El Consejo de Gobierno de Andalucía aprobará este martes la supresión del impuesto de Patrimonio, que entrará en vigor al día siguiente, y provocará una merma en las arcas públicas del 0,6% de la recaudación: 95 millones de euros menos del total de ingresos tributarios, que en 2020 alcanzaron los 17.261 millones.
También, sin esperar a los Presupuestos andaluces de 2023, se aprobará la deflactación al 4,3% de los primeros tres tramos del IRPF, “por encima de la subida de salarios que estima el Gobierno”: un 2,56% según el Ministerio de Economía; y un 4,1% según el Instituto Nacional de Estadística. Las cantidades exentas de hacer la declaración en el mínimo personal y familiar se ampliarán también ese 4,3%, en paralelo a la subida de salarios con efectos en 2022.
El impacto de la reducción del IRPF se calcula en unos 125 millones de euros, que la Junta dejará de ingresar por esta vía, según fuentes de la Consejería de Hacienda. Aunque la estimación era de 70 millones cuando el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, adelantó esta medida en su discurso de investidura el pasado julio en el Parlamento. La eliminación del impuesto de Patrimonio no formó parte ni de la campaña electoral de Moreno, el pasado junio, ni de aquel discurso de investidura.
Son dos rebajas fiscales complementarias: una que toca a la cúspide de la escala social andaluza y otra a la base, más empobrecida. La supresión del impuesto de Patrimonio afectará a muy pocos contribuyentes, porque solo están obligados a pagarlo aquellos que declaren más de 700.000 euros [la vivienda habitual está excluida del cálculo del impuesto hasta un máximo de 300.000 euros, así como los bienes que sean patrimonio nacional o de interés cultural, según la Ley de Tributos Cedidos].
En 2020 fueron 16.785 contribuyentes los que pagaron el impuesto de Patrimonio, lo que supuso una recaudación de 93 millones de euros. En la declaración de este año respecto al ejercicio 2021, la recaudación por Patrimonio ascendió a 120 millones, porque los contribuyentes no exentos habían aumentado hasta los 20.661 (con un patrimonio medio de tres millones de euros, según el Ministerio de Hacienda).
En cambio, deflactar la tarifa del IRPF en el tramo autonómico beneficiará a las rentas de entre 12.450 y 35.200 euros, que representan la mayor franja de ingresos para Andalucía, antepenúltima comunidad en términos absolutos de renta per cápita: 19.658 euros. Esta rebaja del IRPF complementa la primera que aprobó el Ejecutivo de Moreno en la legislatura pasada, dirigida a familias con ingresos superiores a 60.000 euros (cuarto tramo).
“Menos impuestos, más contribuyentes”
El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, está convencido de que los ingresos que perderá al eliminar el impuesto de Patrimonio se verán compensados por el aumento de nuevos contribuyentes que ensancharán la recaudación a través del IRPF y la atracción de nuevos inversores en Andalucía.
Es la misma estrategia que inspiró la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, una de las primeras decisiones que adoptó Moreno al llegar al Gobierno andaluz, en 2018. El presidente de la Junta se ha ido este lunes a Madrid a anunciar “la sexta bajada de impuestos en Andalucía” bajo su mandato, durante un desayuno informativo del Grupo Joly presentado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El escenario elegido no es casual: la capital de España, “caja de resonancia mediática”, ha dicho Moreno, le permite matar dos pájaros de un tiro: su rebaja tributaria, que se complementará con una deflactación de los tres primeros tramos del IRPF, es un “llamamiento a las rentas más altas” para que trasladen su domicilio fiscal a Andalucía. De eso hay mucho en Madrid.
El presidente de la Junta reconoce haber estado en contacto con “altos ejecutivos” que veranean en la costa andaluza, que “ahora con el teletrabajo pasan medio año de sus vidas en Andalucía”, y que le han explicado su reticencia a empadronarse en esta comunidad “por el impuesto de Patrimonio”. “Ahora no tenéis excusa”, ha bromeado Moreno, ante un público entregado, que ha reunido a ex ministros de gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, como Soraya Sáenz de Santamaría, Ángel Acebes, Miguel Arias Cañete o Fátima Báñez, además de la actual cúpula del PP de Feijóo.
El segundo objetivo era precisamente ese: el modelo tributario que ha anunciado Moreno es el que el dirigente gallego le propone al presidente Pedro Sánchez como fórmula para aliviar el impacto de la inflación en las familias y, de paso, para reactivar la economía. Liberalismo ortodoxo, puro PP.
El andaluz es el abanderado de Feijóo en su carrera hacia la Moncloa, porque concita la fórmula económica de su jefe de filas, pero también el estilo de hacer política: “moderado”. Le han preguntado si el PP también es así en Madrid, donde gobierna Isabel Díaz Ayuso, y Moreno ha optado por escurrirse apelando a “la diversidad de España”.
La presidenta madrileña no estaba entre el público, pero poco después del anuncio de su compañero ha publicado un tuit para felicitar su plan fiscal, que coloca a Andalucía como “segunda comunidad que menos impuestos paga, por detrás de Madrid”: “Andaluces, bienvenidos la paraíso”, ha escrito Díaz Ayuso. “Al paraíso fiscal”, le ha respondido por Twitter la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez.
La bonificación al 100% del impuesto de Patrimonio equipara a Andalucía con Madrid, aunque ésta tiene una renta per cápita cinco veces superior. Moreno ha explicado que diez de los 20 primeros contribuyentes por Patrimonio en el año 2019 “huyeron de Andalucía en 2020”, lo cual supuso una pérdida de casi 18 millones de euros de ingresos (3,5 por Patrimonio y 14 por IRPF). “Somos la primera comunidad de régimen común que hacemos esta reforma fiscal. Es una medida real y clara ante la inflación que los andaluces notarán mes a mes y no a final de año”, ha advertido el presidente andaluz, tras subrayar que “es lo mismo que Feijóo pidió a Sánchez hace unos meses”.
La teoría política del PP es que la bajada impositiva activa el consumo, atrae inversión y nuevos contribuyentes, aunque la Agencia Tributaria no tiene un sistema para detectar las mudanzas fiscales de las que habla el presidente andaluz. Moreno sostiene que la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, más otras rebajas tributarias, ha traído a Andalucía a 288.000 contribuyentes nuevos desde que el PP gobierna esta comunidad. La supresión de Patrimonio atraerá a unos 7.000 contribuyentes más, según estimaciones de la Junta, compensando la caída de los ingresos que aportaba ese gravamen por un aumento en el IRPF y en los impuestos indirectos.
Sin embargo, la Agencia Tributaria toma nota de esos 288.000 contribuyentes que ha ganado Andalucía, pero recuerda que hay un número muy similar de domiciliaciones fiscales que han salido de Andalucía en el mismo periodo para instalarse en otras comunidades. El crecimiento de la recaudación en esta región es parejo al crecimiento vegetativo de la economía, es decir, se debe más al aumento de trabajadores que salen de las listas del paro que a una supuesta “mudanza fiscal”.
Ni el Ministerio de Hacienda ni la Agencia Tributaria preguntan a los contribuyentes por qué cambian su domicilio fiscal, pero la mayoría de movimientos interterritoriales que se producen cada año se deben a “razones laborales”, es decir, a andaluces que encuentran un trabajo en Madrid o Cataluña o Valencia, o a valencianos y madrileños que encuentran un puesto en Málaga, por ejemplo.
El presidente andaluz estima en más de 1.100 millones de euros el impacto de la reforma fiscal que ha puesto en marcha desde que está en el Gobierno. Moreno no sólo toca los gravámenes a los rentistas, también cancelará durante un año el canon del agua -con un impacto de 140 millones de euros- y una serie de tasas públicas que también supondrán un ahorro para el bolsillo de los andaluces. La Junta de Andalucía dispone del mayor colchón financiero de la historia autonómica, tanto por la recaudación expansiva del Estado -de la que las comunidades absorben el 50%-, como por los fondos europeos extraordinarios que llegan como consecuencia de la crisis por la invasión de Ucrania.
La oposición de izquierdas le ha reprochado este lunes que se olvide de la distribución de la riqueza, que sea más beneficiosa su rebaja fiscal para las rentas altas que para las clases medias y bajas, y que ponga en riesgo las políticas públicas, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, muy golpeados por la pandemia.