MEDIO AMBIENTE
El pasado 13 de marzo se celebró una reunión en Sevilla. A un lado de la mesa, el consejero de Política Industrial Jorge Paradela, la viceconsejera Ana Vielba y el secretario general de Energía Manuel Larrasa. Al otro, ciudadanos y alcaldes que se oponen a la forma en que las administraciones planean sembrar de aerogeneradores y placas solares parte del territorio andaluz. Allí estaba Modesto González, alcalde de Coria del Río y defensor en el Parlamento Andaluz de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) suscrita por 93 ayuntamientos contra la “invasión” de las plantas de energías renovables.
La reunión no fue bien. Según diversos asistentes, los políticos de la Junta de Andalucía destacaron las bondades del nuevo modelo energético basado en las energías renovables, que cuenta con un amplio consenso social y político. Después, lanzaron una ristra de reproches a la contraparte, que cuestiona su aplicación por no respetar, a su entender, la biodiversidad, el paisaje o los intereses económicos de zonas rurales. Les dijeron que presentaban datos falsos o, al menos, exageraban.
“No esperaba eso. Fui con la esperanza de retomar las negociaciones, pero lo cierto es que hablamos otro idioma”, resume González, que insiste en despojarse de la etiqueta: ellos no se oponen a las renovables ni cuestionan la importancia de la transición energética, pero piden que se evalúe la forma en la que esta se ejecuta. “Hablamos idiomas distintos. La consejería tiene un enfoque basado en los beneficios empresariales y los impuestos. Y nosotros hablamos de beneficios sociales y ambientales”.
La falta de puntos en común augura conflicto. La ILP fue tumbada antes de su toma en consideración, gracias a la mayoría del Partido Popular (con la abstención de Vox y el voto a favor del PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía). Y cientos de proyectos siguen superando etapas, mientras algunos alcaldes protestan porque su posición no se tiene en cuenta ni para aquellos proyectos que van en su territorio. El pasado 21 de marzo, se manifestaron los de Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, Torre-Alháquime, Cuevas del Becerro, Cañete la Real y El Gastor.
“La Junta de Andalucía está para contestar a las preocupaciones de los alcaldes, pero no lo hace”, protesta Marisa Casal, portavoz de la Plataforma MacroRenovables No. Reclaman desde hace meses una zonificación “en positivo”: básicamente, un mapa donde se fijen los lugares donde sí es viable y sostenible instalar plantas de renovables. Defienden que esto iría en línea con el reciente Reglamento Europeo para acelerar las autorizaciones, que permite eximir de la evaluación de impacto ambiental “a condición de que el proyecto esté ubicado en una zona específica de energías renovables”. Pero en Andalucía eso no existe, después de que hace dos años se retirara una guía de la Dirección General de Medio Natural que no gustó a la patronal.
La postura de la Junta durante la reunión sorprendió a los asistentes. Fue el propio Paradela quien, al final de la sesión plenaria donde se tumbó la ILP, se acercó a Modesto González y le invitó a un encuentro, al que luego se sumaron la alcaldesa de Caniles (Granada) y miembros de plataformas.
Acudieron preparados: llevaron páginas del BOE para constatar cómo se trocean proyectos artificialmente para eludir la tramitación ambiental; información registral y financiera de promotoras para demostrar que tienen un capital social mínimo, carecen de trabajadores, se gestionan con sociedades interpuestas y se vinculan a fondos de inversión que especulan con los proyectos. Hay incluso una web para la compra y venta de parques. “Llevé hasta los documentos de compraventa”, explica Manuel Aguilar, secretario de ayuntamiento jubilado y uno de los autores de la ILP.
Denuncian que sus anfitriones ignoraron sus argumentos y usaron un tono rayano en la desconsideración. “La respuesta fue muy agria, muy desagradable. Querían dejarnos por mentirosos. La viceconsejera me dijo que yo no era nadie para decir que eso era fraude de ley, que lo tenía que decir un juez. Al día siguiente le envié una sentencia del TSJ de Castilla y León, confirmada por el TS, sobre un parque eólico en Valladolid”.
La Junta de Andalucía no ha comentado la reunión ni contestado el cuestionario remitido por este medio. El Gobierno andaluz defiende que el procedimiento, “transparente y participativo”, salvaguarda los intereses ambientales, territoriales, culturales y sociales. En cuanto a la posibilidad de una moratoria (como reclama la ILP), la Junta dice que no es competente.
Los proyectos deben conseguir autorización ambiental y se supone que son compatibles con la planificación territorial, pero eso no impide que en algunas zonas rurales estén chocando con los intereses de la población. Así ocurre en Cartaojal.
El pasado 25 de enero venció el plazo para obtener la Declaración Ambiental favorable, proveniente del Ministerio (los superiores a 50MW de potencia instalada) o de la Consejería de Fomento (inferiores). En Andalucía, el Gobierno resolvió favorablemente 445 de 559 expedientes de plantas renovables, el 80%.
“Hay proyectos con 1.390 alegaciones y no se ha contestado a ninguna. Aunque no haya obligación de contestar individualmente, sí hay que hacerlo en el dictamen ambiental. Y es una falta de respeto”, denuncia el abogado Salvador Campos (también presente en la reunión), que ha preparado ya varios recursos y pide que las personas afectadas también reciban la comunicación de evaluación ambiental. “Imagina que tienes una finca sembrada de olivos, y deciden colocar la planta fotovoltaica en tu finca sin decirte nada. Y la primera comunicación que recibes es la expropiación. Ya ha ocurrido en Setenil”, comenta. Y advierte: “Tienen una predisposición a aprobar los proyectos en las condiciones que sean. Esto va a provocar una litigiosidad bestial”.
Tampoco los municipios tienen las herramientas para oponerse a la instalación en su territorio, según denuncia Campos. La antigua Ley de Ordenación Urbanística exigía un plan especial e informe de compatibilidad. Pero la Ley de Impulso para la Sostenibilidad de Andalucía (LISTA) coloca a las plantas de renovables en el mismo saco que las actividades agrícola, ganadera o silvícola: usos ordinarios en suelo no urbanizable. El Reglamento sí exige un informe. “Pero la interpretación que hace la Junta es que solo afecta si los proyectos se han presentado tras la aprobación de la LISTA”, explica el abogado. Este medio ha solicitado aclaraciones a la consejería, sin obtenerlas.
La alternativa para los municipios parece ser la aprobación de planes especiales, para lo que no todos tendrán recursos. “La transición a energías renovables es prioritaria, y es complicado que normativas de menor rango, como suelen ser las municipales, puedan imponerse”, explica Modesto González. La otra opción es que quien pueda recurra, y quien no, se aguante.
La UE, el Gobierno de España y, en general, las comunidades autónomas están pisando el acelerador. Frenar el calentamiento global del planeta a los niveles menos lesivos obliga a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al 50% en 2030 y dejarlas casi a cero en 2050. El cambio climático aprieta y existen compromisos internacionales para reducir el consumo de combustibles fósiles, principales generadores. La transición energética servirá para reducir la dependencia de esos combustibles y, de paso, desvincular el país de los productores de petróleo y gas.
España y Andalucía tienen sol y viento, fuentes más limpias, más baratas e inagotables. La Junta aspira a que durante la legislatura se instalen plantas renovables capaces de generar 12.000 MW adicionales de potencia, lo que colocaría a Andalucía a la cabeza de España, cerca del 75% del total de la energía consumida, y superando el 70% exigido por la UE para 2030. El pasado enero el porcentaje de energía generada con fuentes renovables fue del 57,4% en España, y del 56% en Andalucía, que contaba a finales de 2022 con 10.200 MW de potencia renovable instalada, el 14% más que en 2021.
El próximo 25 de abril vence el plazo para que los proyectos logren la autorización administrativa, y es previsible que la mayoría la obtengan. En diciembre, la Junta explicó que si todos salieran adelante (alrededor de 1000), ocuparían 65.000 hectáreas, aproximadamente el 0,74% del territorio andaluz y el 1,53% del suelo cultivable. A esto hay que añadir los tramitados ante el Ministerio. Para la administración, es un precio asumible. Pero si se desciende a cada municipio, puede ser diferente. “Se nos está implantando algo que los municipios pueden querer, o no”, alerta el alcalde de Coria.
El consejero Paradela mostró su posición en un foro organizado en Málaga por Diario Sur. No solo resaltó la contribución de las renovables a la lucha contra el cambio climático. “Las renovables reducen el coste energético y son la principal baza para hacer más competitivas a nuestras empresas e impulsar la industria ¿Quién nos iba a decir que el sol, el viento y la ubicación sería un motor de crecimiento económico?”. Prevé que se inviertan 12.000 millones de euros y se generen 30.000 empleos en los próximos años. “Siempre explico a los ayuntamientos que con esto pueden cambiar el presupuesto para muchas décadas”. Los municipios pueden ingresar tasas urbanísticas, el impuesto de obras y el IAE y el BICE periódicamente.
“Mucha gente trata de plantear un dilema, pero esto es desarrollo económico y medio ambiente (…) Ya tenemos 10.200 MW instalados y no se ha extinguido ninguna especie ni nos hemos cargado el paisaje de Andalucía”, destacó Paradela, que se felicitó por las 53.700 nuevas instalaciones de autoconsumo. Admitió “errores”, pero aventuró que pronto se olvidará que las placas están ahí. “Nos toca como sociedad acostumbrarnos a nuevos impactos visuales. Hace décadas nadie quería una carretera atravesando el campo. Estas instalaciones son impactos a los que debemos acostumbrarnos hasta que se conviertan en parte del paisaje, y entonces ni siquiera los veremos”.
“Cuando dicen ”Renovables sí, pero no así“, lo que quieren decir es ”Sí, pero no aquí“, deslizó el consejero. ”Estamos a favor de las renovables, somos más ecologistas que ellos. Pero están pensando solo en el dinero y no ven el daño ambiental o la agricultura“, replica Aguilar. ”Les hemos llevado las quejas de personas que nadie escucha y de municipios muy pequeños“. Ayuntamientos, entidades ecologistas, conservacionistas o de defensa del territorio están dispuestas a plantar batalla. Si no se presta atención, esas voces llegarán a los tribunales.
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