El anunciado encuentro entre el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), para caminar juntos en la batalla contra la sequía en Andalucía ya tiene fecha: será el próximo 22 de febrero y de nuevo en San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, como cuando en octubre se dio el primer gran paso que después llevó al pacto por Doñana. Un acuerdo que precisamente es el referente que se toma para alcanzar acuerdos y desenterrar el riesgo de una guerra del agua que durante meses ha sobrevolado en el ambiente político con continuos reproches y cruces de acusaciones.
Fuentes del Ejecutivo andaluz subrayan que un conflicto directo por la sequía entre ambas administraciones no le interesa a ninguna de las partes ante la gravedad de la situación, que es especialmente preocupante en la línea de costa que va de Algeciras en Cádiz a Nerja en Málaga. Las alteraciones que está provocando el cambio climático se sienten con especial intensidad ya en algunos puntos de Andalucía, con datos meteorológicos propios de zonas semidesérticas.
La reunión entre Moreno y Ribera se ha encajado en un momento bisagra en el calendario político, ya que tendrá lugar sólo cuatro días después de las elecciones gallegas y seis días antes de la celebración del 28F en Andalucía. Y si el pacto por Doñana es uno de los ejes, el otro se está fraguando sobre la marcha y no es otro que los acuerdos para combatir la sequía a los que están llegando el Gobierno central y la Generalitat catalana. La prioridad, en esencia, es reclamar de manera preventiva igualdad de trato y que Andalucía no resulte discriminada en relación con lo que se decida en Cataluña.
De cara al encuentro del día 22, técnicos de ambas administraciones ya están cruzando documentación para centrar el debate en las cuestiones de la desalación y el saneamiento. En este sentido, los barcos cargados de agua serían el último recurso al que se recurriría al ser una medida especialmente costosa. Pese a ello, se siguen acondicionando los puertos de Algeciras y Carboneras y ya han terminado los trabajos en el de Málaga, preparándolos así para recibir embarcaciones que pueden transportar 40.000 o 100.000 hectómetros cúbicos y para lo que se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Murcia para facturar agua sobrante de la desaladora de Cartagena.
La reunión servirá para abordar dos cuestiones clave, como son el reparto de competencias y sobre todo la financiación, aclarando una hoja de ruta que evite polémicas como la vivida recientemente con un intenso intercambio de acusaciones a cuenta de las desaladoras. La idea es sellar un calendario de actuaciones acordado entre ambas administraciones, fijando proyectos a acometer de forma inmediata y las correspondientes inversiones.
Andalucía se encuentra ahora en un momento crítico, con unas restricciones en puertas que dependerán en gran medida de lo que pueda llover básicamente en los meses de marzo y abril, ya que a partir de ese momento la posibilidad de precipitaciones se reduce drásticamente. Las medidas que se acuerden entre Gobierno y Junta buscarían de partida esquivar que se produzcan cortes antes del verano, como teme el Ejecutivo andaluz, que insiste en llamar a todas las puertas. Esto incluye la activación del Fondo de Solidaridad de la UE, una propuesta cuya canalización analiza en estos momentos el Ministerio de Hacienda y que no es la única, ya que ambas administraciones aseguran que inician este camino conjunto “sin descartar por el momento ninguna opción”.
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