Los diputados del Parlamento andaluz se fueron a dormir en la noche del miércoles, tras casi 11 horas de sesión plenaria, tras ver caer el Presupuesto para 2022 del Gobierno de Juan Manuel Moreno, y se han despertado este jueves en la Cámara, a las 9 de la mañana, para debatir una de las leyes más importantes de la legislatura: la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, conocida como ley del Suelo, ha sido aprobada con el respaldo de los mismos partidos que en la jornada previa habían tumbado las cuentas: PSOE y Vox.
Son las dos fuerzas que ya bloquearon esta norma el verano pasado, pero desde entonces han mantenido diez reuniones con la Consejería de Fomento para negociar hasta la última coma, logrando así el consenso para una norma que afectará a los 778 municipios de Andalucía (la mayoría de ellos tienen alcaldes socialistas). Los últimos dos días de Pleno en el Parlamento sintetizan esta segunda y corta fase de la legislatura, más inestable, más imprevisible, donde se hará más patente que el Gobierno de Moreno está en minoría y tendrá que pelear el apoyo de la oposición para cada ley, cada decreto, cada iniciativa.
La Junta ha perdido una de las tres patas que la ha mantenido en equilibrio, contra todo pronóstico, durante tres años. La formación de Santiago Abascal ha dejado cojo al Ejecutivo, y aún no sabemos si caminará tambaleante hasta las elecciones, o si tropezará con un adelanto en primavera, como auguran algunas personas próximas al presidente andaluz. Esa inseguridad con la que Moreno debe aprender a convivir explica que esta ley -y otras seis normas que están ya registradas en la Cámara- se haya tramitado por la vía de urgencia.
La gran duda del debate de este jueves era el voto del PSOE. La ley del Suelo emana de un proyecto heredado del último Gobierno socialista de Susana Díaz, que se quedó en el cajón después de que la presidenta decidiese adelantar las elecciones un año. El texto se ha modificado relativamente: Unidas Podemos, el único partido que presentó una enmienda a la totalidad desde el principio, siempre ha dicho que ambas comparten “la nostalgia por el modelo de crecimiento urbanístico y la especulación”. La ley viene a agilizar la aprobación de los planes generales urbanísticos de los municipios, que ahora tardan de media nueve años. Casi 500 localidades, el 77% del total, no tiene adaptado su PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Otros 113 ni siquiera lo han iniciado. Esto estaba impidiendo el “desarrollo” de los municipios, según la Consejería de Fomento, pero también según muchos alcaldes. El PSOE gobierna en 458 municipios de Andalucía, el 58% del total, y sus alcaldes estaban muy interesados en que la ley del Suelo se aprase y entrase en vigor cuanto antes.
El portavoz socialista, Gerardo Sánchez, hizo un resumen muy crítico de la norma, subrayando sus aportaciones, pero también lamentando que no se hubiera logrado “un equilibrio necesario entre urbanismo y medioambiente”, pero acto seguido anunció la abstención de su grupo. La ley ya tenía garantizada su aprobación con el voto favorable de Vox, anunciado minutos antes por su portavoz, Alejandro Hernández, pero la abstención del PSOE se entiende como un respaldo implícito a la norma. Sánchez, además, aprovechó la coyuntura para explicar que su grupo era capaz de entenderse con el Gobierno de Moreno y pactar leyes si por medio había voluntad política y negociación. Un contraste con el fracaso del pacto presupuestario que el líder socialista, Juan Espadas, le hizo al presidente de la Junta, y que terminó desbarrando en el debate de totalidad del miércoles.
La dificultad de negociar el texto se notó en la votación parcelada por múltiples enmiendas. El escollo final que puso el PSOE fue el artículo 22.2, que permite construir casas unifamiliares en suelo rústico, sin que éstas estén vinculadas a un proyecto turístico o agrícola. Los socialistas consideran que esas tres líneas provocarán una “invasión de casas pequeñas diseminadas por el campo”, que luego obligarán a los ayuntamientos a proveerles con servicios básicos (agua, luz, accesos...). Estaban de acuerdo con permitir estas construcciones siempre que estén asociadas a una actividad agrícola o turística, pero exigen acotar las construcciones de todas esas personas que, tras la pandemia, han decidido irse a vivir al campo, construirse una casita pequeña y teletrabajar desde allí. La ley recoge que el propietario de esas viviendas unifamiliares -nunca se permitiría más de una juntas ni un núcleo urbano en mitad del campo- tendría que pagar un 20% de la misma al ayuntamiento como “prestación compensatoria”. El PSOE no lo veía y trazó ahí su línea roja: “Si no se modifica, el PSOE se va a oponer a esa ley”. Al final ha cruzado la línea hasta la abstención.
Tras la votación, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, tomó la palabra para dar las gracias al presidente, al grupo de expertos que ha trabajado en la norma y a los grupos que la han apoyado.
La Ley andaluza del Suelo viene a sumar y simplificar dos grandes normas autonómicas: la de urbanismo (LOUA) y la que regula la ordenación del territorio (LOTA). La primera tiene 18 años de vigencia, ha sido modificada ocho veces, y el PP siempre la ha considerado un escollo para el crecimiento económico de Andalucía. Ahora la Junta ha sacado adelante una norma que reduce a la mitad los plazos para tramitar proyectos, “pero sin menoscabar la participación de los agentes sociales”. También simplifica la regulación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, se reduce en un 30% su articulado, y “se incorpora la perspectiva de protección medioambiental y directrices para proteger el litoral”. “Vamos a reforzar la disciplina urbanística”, advierte Carazo.
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