Moreno, sobre su personación en la causa de los contratos sanitarios troceados: “No es una práctica nueva de este Gobierno”

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha defendido este martes el procedimiento de contratación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que investiga un juzgado de Cádiz por un supuesto delito de malversación, en el marco de una causa en la que el Gobierno andaluz acaba de personarse como parte perjudicada.

La jueza Rosa García, que instruye el caso, ha reclamado documentación al SAS para determinar si hubo malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en la provincia de Cádiz, en el ejercicio 2021. Entre la documentación remitida a la magistrada están los informes definitivos desfavorables de los interventores del SAS en Cádiz, donde censuran el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos millonarios con la misma empresa y por el mismo objeto, para “eludir” la legislación.

Entre enero y diciembre de 2021, los centros provinciales del SAS en las ocho provincias firmaron contratos por obras, servicios y compra de bienes y suministros con empresas privadas por un importe total de 4.141,6 millones de euros. Casi una tercera parte –el 29,58% (1.225,3 millones)– fueron contratos menores, la mayoría no superiores a 30.000 euros, aunque cientos de ellos fueron adjudicados a dedo a las mismas empresas, alcanzando cifras millonarias.

Los auditores denunciaron un “abuso” de la figura del contrato menor en el SAS, que se repetía en todas las provincias andaluzas, y que motivaron la apertura de una investigación interna ordenada por la Intervención General de la Junta. El contrato menor es una figura que recoge la ley para servicios, bienes y prestaciones en situaciones de urgente necesidad, pero los interventores atestiguaron que el SAS encadenada cientos de contratos menores con la misma empresa para pagar el mismo servicio, lo cual “vulnera” la Ley de Contratos del Sector Público.

Moreno ha comparecido ante los medios en el Palacio de San Telmo junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para presentar un convenio de colaboración entre ambos gobiernos en materia educativa. Esta vez el dirigente llevaba consigo una “ficha” con datos que le habían pasado desde la dirección del SAS, consciente de que le iban a preguntar si su Gobierno se había personado en la causa de los contratos fraccionados como parte perjudicada porque tenía “indicios de menoscabo de fondos”.

El presidente andaluz ha eludido la pregunta y ha leído las notas que le habían pasado, defendiendo el uso del contrato menor, pero sin hacer mención al “abuso” de esta figura de manera reiterada que provocó un “fraccionamiento masivo e indebido de contratos millonarios” para “eludir la ley”, como censuraron sus interventores.

“La contratación menor en las centrales provinciales del SAS se remonta a tiempo inmemorial, eso es lo que me están pasando a mí. Yo estoy viendo aquí una ficha”, dijo, señalando un papel sobre el atril, “y estoy viendo de qué año vienen los contratos y son décadas, por tanto no es una práctica nueva que haya puesto este gobierno. Y además es una fórmula completamente legal y con todo el respaldo jurídico. La información que me pasan del SAS es ésta y estoy convencido de que todo quedará en un archivo”, sentenció.

Tras dos intentos fallidos por acceder a la instrucción judicial, frenados por la juez y la Fiscalía por no aclarar en calidad de qué pedía personarse la Junta, los abogados del SAS finalmente presentaron un escrito admitiendo por primera vez irregularidades en el fraccionamiento de contratos que pudo derivar en un menoscabo de fondos públicos.

A Moreno llevan preguntándole por este asunto desde que la jueza abrió diligencias, hace un mes, a resultas de una denuncia de Podemos, pero es la primera vez que tiene que responder sobre una causa judicial en la que su Gobierno está personado, y se declara “perjudicado” del supuesto menoscabo que se investiga.

“Evidentemente yo no estoy encima de estos asuntos, la Junta de Andalucía es muy grande, y cada departamento tiene sus propios servicios jurídicos. Los servicios jurídicos del SAS han avalado desde el primer minuto la contratación para garantizar que el sistema sanitario funcione de manera correcta. Tenemos la tranquilidad de que toda la contratación cuenta con el respaldo de los servicios jurídicos del SAS, y por lo tanto, siempre se ha actuado conforme a la ley”, ha reiterado.

El dirigente popular ha subrayado su “confianza en la actuación de los técnicos”. “Estamos convencidos de que al final se va a acreditar que se ha actuado legalmente. El juzgado de Jaén ya archivó [una denuncia de Podemos] y otro de Sevilla ya rechazó la ampliación de la denuncia, cuando el PSOE quiso hacer una causa general con este asunto”, ha asegurado Moreno, aunque éste último caso hace referencia a una investigación contra el Gobierno andaluz, impulsada por una querella socialista, por un supuesto de prevaricación en los contratos de emergencia con clínicas privadas entre 2020 y 2024, amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado.

Alertas de la Intervención

La Intervención del SAS alertó, tanto a la consejera de Salud como a la titular de Hacienda, de un procedimiento “irregular” consistente en el “troceamiento” de un contrato millonario con una misma empresa para sortear los umbrales máximos que establece la ley para el contrato menor (15.000 euros para contratos ordinarios y hasta 30.000 para sanitarios).

El artículo 29.8 de la Ley de Contratos Públicos establece, también, que “los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga”. Sin embargo, la Intervención detectó en siete provincias andaluzas numerosos contratos menores que excedían ese plazo y que fueron también prorrogados “sin justificación” durante meses e incluso años.

El mayor número de contratos menores –y las facturas más abultadas– lo absorbieron las farmacéuticas Novartis, Pfizer, Roche, Janssen, Sanofi Aventis, Bayer Hispania, y, en menor medida Grifols Movaco, Skyler, Ken Pharma, Diaverum...

Pero el fraccionamiento de contratos en el SAS no se limita a la compra de medicamentos, también aparecen firmas de otros ámbitos, como Ferrovial, la UTE Número One Ley, Restauración y Catering Hermanos González, Canon España, Stryker Iberia, Sapio Life, Onuba Carpas o Industrias Hidráulicas Pardo.

La contratación menor también se usó, de forma sistemática, para obras de rehabilitación en hospitales y centros de salud, para traslado de médicos y pacientes, para artículos de papelería, servicio de catering, empresas de seguridad privada, taxis...

Los informes de la Intervención sí confirman uno de los argumentos que ha dado el presidente andaluz este martes: el SAS lleva años recibiendo avisos por parte de los auditores sobre irregularidades en el abuso de la figura del contrato menor, una práctica común que se remonta a los años de gobiernos socialistas.

Desde la Consejería de Salud refutaron las conclusiones de los informes de la Intervención sobre el abuso de contratos menores alegando que se tratan de “salvedades que han tenido mayor o menor impacto dependiendo del año y las circunstancias sobrevenidas”, y que estos reparos del órgano de fiscalización se remontan a 2012. “Pero siguen sin resolverse de forma definitiva a pesar del esfuerzo que realizan las centrales provinciales del SAS para mantener e incrementar los niveles de contratación administrativa por procedimientos distintos” a los contratos menores, añaden.

Las “dificultades” para solventar estas “deficiencias”, que la Intervención cataloga directamente como “infracciones legales”, son “en la gran mayoría de los casos por motivos ajenos a la voluntad de la Administración y siempre por el interés público de la prestación”, sostienen fuentes del SAS