El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, ha vuelto a paralizar la tramitación de la proposición de ley para ampliar regadíos en el entorno de Doñana hasta después de las elecciones del 23 de julio. La polémica iniciativa no es un proyecto directo de su Gobierno, sino de los grupos PP y Vox, pero su partido político tiene mayoría absoluta, maneja los tiempos parlamentarios y ha decidido ralentizar el trámite hasta que pasen los próximos comicios, como ya hizo antes de las municipales del 28 de mayo.
La decisión se la comunicó este martes el propio Moreno al líder de la oposición, el socialista Juan Espadas, que días atrás le había escrito pidiéndole un encuentro para abordar “una solución política” al espinoso asunto de los regadíos junto a Doñana. El PSOE, igual que el resto de formaciones de izquierdas, exige la retirada de una ley contra la que se ha levantado en armas la comunidad científica, la Comisión Europea, la Unesco, parte de los agricultores y regantes onubenses, los ecologistas y el Gobierno central, que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad si sale aprobada del Parlamento.
En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, Moreno propone a Espadas congelar la tramitación y postergar la reunión que éste le ha solicitado hasta después del 23J. “El periodo electoral que vivimos, a menos de un mes de las elecciones generales, no resulta tampoco el momento idóneo para abordar un asunto que ha sido objeto de una utilización política que en ningún caso estaba en el ánimo de mi grupo parlamentario al impulsar esta proposición de ley”, dice el líder popular, para proponer que “hay que aislar este asunto de la contienda electoral”, porque tras las generales “seguirá abierta la posibilidad de incluir modificaciones que vengan a mejorar el texto legal”.
Esas modificaciones a las que alude el presidente andaluz se darán en el trámite de enmiendas parciales a la proposición de ley, un episodio del proceso que aún no se ha producido y que Moreno da por sentado ya que se retrasa hasta el próximo periodo de sesiones, que arrancará en septiembre. Ni el PSOE-A ni Por Andalucía ni Adelante Andalucía han presentado enmiendas parciales para corregir la ley, porque consideran que toda ella es “un despropósito”. Es la misma opinión que expresó, con dureza, en el Parlamento el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes. “Tengan el coraje político de retirar la ley”, dijo.
24 horas antes del debate de Andalucía
La carta de Moreno a Espadas donde desliza que se congela la tramitación de la ley hasta después de las generales llega 24 horas antes del debate de política general que tendrá lugar este miércoles en el Parlamento. El presidente andaluz comparece esta mañana para hacer un balance de gestión de su primer año de mandato, pero con la vista puesta en los comicios dentro de un mes.
Moreno ha pedido a sus consejeros que le aporten “medidas concretas, medibles y con plazos” para armar su discurso ante la Cámara, que será refutado por los grupos de la oposición en la sesión de tarde. La polémica en torno a la ley de regadíos junto a Doñana iba a ser, previsiblemente, uno de los asuntos de choque entre el presidente andaluz y sus rivales de izquierdas, pero el anuncio de la carta a Espadas viene a desactivar parcialmente ese escenario.
El dirigente popular también explica al socialista en su misiva que es reacio a concederle la “vía paralela de diálogo” propuesta pro Espadas, para no “relegar” el protagonismo de los grupos parlamentarios, incluido los proponentes de la ley. Moreno no da muestras de querer sacar la iniciativa del Parlamento -“podría perturbar el procedimiento”-, sólo acepta dilatarlo y retomar el debate cuando los ciudadanos con su voto hayan decidido el color político del próximo Gobierno de España.
La ley andaluza sólo recalifica los terrenos de cultivos de regadío junto a Doñana, será un órgano estatal -la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir- quien autorice o rechace los permisos de agua. Actualmente esa vía se topa con un no rotundo por adelantado, pero un futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo podría cambiar ese escenario, o al menos esa es la hipótesis que el PP andaluz ha trasladado a los agricultores susceptibles de beneficiarse de la ley.
El PP andaluz es el único grupo parlamentario que ha presentado enmiendas a su propia ley. Dos grupos ecologistas -WWF y Ecologistas en Acción- sí han registrado propuestas, asumidas luego por las fuerzas de izquierdas, pero que en la práctica son enmiendas de supresión, una a una, de cada artículo de la ley. Las de los populares son de carácter técnico, en su mayoría, pero sí introducen nuevos párrafos en la exposición de motivos de la ley para recargar el discurso ambiental y de protección a la reserva natural.
Esto no cambia la cuestión de fondo, esto es: recalificar tierras de secano en cultivos de regadío para posibilitar que pueden reclamar legalmente permisos de riego. Otra de las enmiendas también abre una vía alternativa a la captación de ese agua de una demarcación distinta a la que siempre habían barajado PP y Vox -la cuenca Tinto, Odiel y Piedras-, y proponen el embalse del río Chanza, de la demarcación del Guadiana, un río fronterizo con Portugal y de gestión compartida entre España y el país vecino.
Gestionar un trasvase desde allí, además de la inversión en infraestructuras que no están hechas, requeriría una modificación del Convenio de Albufeira, firmado por España y Portugal en 1998 para la gestión conjunta de las cinco cuencas hidrográficas que comparten ambos países: Miño, Limia, Duero, Tajo y Guadiana.