”, ha remachado.
PP y Vox han defendido con vehemencia este acuerdo. “No terminamos de entender que haya quien se pueda escandalizar de que víctimas de la banda terrorista ETA den charlas en centros educativos con motivo del Día de la Paz y ofrezcan testimonio de una etapa triste y todavía muy presente de la historia de España”, ha advertido el portavoz popular, Toni Martín.
Moreno acaba de cumplir cinco años como presidente de la Junta de Andalucía. Los primeros cuatro años los pasó esquivando cualquier debate ideológico que despertase a las aletargadas bases de la izquierda, consciente de que su mandato era fruto de una desmovilización sin precedentes del voto progresista. El suyo fue el primer gobierno autonómico de España asociado a la ultraderecha.
Vox irrumpió en las instituciones a través del Parlamento andaluz, en 2018, y desde el minuto uno impuso sus guerras culturales al PP-A más jibarizado de la historia –26 diputados– a cambio de su apoyo a la investidura de Moreno. Se cuestionaron, vilipendieron y combatieron las políticas de igualdad –rompiendo un consenso social ratificado en leyes aprobadas por unanimidad o por amplia mayoría–, se criminalizó la inmigración, singularmente la de menores no acompañados, y se cuestionó la autonomía pedagógica de las escuelas y de los maestros. Los ojos del país se clavaron en Andalucía, como laboratorio de lo que luego se extendería por todo el país.
El PP de Moreno estrenó el primer gobierno andaluz de derechas en 37 años con una incomodidad manifiesta, similar a la que ahora vive el PSOE en su alianza con Puigdemont: a diario, el presidente y su equipo debían salir al paso para explicar cada coma de su pacto suscrito con Vox, cada declaración inflamable que hacían sus socios, cada amenaza de tumbar los Presupuestos –lo hicieron tres veces y los aprobaron tres veces–, cada advertencia de hacer descarrilar la legislatura.
Moreno necesitaba a Vox, pero Vox necesitaba a Moreno. El pegamento de las derechas era el destierro inevitable del PSOE andaluz, tras casi cuatro décadas ininterrumpidas en el gobierno.
Y así, esquivando cada lance con la ultraderecha, el presidente de la Junta llega a las autonómicas de 2022 con una imagen consolidada de político moderado, centrista y sereno, y logra una mayoría absoluta aplastante. Acaba de cumplir un año blindado por esos 58 diputados, las encuestas augurando más ventaja sobre el PSOE y su proyección nacional en ascenso.
Moreno es el referente autonómico del PP de Feijóo, se siente con autoridad para participar en debates de Estado –lo hace a diario– y ha perdido el miedo a meterse en encrucijadas ideológicas con la izquierda. Eso de lo que huyó durante los primeros cuatro años, condicionado por Vox, ahora lo ha impulsado su Gobierno en solitario, sin la compañía de la ultraderecha.
Una semana antes de firmar el convenio, la Consejería de Desarrollo Educativo allanó el terreno enviando a todas las escuelas de Andalucía una circular “invitándoles a reflexionar sobre ETA y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo” con motivo del Día Escolar de la No Violencia y la Paz. La propia consejera admitió que era “la primera vez” que su departamento animaba a debatir en las aulas sobre ETA, y lo justificó enmarcando esta actividad en el nuevo currículum andaluz para Secundaria y Bachillerato.
La circular fue muy discutida por la comunidad educativa, no sólo porque “chirriaba” entre los contenidos, programas y actividades que suelen hacerse en el Día Escolar de la Paz, sino por el contexto político circundante: actualizar la historia de ETA en las aulas andaluzas justo ahora –11 años después de su disolución– parecía acompañar la ofensiva del PP contra las alianzas de Sánchez y sus socios de investidura, especialmente Bildu.
Pero no ha sido la circular de la consejería sobre ETA lo que ha zarandeado el debate educativo, sino la presentación del convenio con la Fundación Villacisneros, distinguida por su sesgo ultraconservador y abiertamente alineada con el ala más dura del PP y con Vox.
La entidad, dirigida por padres e hijos de una misma familia, se ha distinguido por dar apoyo jurídico a víctimas de ETA e impulsar en los tribunales causas contra homenajes a etarras en Euskadi, investigados por la Audiencia Nacional. También apoyó una marcha antiabortista en Madrid, integrada en la plataforma Sí a la Vida, en 2013 editó un libro del expresidente José María Aznar y ha organizado coloquios y foros con dirigentes de PP y Vox beligerantes con las políticas sociales del Gobierno.
En los últimos meses se ha distinguido por sus acciones combativas contra los partidos independentistas de Catalunya y Euskadi, promoviendo la encarcelación del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, y en 2021 otorgó su galardón anual al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruyó la causa del procés y que defendió la existencia de violencia en el proceso soberanista catalán.
El Gobierno de Moreno no firmó el convenio con esta fundación en un despacho, sin la concurrencia de los medios de comunicación. Al contrario, convocó a la prensa el pasado lunes en un céntrico instituto público de Sevilla –el San Isidoro– donde parte del profesorado y las familias de los alumnos se enteraron en ese momento de la situación. El AMPA redactó un comunicado de queja ante la dirección del centro. Desde la consejería aseguran a este periódico que el convenio suscrito no tiene ningún coste para las arcas públicas y que no se le paga nada a la fundación.
A pesar del ruido que ha generado, en la Junta no muestran demasiada preocupación. Tienen enfrente, dicen, a un PSOE cabizbajo, aplastado por el ruido de la ley de amnistía y los pactos con el independentismo catalán y vasco. A una izquierda disfuncional, representada por un partido de seis partidos mal avenidos –Por Andalucía–, con Podemos malconviviendo dentro del espacio Sumar porque en el Parlamento andaluz, a diferencia del Congreso, no hay vía de salida factible para los morados: ni política ni económica. Y con un grupo mixto de dos diputados –Adelante Andalucía– sin suficiente músculo para agitar las aguas.
“La preocupación con este tema es cero”, advierte un miembro del Ejecutivo, subrayando que el debate educativo “no está en la calle”. Y no le faltan datos.
La educación andaluza es una balsa de aceite en términos políticos. El último crujido que salió de las aulas y generó cierta conflictividad social ocurrió en la pasada legislatura, cuando Vox obligó al PP a negociar el llamado “pin parental”, esto es, una regulación para que las familias pudieran vetar los contenidos educativos que recibían sus hijos en la escuela con los que no estaban de acuerdo.
Los por entonces socios de Gobierno –PP y Ciudadanos– dilataron el debate con evasivas el tiempo suficiente para que las encuestas empezasen a silbar que los populares estaban en alza, y la ultraderecha estancada. El pin parental nunca se implantó y Moreno salió limpio de aquella polémica.
En esos primeros cuatro años de interdependencia con Vox, el presidente andaluz y todos sus estrategas se esforzaron en anular el único relato político de la izquierda que parecía funcionar. El objetivo de Moreno era convertir el “miedo a la derecha” en un mito, en un “cuento que ya nadie se cree”. El PP podía gobernar como lo había hecho el PSOE andaluz durante 37 años, podía defender sus mismos postulados andalucistas, con idénticas palabras. “Somos el partido que más se parece a Andalucía”; “no queremos más que nadie ni menos que nadie”. El resultado de las elecciones autonómicas de 2022 le dio la razón.
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