El Consejo de Gobierno andaluz acaba de aprobar la formulación del II Plan de Memoria Democrática, una hoja de ruta con las principales actuaciones en materia memorialista para el periodo 2023-2027. Es un documento preliminar que plantea los objetivos genéricos para los próximos cuatro años, y cuya redacción es un calco literal del I Plan Andaluz de Memoria, aprobado por el anterior Gobierno socialista para el periodo 2018-2023, y heredado por el primer Ejecutivo de Juan Manuel Moreno en la pasada legislatura.
La anomalía de este borrador no está sólo en la coincidencia, punto por punto, con el documento que entró en vigor hace cinco años, sino en la paradoja de que nace de manos de un Gobierno con mayoría absoluta del PP que en el mandato anterior pactó con Vox la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, aprobada en 2017 por el Parlamento andaluz sin ningún voto en contra. Los de Moreno no incluyeron ese compromiso en el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones andaluzas de 2022, pero su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, sí prometió derogar la Ley estatal de Memoria si llegaba a la Moncloa.
En este contexto ha tenido lugar esta semana en el Parlamento un debate, propiciado por el PSOE andaluz, sobre el desarrollo de las políticas memorialistas heredadas por el Ejecutivo de Moreno, con la comparecencia de su principal responsable, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal. Los socialistas acusan a la Junta de “dejar morir la Ley de Memoria” por “pasividad, infrafinanciación y abandono”. “Ni impulsan ni derogan: adoptan la posición menos valiente”, espetó el diputado Rafael Recio al consejero en la misma línea que viene reivindicando el movimiento memorialista andaluz desde la llegada de los populares a San Telmo.
Bernal, cuya trayectoria profesional está ligada a la promoción turística, no se ha distinguido en el primer año de legislatura por promocionar las políticas memorialistas que han recaído en su departamento. Su consejería llevó hace una semana la formulación del II Plan de Memoria al Consejo de Gobierno porque la Ley andaluza de Memoria le mandata a hacerlo, aunque en este caso lo hace con varios meses de retraso (el plan anterior expiró hace diez meses).
Sin embargo, el consejero hizo una defensa cerrada de la ley y de las actuaciones llevadas a cabo por su departamento, reseñando datos y presupuesto, y asegurando que “llamar personalmente a los familiares de las víctimas del franquismo para comunicarles que hemos identificado a sus allegados en la exhumación de fosas es de lo que más orgulloso me siento”, en la misma línea que hacía su predecesora al frente de estas competencias, Patricia del Pozo, en la legislatura anterior.
El primer Gobierno de Moreno, de PP y Ciudadanos, sustentado con el apoyo externo de Vox, mantuvo y desarrolló el convenio suscrito por el anterior Ejecutivo del PSOE para la recuperación e identificación de las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra, en el que participan la Universidad de Granada -a través de la creación de un Banco de Datos de ADN- y el Servicio Andaluz de Salud.
Fruto de esos trabajos, en los últimos años se han analizado muestras genéticas de 1.324 víctimas y 1.313 familiares. Cruzar esos datos ha permitido identificar los restos de 25 asesinados o represaliados por el fascismo, que fueron entregados a sus familias para darles un entierro digno. En ese sentido, este periódico informó recientemente de que el Gobierno de España iba a transferir 100.000 euros a Andalucía para desatascar la identificación de víctimas del franquismo, una cuestión denunciada antes por el Defensor del Pueblo Andaluz.
Al consejero le sobraron 11 minutos de los dos tiempos de intervención que tenía para rebatir las críticas del diputado socialista, pero los aprovechó para asegurar, varias veces, que el Gobierno de Moreno está “comprometido” con la Ley de Memoria que Feijóo ha prometido derogar. Y que el propio Moreno se avino a sustituir por una “ley de concordia”, pactada con la ultraderecha cuando dependía de sus votos en la pasada legislatura. “Estamos comprometidos con esta ley, de verdad que sí”, subrayó Bernal.
De hecho, el consejero andaluz incluso se quejó en el Parlamento de la “falta de colaboración” del Gobierno de Pedro Sánchez en materia memorialista, mientras que asociaciones memorialistas, ayuntamientos y diputaciones provinciales vienen afeando a la Junta la “inacción y dejadez” de los últimos cinco años en el desarrollo de la ley.
Bernal explicó que su departamento está priorizando las labores de localización de fosas e identificación de víctimas por encima de las exhumaciones, en contra del criterio del Gobierno central, que “nos exige usar los fondos que nos envían a exhumar”. “No tenemos ayuda del Gobierno de España en este tema en particular, y la identificación ahora es fundamental, porque los familiares están desapareciendo y el tiempo juega en nuestra contra”, dijo.
El Estado destinó a Andalucía un presupuesto de 436.000 euros este año para el desarrollo de políticas memorialistas, pero el consejero explicó que ha estado “persiguiendo” a los responsables del Ministerio de Presidencia para que les autorizase el desvío de 100.000 euros de esa partida a identificación, en vez de para exhumaciones.
El 50% de ese dinero llega a las comunidades en septiembre, otro 25% en octubre, y el resto en noviembre. Las regiones tienen que haber ejecutado todo el gasto en exhumaciones acreditadas antes de marzo de 2024, pero en el pasado muchas de ellas tuvieron que devolver el dinero al Gobierno “por falta de tiempo”, mientras que Andalucía tuvo un índice de ejecución del 99,24%, según el consejero.
Bernal destacó los convenios con las diputaciones de Sevilla y Córdoba -heredados también del anterior Gobierno socialista- para las exhumaciones de Pico Reja en el cementerio de San Fernando [8.000 restos recuperados] y las fosas de los camposantos de La Salud y San Rafael, en Córdoba. En los últimos cinco años -con el parón de 2020 por la pandemia- la Junta acredita la localización y delimitación de 16 fosas, la exhumación de otras 11 (con 2.181 víctimas), el análisis de 2.637 muestras de ADN y 25 identificaciones con éxito.
Desde el departamento dirigido por Félix Bolaños ya destacaron que en Andalucía se han llevado en los últimos cuatro años a cabo “unas 150 actuaciones” y se han movilizando “casi 4,5 millones de euros” mediante transferencias a la Junta (1,4 millones) y a entidades locales (3,2 millones) con las que se han localizado y/o exhumado hasta la fecha 3.200 cuerpos.
Recio ninguneó los datos del consejero, y le recordó que el relator de la ONU, en su visita a Andalucía en 2021, se mostró “estupefacto por la paralización de las políticas públicas en materia de memoria histórica, que son una obligación jurídica internacional”. El diputado socialista también afeó a la Junta que haya eliminado las oficinas provinciales de atención a las víctimas del franquismo, que siga sin retirar el centenar de símbolos del franquismo vigentes en espacios públicos de Andalucía, y que haga gala de actuaciones sobre fosas sin mencionar que la mayor parte del presupuesto viene del Gobierno central. “¿Cuántas exhumaciones por acción propia de la Junta de Andalucía puede acreditar?”, preguntó Recio.
Según los datos de la Consejería de Turismo y Cultura, en los años 2017 y 2018, el último Gobierno socialista ejecutó 195 exhumaciones de fosas del franquismo e identificó 413 restos de ADN. En 2022 y 2023, el Ejecutivo de Moreno hizo 1.081 exhumaciones y 1.381 identificaciones.
El Plan Andaluz de Memoria es el marco de referencia orientativo para el desarrollo de las políticas públicas de memoria democrática, esto es, el instrumento que sirve de guía al Ejecutivo autonómico para poner en marcha la ley del mismo nombre. El anterior Gobierno socialista dejó listo su plan en 2018, poco antes de ser desalojado del poder, y confeccionó “uno de los proyectos relacionados con las políticas públicas de memoria más potentes que se han hecho nunca en España”, en palabras de sus responsables.
Sin embargo, pocos meses después de su aprobación, PP y Ciudadanos formarían el primer Gobierno andaluz de derechas, sustentado en el apoyo de Vox. La formación ultraderechista y el PP pactaron un acuerdo de investidura de Moreno que contemplaba, entre otras medidas, la derogación de la Ley de Memoria para sustituirla por una ley de concordia, que nunca llegó a ver la luz. Los de Santiago Abascal llegaron a registrar en el Parlamento, en solitario, dos propuestas de ley, una de ellas con un único artículo derogatorio de la Ley de Memoria.
Los populares, que entonces necesitaban los votos de Vox para aprobar los Presupuestos Autonómicos y mantener la estabilidad del Gobierno, enfriaron todas las iniciativas de sus socios, advirtiendo de que la futura ley de concordia sólo vería la luz si obtenía más apoyos en el Parlamento que la Ley andaluza de Memoria, que había sido aprobada sin votos en contra (con la abstención del PP).
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