La confianza que otorga el PP andaluz a la Cámara de Cuentas, en el caso de los informes sobre cursos de formación en Andalucía, contrasta con las descalificaciones del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Marbella hacia el organismo contable. Todo ello tras la reciente fiscalización de la gestión de la alcaldesa Ángeles Muñoz, a su vez presidenta de la FAMP.
El portavoz de la formación conservadora en el consistorio marbellí, Félix Romero, arremetió este viernes contra la Cámara de Cuentas, al tildar de “montaje” la citada auditoría. Además, denunció que estaba “teledirigida” por el portavoz municipal del PSOE y parlamentario andaluz, José Bernal. En opinión de Romero “esta fiscalización viene de la reclamación estrella que presentó este parlamentario que, en vez de pedir inversiones, solicitó que se fiscalizara el Ayuntamiento”, dijo en alusión a Bernal.
De hecho, el edil del PP considera partidista la auditoría que pone contra las cuerdas la labor de Muñoz entre los años 2010 y 2011.Lo cierto es que tal y como informa la Cámara de Cuentas en su página web, Marbella se engloba dentro de la fiscalización rutinaria a seis municipios de más de 50.000 habitantes que no son capitales de provincia.
El propio Bernal sostiene que es “falso” que el organismo haya actuado por su petición, al estar su solicitud al margen del informe en el que se enmarca la auditoría rutinaria sobre Marbella.Romero, brazo derecho de Ángeles Muñoz en el equipo de gobierno, entiende que “sólo desde esa presión política de un diputado regional que, en vez de defender los intereses de Marbella, defendía los suyos particulares, se puede explicar este informe”.
En el marco de su intervención, al cierre de la sesión plenaria ordinaria, el portavoz del PP denunció incluso que el documento del organismo andaluz, además de estar “teledirigido”, ha buscado “demostrar lo que no es la realidad”. A este respecto, Romero habló de “acto de deslealtad institucional”. Para los gobernantes populares marbellíes “no existe la más mínima irregularidad”, a pesar del demoledor informe en el que se pone de manifiesto la imposibilidad de fiscalizar la Tesorería local, al no haber remitido el consistorio la documentación requerida. “Es mentira que hayamos ocultado deliberadamente información a la Cámara de Cuentas”, acotó el primer teniente de alcalde.“Después de todo ese montaje y trabajo tan arduo solo han descubierto que existe una cuenta de 20.000 euros que no hemos tocado”.
Romero lanzó una advertencia que hizo recordar tiempos pasados, cuando el exalcalde de Marbella Jesús Gil anunciaba querellas contra las instituciones: “todos los funcionarios son responsables y contra esta actuación nos reservamos las acciones que sean oportunas”.La versión del portavoz del PP, tras conocerse el documento del órgano que preside Antonio López, es la tercera que los munícipes marbellíes ofrecen en pocos días.
Tanto la de la alcaldesa, como la aportada por el coordinador de Hacienda, Carlos Rubio, estuvieron rodeadas de un tono conciliador y bastante más respetuoso con la auditoría y sus responsables.El día antes de que se produjeron las descalificaciones del PP hacia la Cámara de Cuentas el portavoz del PSOE, José Bernal, había pedido una auditoría externa, “ante las graves irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas”.
En opinión del líder de la oposición marbellí el ente autonómico “ha corroborado las denuncias realizadas por el PSOE a lo largo de los años sobre la gestión económica de Ángeles Muñoz”, al detectar irregularidades en los ejercicios de 2010 y 2011.Al mismo tiempo, dijo Bernal, “ha quedado patente que la alcaldesa ni aporta documentos a la oposición, ni tampoco a los órganos fiscalizadores”, de ahí que se haya preguntado “qué tiene que ocultar para negar una información que debería ser pública”.
El diputado andaluz recordó que el Parlamento “ya ha dado ejemplo”, instando a la fiscalización del Ayuntamiento, con la oposición del Partido Popular.
Con la auditoría externa el PSOE marbellí quiere saber “a dónde se han destinado los 19 millones de déficit que existen en 2011”. También reclaman explicaciones sobre los 2,6 millones de euros que se retuvieron del salario de los trabajadores.