Naciones Unidas ha decidido continuar el proceso contra España después de la demanda presentada por el interno de una prisión andaluza por tener que pagarse la comida dentro de la cárcel. “La desigualdad de los enfermos de sida y, en general discapacitados, en prisión ha quedado patente con el dictamen de admisibilidad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas del 27 de noviembre pasado”, señala la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en un comunicado, que denuncia el hecho de que presos enfermos o mayores de 65 años, perceptores de prestaciones no contributivas, tengan que pagarse su comida en la cárcel (unos 100 euros mensuales).
Es la primera reclamación de cualquier tipo interpuesta en este organismo contra España, asegura la asociación, que representa al interno y que recuerda que la demanda fue presentada en noviembre de 2013 y admitida incialmente a trámite, si bien al ser trasladada al Estado español consideró que no debía procederse a su admisión, por lo que interesó del Comité su desestimación. APDHA argumenta el menoscabo económico y desigual para personas sin recursos y que tienen que destinar aproximadamente un tercio de su pensión a pagarse la comida dentro de prisión.
Ahora, requiere al Estado para que en seis meses “presente por escrito al Comité, explicaciones o declaraciones que esclarezcan el asunto e indicaciones sobre las eventuales medidas que haya adoptado al respecto”. Este asunto obtuvo en 2007 una sentencia favorable del Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba, que declaraba improcedente el descuento a su prestación. El TSJA revocó el fallo en 2009, confirmado al año siguiente por el Tribunal Supremo, por siete votos a seis, emitiéndose un voto particular que consideraba ilegal el cobro, una posición que mantuvo igualmente la Fiscalía. La última sentencia en relación con el caso, emitida por el Tribunal Constitucional (TC), entendió que, pese a descontarse la comida de la prestación, no se puede afirmar que se cobra la manutención a los presos.
La Administración penitenciaria, señala APDHA, indica ahora que el éxito de caer el VIH en prisión del 40% al 11% en los últimos años ha sido gracias a una buena gestión. Ponemos en duda dicha afirmación, pues uno de los principales instrumentos para ello intercambio de jeringuillas no fue una decisión voluntaria, fue impuesta por los juzgados de vigilancia a instancia de quejas de los presos. Debe señalarse que entre 2009 y 2013 fallecieron por VIH en prisión 57 personas. En 2013 cinco lo hicieron por esta causa, uno de ellos en Morón. De los 162 fallecimientos por distintas causas en prisión 50 sucedieron en Andalucía.