La Plataforma 'No al Cerrojazo', contra la extinción de la renta antigua el próximo 1 de enero de 2015, se ha presentado este miércoles en Granada para solicitar a las autoridades “una moratoria” en la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 del ministro Miguel Boyer, que calculan que podría suponer el cierre de un mínimo de 100.000 negocios pequeños en toda España y la pérdida de 300.000 empleos “con cifras conservadoras que algunos triplican”.
La Cámara de Comercio de Granada ha acogido la presentación de esta Plataforma en la que están representados sindicatos, asociaciones de autónomos, empresas de economía social y las patronales de los grandes y pequeños negocios. Auspiciada por la propia Cámara y el Centro Comercial Abierto de Granada, el objetivo es “impedir la aplicación de la Ley” aunque “sin perjudicar a los arrendatarios”.
La principal propuesta, presentada por Ángel Rodríguez, del Centro Comercial Abierto granadino, es que la subida del 1 de enero de 2015 a los arrendamientos sea, por ley, “del 30%”. Una cifra que justifican por ser “el desfase que se ha registrado entre el IPC de arrendamientos urbanos y el IPC de precios en estos 20 años” desde que se aprobó la Ley. La propuesta se complementa con que los alquileres se actualicen, a partir de 2016 “en base al IPC de arrendamientos urbanos, y no a otra variable”.
El objetivo “es impedir cierre masivo de comercios tradicionales, que son pymes o negocios llevados por autónomos, y que en este contexto de crisis no podrán soportar un zarpazo como este”, añadió Rodríguez, durante la rueda de prensa. El presidente de la Cámara de Comercio granadina, Federico Jiménez, explicó que la institución que preside pone “a partir de ahora mismo” los servicios de asesoría jurídica de la misma “a disposición gratuita de los negocios de la provincia que tengan dificultades por esta razón”.
Los centros históricos, en peligro
Rodríguez defendió que “los centros históricos de las ciudades de Andalucía están en peligro”, poniendo ejemplos de Córdoba “donde ya es imposible encontrar una ferretería en el centro” o Granada “donde el comercio tradicional era un valor turístico que se ha perdido”. “Si no se protegen”, vaticinó, “los sustituiremos por franquicias y grandes cadenas, convirtiendo las ciudades en grandes superficies al aire libre sin personalidad”.
Opina Rodríguez, además, que es “un fenómeno que afecta también a quien no tenga renta antigua: una calle buena en la que de repente cierran cuatro negocios se convierte en una calle mala. Por la noche, los comercios abiertos e iluminados crean sensación de seguridad y de vida. Un centro histórico de negocios tradicionales es un centro atractivo y seguro”.
En la rueda estuvieron como apoyo representantes de asociaciones de autónomos como ATA y UPTA, de los sindicatos CCOO y UGT, de la federación de consumidores FACUA, de las confederaciones de economía social CAESA y CEMPE, e incluso del Consejo General de Gestores Administrativos de España.
El secretario provincial de CCOO Granada, Ricardo Flores, advirtió que la sustitución de los comercios tradicionales no sólo destruiría empleo de “personas ya con una edad que difícilmente podrán reintegrarse en el mercado laboral, y sobre todo en el empleo femenino”, sino que redundará “en una mayor precariedad cuando sean sustituidos por negocios de grandes cadenas que hacen contratos temporales en penosas condiciones”.