Los municipios andaluces piden a la Junta un pacto para pagar el alza de los precios de las obras y evitar que se paren

El encarecimiento general de los precios que desde hace unos meses aplasta a la economía española tiene uno de sus reflejos en el sector de la construcción, al que se le han disparatado los costes de las obras al multiplicarse lo que cuestan las materias primas, desde el cemento al acero. Esto ha hecho que aflore el temor a que se produzca una masiva paralización de proyectos si las empresas no pueden hacer frente a esta situación, lo que ha llevado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía a asumir el sobrecoste para conjurar este peligro. El problema ahora está en los municipios, sobre todo en los pequeños, incapaces de pagar estas desviaciones de precios, de ahí que reclamen al Gobierno andaluz un pacto que les clarifique el panorama y les permita respirar tranquilos.

La petición la ha hecho la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) por medio de su presidente, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), que ha vuelto a instar a la Junta a mantener una reunión para “solucionar este problema”, algo que asegura que lleva reclamando desde hace tres semanas sin mayor suerte hasta la fecha. Villalobos no pide ni un cara a cara con el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), sino que le vale como interlocutor “cualquier persona en quien delegue, no se me caen los anillos por eso”, y en este sentido la única condición que pone es que la demandada reunión “sea resolutiva”.

Villalobos habla en su calidad de máximo responsable de la FAMP pero también de la Diputación de Sevilla, y es que asegura que los organismos provinciales lo que plantean es “llegar a un entendimiento con la Junta para pagar y echar una mano a los ayuntamientos”. La idea es alcanzar un acuerdo entre los dos entes supramunicipales con competencias en Andalucía, Junta y diputaciones, para decidir cómo se reparten los sobrecostes de las obras provocados por el encarecimiento de los materiales, que Villalobos calcula en una horquilla de entre el 10 y el 20%.

La idea es que de este acuerdo se puedan beneficiar todos los municipios andaluces, incluidas las grandes ciudades. Esta postura de máximos sería el punto de partido, aunque los problemas realmente acuciantes los tienen las localidades de menos de 20.000 habitantes, con muchos menos recursos para afrontar estos pagos extraordinarios.

Los ayuntamientos, el eslabón débil

Tanto el Gobierno central como el andaluz y la Diputación hispalense ya han anunciado que apechugarán con los sobrecostes de las obras de su competencia que están en marcha para blindarlas y evitar que se produzca un frenazo, una perspectiva que tiene con las carnes abiertas a muchos municipios con los proyectos que tienen en marcha. Para despejar el camino, el Ejecutivo central publicó una norma en la que asumía este compromiso, que en Andalucía fue ampliada por la Junta, de ahí que desde la FAMP lo primero que se le está pidiendo a los ayuntamientos es que se adhieran al decreto andaluz.

“Hay que armar todo el tinglado”, apunta en este sentido Villalobos, refiriéndose así al procedimiento administrativo necesario que permita alejar el peligro de la paralización de obras. Esto supondría mucho más que el retraso de los proyectos en marcha, ya que tras este tipo de situaciones lo que hay son empresas de pequeño tamaño que cierran y empleos que se destruyen. Para evitarlo, los empresarios lo que piden a los ayuntamientos es un reconocimiento de deuda que les permita renegociar con los bancos y, de esta manera, conseguir un respiro que evite males mayores.