MEMORIA HISTÓRICA
“La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las medidas y actuaciones necesarias para la localización, exhumación e identificación de todas las víctimas”, dice la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. Bajo esa premisa se firmó en 2018 un convenio para la identificación genética de los restos que se vienen exhumando en nuestra comunidad autónoma. Aún quedan por poner muchos nombres y apellidos a las más de 45.000 víctimas arrojadas en 708 fosas comunes en Andalucía. Aquel acuerdo, prorrogado en septiembre a espaldas de las asociaciones memorialistas que representan a los familiares de los represaliados, establece que el procedimiento analítico de las muestras de familiares y de los restos de las víctimas debe ser realizado por la Universidad de Granada en el tiempo máximo de cuatro meses a partir de la fecha de entrega de las muestras. Pero Teresa, que cedió su ADN con 88 años, sigue esperando cuatro años después. Una situación que “se está reproduciendo en otros municipios”, según denuncia el Defensor del Pueblo Andaluz en una resolución dirigida a la Universidad de Granada y a la Viceconsejería de Turismo, Cultura y Deporte que desarrolla las políticas públicas en materia de memoria histórica.
Fue el 8 de marzo de 2019 cuando el equipo técnico a cargo de la intervención arqueológica en el cuadro de San Ramón del cementerio de la Salud de Córdoba entregó a la UGR las muestras genéticas de 23 víctimas exhumadas y de 180 familiares “a quienes se les prometió urgencia para ofrecerles unos resultados que les permitieran identificar a sus seres queridos y poder recuperar sus cuerpos”, según denuncio en marzo de 2022 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa). El Defensor se hace eco de aquella denuncia para pedir explicaciones a Junta y Universidad.
Son “necesarias” unas “políticas públicas que den respuesta a la llamada 'generación de los nietos' que quiere conocer lo que pasó con sus antepasados antes de que fallezcan quienes fueron descendientes directos de las víctimas de la guerra civil y más tarde del franquismo”, recuerda el Defensor, que es sabedor de “la demora en la identificación de las víctimas, con el consiguiente riesgo de sus parientes directos de morir sin saber su paradero”.
Las identificaciones se vienen haciendo en el Laboratorio de Identificación Genética de la Facultad de Medicina de la UGR, según explicó a este periódico José Antonio Lorente, uno de los directores del Centro Pfizer de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo), lugar donde quedan en depósito para su cotejo y tratamiento científico los restos óseos humanos procedentes de exhumaciones y las muestras genéticas de los descendientes. En septiembre de 2021, cuando apenas quedaba un año para que caducara el convenio, la entonces consejera con competencias en la materia, Patricia del Pozo, dijo en declaraciones a elDiario.es Andalucía: “Mi principal preocupación ha sido sacar adelante las ayudas y volcarme con los colectivos en las exhumaciones y en las identificaciones genéticas para poder devolver los cuerpos a las familias”.
Ya el año pasado, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) denunciaba que, tres años después de la toma de muestras de ADN y de su entrega al laboratorio de la UGR, la Junta seguía sin comunicar a los familiares los resultados de la identificación genética de los cuerpos recuperados en el cementerio de la Salud de Córdoba. “Un retraso que está provocando que muchos familiares hayan fallecido sin haber tenido noticias”, advierte el Defensor, que entiende “oportuno” que la Institución tome “mayor conocimiento de los hechos, en relación con los compromisos asumidos” en aquel convenio.
Por eso se solicita “la colaboración” de los organismos firmantes del convenio específico (Consejería de Cultura y Patrimonio y Universidad de Granada) para que emitan “informes relacionados con la realización de las pruebas genéticas que requieren los restos exhumados de las víctimas, para su identificación y de los análisis biológicos de los posibles familiares de las mismas”. En concreto, a la Junta se le pregunta por las actuaciones de coordinación y supervisión del convenio, si es conocedor de las demoras y, en caso afirmativo, medidas adoptadas para subsanarlas.
También se le requiere información de las cantidades económicas transferidas desde la fecha de suscripción del convenio para contribuir a sufragar parte de los costes totales derivados de las actuaciones del mismo, el presupuesto destinado a esa finalidad en 2022 y ejecución del mismo, así como presupuesto consignado para 2023, así como reuniones o comunicaciones mantenidas al respecto con familiares e Instituciones.
El Defensor del Pueblo Andaluz pide también un informe al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada que contenga el número de muestras recibidas y no analizadas así como las fechas de su recepción; los tiempos de respuesta media desde la recepción de las muestras, análisis de las mismas y comunicación de los resultados; las dificultades para realizar las identificaciones en el tiempo recogido en el convenio de referencia (cuatro meses). Asimismo, se le pregunta a la UGR el presupuesto con el que cuenta para acometer sus compromisos y fuentes de financiación, haciendo mención al año 2022 y su grado de ejecución y al previsto en este ejercicio económico 2023, así como propuestas de mejora para dar respuesta a los compromisos asumidos.
Fuentes de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática señalaron recientemente que la Junta había firmado la prórroga del convenio “con nocturnidad y oscurantismo, sin informar a las partes, sin posibilidad alguna de negociación”. Eso supone que los representantes de las familias tengan “un presupuesto para identificaciones no ajustado a la realidad, ya que recorta la cantidad con respecto al de 2018, cuando precisamente ahora tenemos más fosas abiertas, algunas de ellas de grandes dimensiones como Pico Reja”. La firma “a escondidas” del convenio este septiembre “evidencia que a la Junta le molesta este asunto, y por eso cualquier decisión que toma es a rastras y sin compromiso alguno, por cubrir expediente”.
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